Caracas.– Ante el anuncio del acuerdo petrolero firmado entre Venezuela y Estados Unidos, economistas y juristas cuestionan la viabilidad, transparencia y legalidad del convenio. El pacto, por el cual Washington controlaría más del 20 % de las reservas de crudo venezolano, contempla la explotación conjunta por 25 años, pero genera dudas sobre sus condiciones reales.
Delcy Rodríguez, encargada de la administración del país, informó este sábado que la meta de producción es superior a 1,5 millones de barriles diarios. Explicó en transmisión de Venezolana de Televisión (VTV) que el país proyecta recibir 209.335 millones de dólares, calculados con base en un barril a 65 dólares. “En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país", indicó Rodríguez.
El plan prevé explotar 17 campos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles, incluyendo inicialmente ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco con regalías mínimas de 16 % e impuesto sobre la renta del 34 %. No obstante, analistas advierten que el éxito dependerá de una seguridad jurídica que hoy el país tiene dificultades para ofrecer.
Inversiones a largo plazo vs debilidad institucional
El economista Asdrúbal Oliveros manifestó cautela y enfatizó la brecha entre el anuncio del acuerdo y la ejecución real de las inversiones. “Una cosa es anunciar inversiones mil millonarias y otra bastante distinta es lograr que ese dinero efectivamente llegue y se convierta en pozos, infraestructura y producción", apuntó el experto en la red social X.
El especialista señaló que los proyectos de inversión requieren de lapsos prolongados para madurar. Para que los capitales se materialicen de forma efectiva, el país debe ofrecer “seguridad jurídica, contratos que se respeten, mecanismos de arbitraje y una institucionalidad que no dependa de quién gobierne en Caracas o en Washington", indicó Oliveros.
Adicionalmente, Oliveros advirtió que la carga fiscal debe ser competitiva dado el nivel de riesgo país. “Pretender una carga fiscal demasiado elevada puede terminar haciendo inviables proyectos que sobre el papel lucen muy atractivos", señaló el economista, agregando que aunque el pacto es una oportunidad importante, lo crucial es definir “bajo qué reglas se hará, quién pondrá el capital, cómo se protegerá esa inversión y, sobre todo, qué instituciones vamos a construir".
Rigidez fiscal ante precios volátiles
Por su parte, el economista Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Instituto Baker de la Universidad Rice, centró sus observaciones en la rigidez del esquema tributario anunciado para los nuevos contratos.
Monaldi explicó que la estructura fiscal estipulada carece de la flexibilidad necesaria para hacer frente a las fluctuaciones del mercado global. “La carga fiscal en el reglamento de la ley o la anunciada en el acuerdo hoy, son relativamente bajas a precios altos y demasiado altas a precios bajos", apuntó Monaldi.
Para el especialista, un marco fiscal rígido no se adapta a la rentabilidad real de los proyectos en diversos escenarios. Esta falta de ajuste ante la volatilidad de los precios “termina resultando en que paradójicamente haya menor inversión y menor recaudación para el estado", indicó el economista, recomendando revisar este punto antes de proceder con la firma de los contratos.
Mayor impacto a mediano y largo plazo
El economista Luis Oliveros, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana, precisó que la extracción prevista en ese lapso se estima en 11.000 millones de barriles, pero alertó que “reservas no significa producción efectiva, esas reservas tienen una tasa de extracción".
En materia fiscal, estimó que el país recibiría cerca de 20 dólares por barril, partiendo de un supuesto para el crudo Brent de 65 dólares, aunque precisó que “se debe considerar el descuento de la cesta venezolana". No obstante, destacó el beneficio de un aumento de precios. “Si el precio promedio sube, al Estado le queda más", indicó.
Para Oliveros, el volumen de recursos es el verdadero eje de la reactivación. “Se habla de inversiones cercanas a 100.000 millones de dólares. Esta cifra es fundamental para entender el impacto económico del acuerdo", señaló.
