Las organizaciones Clima 21 y el Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) exigieron a Miraflores información sobre las medidas o políticas de protección ambiental ante las recientes firmas de acuerdos petroleros con Estados Unidos y otras empresas del sector.
Señalaron en un pronunciamiento, este 9 de septiembre, que los acuerdos que se han anunciado como una forma de recuperar la industria petrolera y la economía nacional no han ido acompañados de información sobre cómo la explotación de esos minerales impactará en el ambiente.
En el texto dice que «generan profunda preocupación en la sociedad civil venezolana ante la ausencia de información pública sobre las medidas de protección ambiental que deben acompañar a estos acuerdos».
Manifestaron que ven con inquietud que se plantea la recuperación económica basada en una política de «extractivismo», tanto petrolero como minero, que ya le han ocasionado daños irreparables a diferentes ecosistemas en el país.
«Advertimos con preocupación que continúe planteándose la expansión del extractivismo petrolero y minero como única respuesta a la crisis socioeconómica, mientras persisten graves problemas sociales y ambientales asociados a estas actividades sin que se adopten medidas suficientes para atenderlos».
Información pública sobre protección ambiental
Clima 21 y Provea demandan transparencia pública; es decir, que se garantice el acceso a la información sobre el derecho al ambiente, lo que implica que se conozca de las negociaciones petroleras «la publicación inmediata de los mecanismos de protección ambiental que deben incorporarse en los acuerdos».
También solicitan que estas empresas cumplan con estándares internacionales, principios de las Naciones Unidas sobre el ambiente y los derechos humanos, así como compromisos jurídicos en esta materia.
Añaden que «las comunidades afectadas por actividades extractivas deben contar con medidas efectivas de protección, asistencia y reparación ante los daños y pérdidas que puedan sufrir. Debe garantizarse, además, el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas sobre las decisiones que las afecten».
Acuerdos que cumplan compromisos internacionales
Recuerdan que la industria petrolera venezolana, a la par de la crisis por el deterioro de sus instalaciones y la baja producción, también se ha caracterizado por constantes derrames de hidrocarburos que han contaminado fuentes de agua, suelos y otros sistemas naturales.
Por ello, las organizaciones exigen que «los acuerdos deben incluir compromisos exigibles de atención de los pasivos ambientales acumulados, el control de las contingencias actuales y la restauración de los territorios degradados».
Al igual el compromiso de metas vinculantes para la reducción de los gases de efecto invernadero, como parte de los compromisos asumidos por Venezuela ante instancias internacionales.
«Reiteramos que la reconstrucción del país debe sustentarse en un modelo de desarrollo sostenible, participativo, justo y respetuoso de los derechos humanos», expresan en su petición.
Desde la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el pasado 3 de enero, Miraflores reformó la Ley de Hidrocarburos para permitir mayor participación del sector privado en la extracción de petróleo. La semana pasada se anunciaron acuerdos con Chevron, ENI, GeoPark y otras empresas para aumentar la producción.
Además, está el acuerdo con Estados Unidos que le entregará 65 mil millones de barriles de la reserva del país a la empresa NABEP, del empresario Alejandro Betancourt, un convenio que ha recibido críticas por la falta de transparencia, la ausencia de detalles y cómo Venezuela quedaría atada y comprometería sus recursos ante un tercero por un largo tiempo.
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