El caso judicial derivado de la denominada «Operación David«, referido a la toma al Fuerte Paramacay en el estado Carabobo el 6 de agosto de 2017, sumó una nueva denuncia por violaciones al debido proceso y afectación directa a los núcleos familiares de los detenidos. Irene Olazo, esposa del capitán Juan Carlos Caguaripano, calificó las recientes decisiones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo como una «extensión clara de la tortura» que el Estado venezolano aplica de manera sistemática tanto a los 23 condenados a la pena máxima de 30 años de prisión como a sus allegados.
La denuncia se produce luego de que la presidencia del circuito judicial carabobeño, a cargo del juez Carlos Alberto Bonilla, ordenara mediante una resolución administrativa remitir el expediente de la Sala 1 a la Sala 2, forzando la repetición de una de apelación que ya se había celebrado formalmente el pasado 26 de agosto.
Las autoridades judiciales dejaron vencer el lapso perentorio de diez días establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para publicar la sentencia, optando en su lugar por reiniciar la fase procedimental sin ofrecer un fundamento jurídico público, denunció Olazo.
El quiebre del COPP y los señalamientos al juez
Olazo fundamentó la denuncia en las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), cuyo artículo 448 obliga a la Corte de Apelaciones a dictar sentencia inmediatamente después de concluir el debate oral o, en casos de extrema complejidad, dentro de los diez días hábiles siguientes.
La vocera advirtió que las autoridades pretenden utilizar los traslados administrativos para simular que la audiencia de agosto nunca existió. «La ley no puede interpretarse como si la celebración de una audiencia fuera un acto que se puede borrar y repetir indefinidamente cada vez que cambia el destino de un expediente», sostuvo la esposa del capitán Caguaripano, aclarando que una segunda comparecencia solo se justifica bajo una nulidad formalmente declarada en actas, y no por una decisión discrecional de la presidencia del circuito.
El cuestionamiento apunta de forma directa al juez Carlos Alberto Bonilla Álvarez. Según la boleta de notificación recibida el pasado 9 de octubre, el expediente fue remitido a la Sala 2 bajo el amparo de la resolución administrativa 004-2026. En dicho documento, Bonilla figura con una triple investidura: como presidente del Circuito Judicial Penal de Carabobo, juez superior y presidente de la referida Sala 2.
Olazo aclaró que, aunque el ordenamiento penal permite la coexistencia de estas funciones, lo grave radica en el uso de la estructura para intervenir en una causa que ya estaba en fase de sentencia en otro tribunal colegiado. El artículo 508 del COPP prohíbe taxativamente que la presidencia de un circuito interfiera en la jerarquía y autonomía de los jueces, obligando a mantener reglas de equidad en la distribución de causas, según refirió Olazo.
Ante esta situación, la defensa técnica inició gestiones para revisar las actas de remisión y determinar qué ocurrió con el proyecto de sentencia original que se tramitaba en la Sala 1. Olazo reveló que el propio juez de esa instancia, el Dr. Alejandro Andrés Chirimelli Zambrano, había comunicado formalmente a los allegados y a las partes que el proyecto de sentencia de la apelación ya estaba completamente listo y que solo se encontraba a la espera de las firmas reglamentarias para su publicación.
La vocera explicó que, si existía alguna falta de mayoría o respaldo a esa ponencia dentro del tribunal colegiado, el procedimiento legal ordinario exigía nombrar a un nuevo ponente dentro de la misma sala, pero nunca transferir la causa completa a otra instancia.
La representación jurídica de los detenidos intenta verificar ahora las razones por las cuales, tras el anuncio del juez Chirimelli Zambrano, el expediente fue sacado abruptamente de su despacho y enviado a la sala presidida por el juez Bonilla para forzar una nueva audiencia.
“El juez Carlos Bonilla se para firme y solo cumple órdenes", afirmó.
