Caracas.- Un revuelo vinculado con la Asamblea Nacional electa en 2015 aumentó con el paso de los últimos días luego de declaraciones y consideraciones difundidas por voceros y dirigentes de tres partidos políticos de la oposición mayoritaria: Un Nuevo Tiempo (UNT), Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ), quienes manifestaron su rechazo a una eventual continuidad de ese Parlamento mediante la vigencia de la Comisión Delegada que preside la diputada e integrante de PJ, Dinorah Figuera.
El lunes, el presidente de la Asamblea Nacional que controla el oficialismo, Jorge Rodríguez, anunció la aplicación de la reciente Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra Figuera y las dos diputadas que conforman la directiva de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015, Marielena Fernández, de UNT, y Auristela Vásquez, de AD, como primera y segunda vicepresidenta respectivamente.
En una sesión de la Comisión Delegada del Parlamento chavista el lunes, Rodríguez mostró una comunicación de la contraparte legislativa opositora dirigida al embajador de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, firmada por Figuera, Fernández y Vásquez, en la que le informan a Palmieri sobre la renovación del mandato de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015 por 12 meses más a partir del 5 de enero de 2025.
Rodríguez señaló y acusó a la directiva de la Comisión Delegada del Parlamento opositor de recibir fondos de Estados Unidos provenientes de «dineros de los venezolanos», así como de activos de la República en el exterior, para supuestamente financiar conspiraciones. El dirigente oficialista incluso aseguró que los sueldos de las diputadas y parlamentarios que aún respaldan a la Comisión Delegada del Parlamento opositor electo en 2015 es de 5.000 dólares.
Rodríguez anunció que solicitará al fiscal general de la República, Tarek William Saab, la aplicación inmediata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, legislación que incluye penas de inhabilitación política de hasta 60 años, así como la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, entre otras medidas penales y administrativas.
Críticas entre la oposición
Antes de que Rodríguez, principal operador político de Nicolás Maduro, anunciara las acciones en contra de las diputadas opositoras que conforman la directiva de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015, surgieron críticas, declaraciones y consideraciones entre la oposición mayoritaria ante la cercanía de una eventual extensión de la vigencia del mandato de la Asamblea Nacional de 2015.
En declaraciones el 20 de diciembre, el secretario nacional de organización de UNT, Angelo Palmieri, adelantó la posición de la tolda política que fundó el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, en torno a la Asamblea Nacional de 2015. Palmieri dijo que ese Parlamento cumplió con su rol y ya no había justificación para que continuara en funciones.
«El país nos exige que cumplamos con nuestra responsabilidad y le hablemos con claridad y con miras al futuro», dijo Palmieri al portal Alnavío.es.
A la consideración de Palmieri se sumó el secretario general nacional de AD, Henry Ramos Allup, quien presidió ese Parlamento en su primer año de gestión, en 2016, y en una publicación en su cuenta de X, el 22 de diciembre, expresó que el mandato de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015 culminó en enero de 2021.
«Pese a todos los acosos cumplió de la mejor manera posible. Ahora la prioridad es la libertad de todos los presos políticos», expresó Ramos Allup.
El lunes, el propio Rosales manifestó que coincidía con quienes consideran que el «ciclo de la Asamblea Nacional 2015 debe cerrarse».
Del lado de Primero Justicia también hubo reacciones. La exparlamentaria por la tolda amarilla Marialbert Barrios expresó el lunes en X que «el capítulo de la AN 2015 debe terminar». «Lo que toca es reafirmar el compromiso con Venezuela apostando a estrategias que respondan a los retos actuales y a la transformación del conflicto que atravesamos para lograr el progreso y la paz del país».
En medio de las consideraciones y reacciones relacionadas con el Parlamento electo en 2015, el lunes circuló también en la red social X la supuesta renuncia de Vásquez como segunda vicepresidenta de la Comisión Delegada del Parlamento opositor, comunicada en una carta dirigida a Figuera. Sin embargo, no hubo ninguna manifestación o expresión de la parlamentaria en redes sociales.
La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015 sesionó el 30 de julio, en medio de la crisis electoral tras los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En esa ocasión, el Parlamento opositor reconoció a Edmundo González Urrutia como ganador de la elección presidencial del 28 de julio, de acuerdo con lo que muestran las actas de escrutinio recolectadas por los testigos electorales de la oposición mayoritaria.
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A favor del Parlamento de 2015
Para muchos, la Asamblea Nacional electa en 2015 dejó de ser un actor político relevante luego de que la estrategia del gobierno interino que lideró Juan Guaidó a partir de enero de 2019, y que contó con el acompañamiento del Parlamento opositor, fracasara en sus intentos por impulsar una transición política.
El punto final del gobierno interino que se produjo el 30 de diciembre de 2022, con la votación de 79 parlamentarios opositores a favor, 29 en contra y 8 abstenciones en una sesión virtual, vía Zoom, también fue considerado un cierre en el capítulo de la Asamblea Nacional electa en 2015. Sin embargo, el propio Guaidó cree que no reconocer la vigencia del Parlamento opositor es parte de un «chantaje y extorsión» del oficialismo.
«Usted decide, reconoce a la Asamblea (2015) que ha resistido y denunciado a la dictadura en todo el mundo o reconoce a Maduro y Jorge Rodríguez», comentó Guaidó el lunes en X.
El exparlamentario de PJ, Rafael Guzmán, manifestó este martes en X que extender la vigencia de la Comisión Delegada que preside Figuera es inconstitucional. «El papel que jugó la AN 2015 no está en discusión, pero extender su vigencia es inconstitucional y no soluciona la crisis».
En una entrevista concedida al canal Evtv Miami, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Antonio Marval, dijo que González Urrutia, quien aspira a retornar a Venezuela en enero para juramentarse como presidente electo -basado en los resultados que reflejan las actas de escrutinio que recolectó la oposición mayoritaria-, debe hacerlo ante el Parlamento elegido en 2015, cuya Comisión Delegada ahora extendió su vigencia pese a críticas en la oposición y los señalamientos y acusaciones por parte del oficialismo.
La Asamblea Nacional electa en 2015 aún es reconocida por Estados Unidos y el Reino Unido como la única institución legítima del país, luego de los controvertidos comicios presidenciales de 2018 y de las elecciones parlamentarias en plena pandemia, en 2020, que tanto la oposición mayoritaria como la comunidad internacional democrática cuestionaron y no reconocieron.
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