Añadió que, de confirmarse los términos, “estamos ante un verdadero game changer", cuyo mayor impacto se sentirá a mediano y largo plazo, aunque “en el corto plazo, sin embargo, va a comenzar a sentirse", apuntó.
Vacíos constitucionales
Desde el ámbito jurídico, el abogado José Ignacio Hernández advirtió que el convenio presenta serios riesgos de nulidad constitucional. “Desde el punto de vista jurídico, hay demasiadas lagunas en el acuerdo petrolero anunciado por Estados Unidos", indicó Hernández en su cuenta de X.
Explicó que los 17 proyectos contemplados bajo contratos petroleros (CPP) comprometen empresas mixtas por 25 años. Al tratarse de desarrollos greenfield, la alícuota integrada del 16 % es inferior a la tasa mínima que establece el Reglamento. Su mayor objeción radica en el rol asignado a Washington y en destinar reservas para su Suministro Estratégico de Petróleo (SPR). “La Constitución de Venezuela no permite ceder territorio a gobiernos extranjeros. Tampoco permite disponer del petróleo", señaló Hernández.
El jurista subrayó que acuerdos de largo plazo sobre reservas nacionales exigen controles legislativos que hoy resultan inefectivos y no pueden firmarse bajo condiciones transitorias. “El problema no está en el diseño de la idea… El problema está en cómo se va a implementar", apuntó.
Dudas sobre el control de las reservas
El economista Francisco Rodríguez, profesor de la Universidad de Denver, exigió transparencia y recordó que el artículo 150 de la Constitución exige el aval de la Asamblea Nacional para contratos de interés público con Estados extranjeros. “Tanto la presidenta Rodríguez como el presidente Trump han descrito este acuerdo como un acuerdo entre gobiernos, con lo cual cae claramente dentro del supuesto del artículo 150", apuntó Rodríguez.
De igual forma, criticó en X la falta de licitaciones competitivas. “¿Cuál es el argumento de interés público que sustenta no haber llevado adelante un proceso de rondas de subastas competitivas, que habría permitido lograr los mayores beneficios para la nación?", cuestionó. También advirtió que si los 209 mil millones de dólares proyectados corresponden a valores nominales, un ingreso de 19 dólares por barril en el año 2051 equivaldría a solo 9 dólares actuales por la inflación.
Rodríguez alertó sobre serias discrepancias entre ambos gobiernos. Mientras Caracas planea extraer 11.000 millones de barriles en 25 años, el presidente Trump afirmó que Estados Unidos obtendrá el control de 65.000 millones de barriles y que surtirá su reserva estratégica con un “regalo" de Venezuela.
“¿Cuáles son los artículos de la ley o de la Constitución que le permiten a ustedes regalar propiedad petrolera venezolana?", inquirió Rodríguez, señalando que si ese flujo comienza de inmediato, implicará menores ingresos a corto plazo.
Añadió dudas sobre el presunto derecho preferencial de Estados Unidos a comprar el 20 % de la producción nacional a precio de costo. “¿Esa compra a costo implica que no se pagarán regalías ni impuesto sobre la renta sobre esos barriles?", señaló, advirtiendo que si la producción prometida falla, Venezuela podría quedar obligada a entregar ese porcentaje de su bombeo actual.
Aunque Delcy Rodríguez defendió que “cada parte aporta aquello que puede hacer mejor" y que los ciudadanos “tienen derecho a saber cuánto se invierte, cuánto se produce, cuánto recibe el Estado y cuáles son las condiciones", la información oficial es limitada.
Finalmente, Francisco Rodríguez cuestionó la “debida diligencia" sobre los operadores, para verificar que no estén incursos en lavado de dinero, y a criticó los antecedentes del Estado en materia de rendición de cuentas. Denunció que el portal oficial transparenciasoberana.gob.ve, anunciado en marzo de 2026, no se actualiza desde el 13 de marzo de ese año y reporta apenas 300 millones de dólares de ingreso, equivalentes al 2 % de los recursos petroleros del año.