Caracas.- El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia consideró justo el pronunciamiento y el seguimiento de expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a las «violaciones de los derechos humanos» en su país, dijo este viernes, 28 de febrero.
«Agradecido por el justo pronunciamiento y seguimiento a las violaciones de derechos humanos en Venezuela», expresó el líder de la mayor coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en su cuenta de la red X.
De esta manera, González Urrutia respondió al comunicado del grupo de trabajo de la ONU y CIDH, en el que cinco expertos instaron a las autoridades venezolanas a determinar «la suerte y el paradero de las víctimas de desaparición forzada».
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«El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU y la CIDH insta al régimen a detener esta práctica, sistemática y generalizada», expresó González.
Asimismo, subrayó que, según los expertos, «las autoridades estatales que detienen a personas y se niegan a reconocer que están bajo su custodia u ocultan su suerte y paradero, las colocan fuera de la protección de la ley».
«Estos actos constituyen desapariciones forzadas independientemente de la duración de la detención o el ocultamiento», agregó el antichavista, citando el comunicado de los expertos.
De acuerdo con el grupo de la ONU y la CIDH, «el uso creciente de la desaparición forzada como arma para silenciar a miembros de la oposición, personas percibidas como tales, activistas prodemocracia y personas defensoras de derechos humanos, busca generar un efecto disuasorio en toda la sociedad».
Además, indicaron que, ante instituciones nacionales parcializadas y disfuncionales en Venezuela, las «víctimas recurren cada vez más a mecanismos internacionales para conocer la verdad sobre sus seres queridos» y «prevenir cualquier daño irreparable a su vida e integridad personal y buscar reparación».
También informaron que han recibido testimonios de familiares, abogados y organizaciones de la sociedad civil, que se han quejado de que sus denuncias y recursos de habeas corpus «no son procesados y en ocasiones ni siquiera aceptados».
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