Familiares de los detenidos por las protestas postelectorales aseguraron que, hasta la fecha, el Gobierno mantiene silencio sobre los casos.
Denunciaron que hasta este viernes, 11 de octubre, los únicos pronunciamientos son de parte de Nicolás Maduro y del fiscal general Tarek William Saab, para descalificar a los detenidos tachándolos de fascistas y traidores, lo que consideran viola el principio y derecho de presunción de inocencia, pero no han respondido a las detenciones arbitrarias ni a las torturas y tratos crueles a los que han sido sometidos.
El 3 de octubre acudieron junto a varios abogados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar un recurso de amparo, del cual no han recibido respuesta porque no hay ponente en la Sala Constitucional desde abril, cuando la magistrada Gladys Rodríguez fue designada embajadora de Venezuela en España.
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El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, negó el 9 de octubre que los adolescentes que permanecen detenidos, acusados por terrorismo e incitación al odio, hayan sido torturados y que estas denuncias responden a una campaña en contra del gobierno de Maduro.
A las denuncias realizadas por los familiares, se sumaron los pronunciamientos de diferentes ONG sobre la ilegalidad de las detenciones. Representantes de Justicia, Encuentro y Perdón reportaron que los detenidos son obligados a firmar, junto a su huella dactilar, hojas en blanco, las que utilizarían para redactar falsas confesiones que se presentarían en las audiencias preliminares.
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