El impacto humano: el traslado desde Anzoátegui
Olazo denunció el desgaste físico, económico y emocional que esta nueva convocatoria impone sobre familias que llevan nueve años lidiando con las consecuencias del encarcelamiento político. En la práctica real, detalló la vocera, la anulación del acto anterior obliga a los parientes a reorganizar traslados costosos en medio de la severa crisis de conectividad y combustible que atraviesa el país.
Como ejemplo de este sacrificio, la esposa del capitán refirió la situación del padre de Caguaripano, un adulto mayor que realiza el trayecto terrestre desde el estado Anzoátegui hasta el estado Carabobo para acompañar a su hijo en el tribunal.
“Es un padre que continúa haciendo el esfuerzo dentro de las posibilidades que le permite la situación del país, asumiendo nuevamente el peso de un procedimiento que ya había atravesado". “¿Cuántas veces más se le puede pedir a una familia que vuelva a empezar? No se trata solo del dinero; se trata de la esperanza que una familia deposita en cada audiencia. Cuando esa respuesta no llega y aparece una nueva convocatoria, vuelve la incertidumbre y la angustia. Cada retraso prolonga el sufrimiento y hace perder la confianza en la justicia", relató Olazo.
«Un preso político y un rehén del régimen»
Frente a las acusaciones del Ejecutivo que catalogan al capitán Caguaripano bajo la etiqueta de «traidor a la patria» para clausurar el debate sobre sus derechos, Olazo reafirmó la naturaleza política de su encarcelamiento y aislamiento prolongado.
Sostuvo que ninguna actuación atribuida a un ciudadano, por muy controvertida que sea en el plano político o militar, autoriza al Estado a ignorar las garantías judiciales elementales o a instrumentalizar los tribunales para extender un castigo de forma indefinida.
Para la vocera, la maniobra de anular tácticamente el debate anterior y transferir la causa a un nuevo despacho administrativo devela el control partidista sobre los tribunales. “Esta actuación de Carlos Bonilla ratifica que Caguaripano es un preso político, pues el poder judicial solo espera una orden del poder ejecutivo", aseveró.
Olazo, insiste en que el caso no puede reducirse a una causa penal ordinaria. “Juan Carlos denunció al poder y defendió su interpretación de la Constitución en su momento, cuando las instituciones venezolanas estaban siendo profundamente cuestionadas. Por esa postura terminó perseguido y condenado a la pena máxima", argumentó Olazo, afirmando además de manera categórica que su esposo “es un rehén del régimen".
Para la esposa del militar, el silencio administrativo actual confirma la ausencia de un marco legal transparente. “Si el Estado considera que tiene argumentos jurídicos sólidos, debe demostrarlos en un proceso independiente, transparente y respetuoso, y no utilizar el poder judicial para prolongar la tortura y evitar una respuesta de fondo".
Llamado directo a los Estados Unidos ante la transición
En el contexto político actual, donde diversos actores internacionales evalúan los mecanismos de negociación y reconstrucción institucional en Venezuela, Olazo envió un mensaje a las delegaciones diplomáticas y, de manera específica, al gobierno de los Estados Unidos.
Advirtió que no es posible convalidar un discurso de transición democrática ni de recuperación del Estado de derecho mientras persistan las mismas prácticas de persecución judicial e indefensión contra los prisioneros de conciencia.
“Le pido al gobierno de los EE. UU. que se pronuncie de manera inmediata y utilice los canales diplomáticos y políticos a su alcance para que exija garantías procesales, transparencia y respeto a los derechos humanos", exhortó la vocera.
Olazo insistió en que, si Washington desempeña un papel determinante en el monitoreo de los acuerdos políticos venezolanos, debe medir los avances reales a partir de lo que ocurre dentro de las cárceles y los tribunales.
“No puede permitirse que cambie el discurso político en las mesas de negociación mientras en la realidad continúan las prácticas que destruyeron la independencia judicial y la democracia. Como esposa del capitán Caguaripano, seguiré exigiendo justicia y libertad hasta que pueda regresar a casa", destacó.