Las juezas del estado Zulia, Maurelys Vílchez y Maryorie Plazas, detenidas en noviembre de 2024 durante el operativo «No a la Navidad», recibieron medidas de arresto domiciliario el 5 de septiembre. Ambas estuvieron recluidas un año y nueve meses en centros penitenciarios de Los Teques, en Miranda. Organizaciones no gubernamentales denunciaron en su momento que ambas sufrieron desaparición forzada, procesos judiciales viciados y violaciones sistemáticas a sus derechos.
Maurelys Vílchez, quien era jueza superior penal provisoria de la Corte de Apelaciones de Maracaibo, permaneció recluida en el Centro de Formación Penitenciario Femenino La Crisálida. Su estado de salud se deterioró de forma acelerada. Padeció una afectación en su único riñón, edematización generalizada, crisis hipertensivas severas, infecciones urinarias y dolores articulares constantes. A este cuadro se sumaron episodios de ansiedad y depresión por el encierro.
Fue detenida el 20 de noviembre de 2024 en el Palacio de Justicia de Maracaibo. Tras su arresto, estuvo desaparecida durante meses. No fue sino hasta febrero de 2025 cuando sus familiares supieron que se encontraba en la sede de la Dgcim en Boleíta.
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En enero de 2026 fue trasladada a La Crisálida, donde recibió su primera visita 15 meses después de haber sido detenida. Sus parientes siempre defendieron su inocencia y destacaron sus 25 años de trayectoria en el Poder Judicial, condición que incluso la hacía merecedora de jubilación.
El caso de Vílchez cobró notoriedad luego de que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, denunciara en VTV el presunto plan opositor «No a la Navidad», que según la versión oficial pretendía «atacar» las fiestas decembrinas mediante una red que involucraba a empresarios, militares, fiscales y jueces.
Por este mismo expediente fueron detenidos Pedro Velasco Prieto, presidente del Circuito Judicial Penal del Zulia; la jueza Maryorie Plazas; y los ciudadanos Francisco Javier Urdaneta y José Gregorio Rondón Muñoz.
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Terrorismo, asociación para delinquir…
Plazas Hernández, exjueza suplente superior de la Corte de Apelaciones del Zulia, estuvo recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
Se le imputaron los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y omisión de funciones. Sus parientes habían venido denunciando que nunca se presentó una prueba que la vinculara con hechos irregulares.
Tras meses de denuncias, retrasos procesales y solicitudes de medidas humanitarias, las autoridades concedieron casa por cárcel a Vílchez y a Plazas. Organizaciones defensoras de derechos humanos esperan que se avance en la revisión de los expedientes. También que se corrija lo que consideran un proceso marcado por irregularidades y represalias institucionales.