Caracas.- Dos meses después de la elección presidencial venezolana, marcada por el desconocimiento de la comunidad nacional e internacional a la reelección de Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, propuso reformar la legislación electoral porque es “tímida" y no se “ajusta a la vida política" del país.
Según el diputado, la reforma busca que la participación política sea “más clara y expedita". Sin embargo, el dirigente de Voluntad Popular (VP) Freddy Guevara; el miembro de la directiva nacional de La Causa R Alfredo Ramos y el secretario general nacional del Partido Centro Democrático (PCD), Yandir Loggiodice, consideraron esta propuesta criminal, irresponsable y restrictiva. Además, aseguraron que está enfocada en la persecución y sumisión políticas.
¿Por qué ahora?
Uno de los artículos más citados por Rodríguez el 8 de octubre, durante su discurso en el hemiciclo, fue el artículo 130 de la Constitución. Esta disposición habla sobre el deber que tienen los venezolanos de honrar y defender a la patria, así como a todos los elementos que la conforman.
Artículo 130: Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación.
Bajo ese argumento, el presidente de la AN aseguró que el Estado ha sido amenazado por individuos que han participado en la política e incentivado a la acción de grupos extranjeros para atentar contra la soberanía nacional.
Guevara tiene claro que la iniciativa de Rodríguez “es un intento para seguir criminalizando la política". La descalificación de aquellos candidatos que no estén en la línea ideológica que tenía el expresidente Hugo Chávez y que mantiene Nicolás Maduro es el objetivo principal.
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Por su parte, Ramos aseguró que “esas leyes surgidas a esta altura tienen que ver con la búsqueda de lograr un mayor control del proceso". En pocas palabras, que la meta del oficialismo es la judicialización de los candidatos que no legitimen al gobierno de Maduro.
El miembro de la directiva nacional de La Causa R reafirmó que la intención de esta propuesta es el sometimiento político: “Quieren que todo el que vaya a participar reconozca a Maduro presidente y que los candidatos sean sumisos".
Cuando era alcalde del municipio Iribarren, en el estado Lara, Ramos fue condenado a 15 meses de prisión e inhabilitado políticamente en 2017. Guevara también fue detenido 4 años después y se le prohibió postularse al ejercicio de cargos públicos.
Para Loggiodice no tiene sentido la propuesta de Rodríguez porque no está en duda la legislación electoral. “Lo que está en duda es la institucionalidad electoral", afirmó y agregó que es una “gran irresponsabilidad", ya que hay materias más importantes en las que se debe legislar, como la situación económica del país.
También reconoció que la ley electoral tiene fallas, pero señaló que esos problemas surgieron por quienes integran la AN y no respetan el marco normativo de Venezuela. Para él, describir la ley de “tímida" no es correcto, debido a que el problema es su incumplimiento.
Además, le pareció ilógico que Rodríguez se refiera a la soberanía y defensa de la patria cuando el 29 de septiembre Maduro se solidarizó con el grupo terrorista Hezbolá por la muerte de su líder, Hasan Nasrallah. Asimismo, recordó que el líder oficialista ha reconocido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como un partido político y no una guerrilla.
“¿Qué nos quieren decir? ¿Que van a legalizar a los grupos armados en Venezuela al convertirlos en un partido político?", se preguntó el secretario general nacional de PCD y comentó que son interrogantes que pueden hacer los venezolanos.
Elecciones del 2025 en la mira
Un mes después de las presidenciales, Maduro anunció una “megaelección" en 2025: los comicios legislativos, regionales y municipales. “Serán dentro de 12 meses, a más tardar", especificó el 27 de agosto.
Respecto a la nominación de candidatos, Guevara explicó que la reforma es una estrategia para descalificar a los oponentes al oficialismo con delitos como la traición a la patria y demás acusaciones.
“Esto también es una muestra de que han perdido respaldo popular y herramientas que antes tenían, como las inhabilitaciones", aseguró. Para el dirigente de VP, la propuesta de Rodríguez es una nueva práctica que trata de mantener el control político, ya que las anteriores “no son suficientes para parar el tsunami".
Ramos siguió ese mismo razonamiento y dijo que la intención del Gobierno venezolano es la participación de personas que “les digan ‘amén’ a todas las atrocidades que han cometido".
Desde el 29 de julio, se han registrado 24 muertes por la represión postelectoral, según las ONG Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos (Provea) y Monitor de Víctimas.
El dirigente de La Causa R explicó que, a través de una legislación, el oficialismo buscará restringir aún más la participación en las próximas elecciones. También subrayó que esta iniciativa deriva del resultado registrado en las actas electorales publicadas por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y que reflejaron una victoria de Edmundo González Urrutia con 83,50 % de los votos.
“Ahora, en virtud de esta derrota, quieren modificar la ley de acuerdo con sus intereses, con el agravante de que será una legislación con restricciones", recalcó.
Otro aspecto que recordó fue la serie de obstáculos durante la campaña electoral: abuso de poder del Estado, de recursos, persecuciones y detenciones arbitrarias.
“Aun así ganamos. ¿Qué es eso de participación más ‘expedita’? Insisto, es una ley para controlar aún más los procesos", sentenció.
Sugerencias legislativas
En paralelo a la propuesta de Rodríguez, Loggiodice recomendó unas iniciativas para aumentar la participación ciudadana y que pudieran ser presentadas en una AN imparcial, representada por distintas fuerzas políticas.
“Debería agregarse la validez del voto nulo, que pueda ser contada y tengan validez la participación y la no participación", sugirió, y, enfatizó, que el proceso de participación electoral no debería medirse solo por la cantidad de votos, sino también por la cantidad de abstención que hubo.
Respecto a esta propuesta, dijo que si en una elección la mayoría del electorado se abstiene, por ejemplo, 70 %, significa que la mayor parte de la población que participó no convalidó el proceso. Además, señaló que esto puede ocurrir por la desconfianza de los ciudadanos en el ente electoral o porque la oferta de candidatos no convenció a los votantes.
Otra de sus sugerencias fue hacer énfasis en el respeto a la prohibición de la dualidad de nombres, colores, signos y figuras en el tarjetón electoral. “En años anteriores se crearon partidos para confundir al elector", recordó.
El secretario general nacional del PCD indicó que los partidos que han sido parte de esa confusión son Venezuela Unida y Movimiento de Integridad Nacional-Unidad (MIN Unidad). Este último fue intervenido por el TSJ en 2015.
“En 2021 hubo una confusión en el electorado de casi 450.000 votos en la tarjeta de MIN Unidad", aseguró. Reiteró que esa dualidad no debería ocurrir debido a que está prohibida en la Ley de Procesos Electorales.
Finalmente, insistió en que la AN se debe enfocar en “legislar bajo la ley y no bajo la persecución política". Además, cuestionó que tanto el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como el CNE, a más de dos meses de las elecciones, aún no han publicado las actas electorales.
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