La ONG Transparencia Venezuela se pronunció sobre el acuerdo energético entre Estados Unidos y la administración de Delcy Rodríguez, del que destacó que la inversión por sí sola no es un problema con uno de los principales socios del país, antes de la llegada del chavismo, sino «la falta de transparencia, legalidad, rendición de cuentas y garantías democráticas del convenio», destacaron en un reporte este lunes 7 de septiembre.
Aunque el 28 de agosto, Donald Trump lo informó y posteriormente Delcy Rodríguez lo confirmó, fue hasta el 31 de agosto cuando en un documento oficial de la Casa Blanca se conocieron algunos detalles del acuerdo.
Entre las dudas que rodean el documento está «la ausencia de una discusión pública previa» como lo dijo la organización no gubernamental en el exilio tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 como una medida de seguridad ante la represión desatada por la gestión de Nicolás Maduro contra la población dentro del país por rechazar el anuncio oficial de su supuesto triunfo.
«Un acuerdo de estas dimensiones debió ser conocido y discutido con información suficiente sobre su impacto, riesgos, beneficios y alternativas. La ausencia de debate público refuerza la percepción de que se negoció de espaldas al país, sin consentimiento informado y con un alcance inesperado», mencionaron.
También hicieron énfasis en que no se sabe cuáles son los 17 campos petroleros que Venezuela entregará a la petrolera Nabep, del cuestionado empresario venezolano Alejandro Betancourt, sobre quien hay investigaciones por manejos irregulares en Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, entre otros países.
Entre las preguntas de Transparencia Venezuela están cómo se seleccionaron esos campos, quiénes los operaban anteriormente, cuánto se espera producir y en qué plazo, si es de 25 años como dijo Delcy Rodríguez o de 100 años como señaló el documento de la Casa Blanca.
Recordaron que «se han conocido reclamos de empresas privadas con derechos previos, como Delta Finance, vinculada a la empresa mixta PetroDelta hasta 2042, cuya participación habría sido revocada y transferida a Pacific Coast Energy Company. La disputa afecta seis campos petroleros en el oriente de Venezuela: Tucupita, Bombal, Uracoa, El Isleño, Temblador y El Salto».
Las dudas legales del acuerdo energético
Entre las dudas legales, la ONG dijo que la ley de hidrocarburos actual, reformada en enero de este 2026, no permite la entrega de concesiones como las planteadas en el acuerdo energético, tampoco que sean de 100 años; el plazo de 25 años puede tener una prórroga de 15 años para alcanzar los 40 años, pero no de 100 como lo afirmó Washington.
Además, detallaron que todo convenio de esa naturaleza por norma constitucional se debe discutir en la Asamblea Nacional por el carácter y el impacto que tiene.
«No está claro quiénes son todas las partes del convenio ni cuáles son sus responsabilidades: el Departamento de Guerra de Estados Unidos, PDVSA, NABEP y los operadores privados que participarán«, sostuvieron.
Otras interrogantes que se generan están centradas en el régimen fiscal a aplicar. «Delcy Rodríguez mencionó que Venezuela recibiría 209 mil millones de dólares en ingresos en los próximos 25 años por este acuerdo, esto no está relacionado con estimados de producción, referencia a precios del petróleo, porcentaje de regalías, y otros tipos de impuesto», agregaron.
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El papel de Nabep
Transparencia Venezuela se preguntó cómo Nabep llegó a la actual posición privilegiada para la explotación petrolera en el país, sobre todo por los riesgos que para el resto de empresas del sector representó seguir en el país, incluso con directivos de esas compañías detenidos por el régimen chavista, en especial saber cuáles son los vínculos de sus propietarios con el depuesto Nicolás Maduro y con Delcy Rodríguez, quien antes de asumir el control del poder en Venezuela fue la ministra de Petróleo de su predecesor en el cargo.
«Dadas las acusaciones públicas conocidas sobre algunos de sus propietarios y socios, es imprescindible una investigación independiente que verifique el origen lícito de sus recursos».
Mencionaron el caso de Alejandro Betancourt en investigaciones previas sobre el manejo de fondos públicos. «El socio mayoritario de NABEP, Alejandro Betancourt, ha sido mencionado en investigaciones en España y Suiza vinculadas al caso Atlantic, relacionado con 4.850 millones de dólares; además, antiguos socios y operadores asociados a negocios con Derwick han enfrentado procesos en Estados Unidos por el caso Money Flight, relacionado con 1.200 millones de dólares».
Transparencia resaltó que en un país con necesidades de gigantescas inversiones para recuperar la industria petrolera, es necesario que existan instituciones democráticas para que haya garantías para las empresas, comunidades y la población.
«La deuda pública está en cesación de pagos desde 2017 y varias empresas que han ganado arbitrajes en el CIADI o juicios en Estados Unidos no han podido cobrar, como ConocoPhillips, con una acreencia cercana a 12.000 millones de dólares. También se ha informado que Estados Unidos aportaría una parte importante del capital requerido, pero no se ha precisado en qué plazo se harían los desembolsos, bajo qué condiciones, contra qué garantías ni de dónde provendría el resto de la inversión», se preguntó la ONG.
Transparencia pide publicar el acuerdo en su totalidad
La organización destacó que Venezuela necesita capitales transparentes, que cuiden el ambiente, los recursos naturales como el agua y sean capaces de respetar garantías en sostenibilidad, impacto ambiental y desarrollo sustentable.
«Los convenios firmados o aprobados por un gobierno ilegítimo, señalado por su responsabilidad en la destrucción institucional, la represión y la corrupción, no generan la confianza ni el apoyo social que los inversionistas necesitan».
Emplazaron a las autoridades a publicar el convenio completo, los contratos relacionados y la información relevante asociada al acuerdo energético.
«La transparencia también exige conocer las consecuencias del incumplimiento de cada parte y asegurar que las instituciones responsables tengan capacidad real para aplicar sanciones. El Gobierno de Venezuela debe publicar todos los documentos y dar respuesta a todas las dudas que este convenio ha generado», exigieron.
Lea aquí el documento completo de la ONG: