La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebrará una audiencia pública sobre el caso del 11 de abril en Venezuela, que dejó 19 personas fallecidas y más de 300 heridas. La instancia examinará la responsabilidad del Estado en estos decesos este miércoles 14 de octubre.
Los directivos de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, llegaron a Costa Rica para participar de la audiencia al ser ellos quienes denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos HUmanos (CIDH) este caso que se conoce bajo el título de «Trujillo y otros vs. Venezuela».
CIDH remitió el caso a la Corte en 2024
Esta organización no gubernamental recordó que la CIDH remitió el expediente a la Corte IDH el 9 de julio de 2024. Asimismo, en su Informe de Fondo n.º 313/23, concluyó que el Estado venezolano violó los derechos a la vida, la integridad personal, la reunión, las garantías judiciales y la protección judicial.
Además, precisó que el Estado no demostró que el uso de la fuerza letal contra las víctimas hubiera sido legítimo, necesario y proporcionado, y que las investigaciones no habían permitido esclarecer los hechos ni sancionar a los responsables de las muertes y lesiones comprendidas en el caso.
En ese momento exigieron una serie de medidas de reparación entre las que se incluyen:
- Reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material como moral.
- Conducir y llevar a término una investigación efectiva y dentro de un plazo razonable en la jurisdicción penal ordinaria, con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe.
- Adoptar medidas de no repetición que incluyan medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole.
Sobre este última se refirieron en específico a la Fuerza Armada Nacional venezolana para pedir que se limite el uso de los efectivos militares en labores de orden público y seguridad ciudadana; fortalecer el trabajo del Ministerio Público y el Circuito Judicial Penal del estado Aragua, «a fin de asegurar que ejerzan su función en estricto cumplimiento de los distintos aspectos que componente en deber de debida diligencia, conforme a los estándares descritos en el presente informe».
También señalaron que las autoridades deben «asegurar que las restricciones impuestas al derecho de reunión sean compatibles con la Convención Americana».