Caracas.- Las calles del centro de Caracas volvieron a ser escenario del reclamo de los familiares de presos políticos. Con pancartas y bajo la consigna «Si hay denuncias hay que actuar. Fiscalía, investigar», los manifestantes se concentraron a las afueras de la Defensoría del Pueblo e iniciaron una caminata simbólica hacia la sede principal del Ministerio Público.
La movilización formó parte de la Ruta de Respuestas Pendientes, una convocatoria impulsada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos para exigir cese a la opacidad, investigaciones imparciales sobre violaciones de derechos humanos y el fin del deterioro deliberado que sufren los reclusos en los diferentes recintos penitenciarios del país.
El descontento de los familiares radica en la falta sistemática de respuestas por parte de las instituciones del Estado. Massiel Cordones, madre del teniente del Ejército José Ángel Barreno Cordones, detenido hace más de cinco años por la causa Gedeón, denunció que en el mes de abril el director de Derechos Fundamentales de la Fiscalía se comprometió formalmente a establecer mesas de trabajo para revisar las causas. Sin embargo, tras cinco meses de espera, la institución no ha emitido ningún pronunciamiento.
«Nos estamos yendo por los canales regulares y con manifestaciones pacíficas como lo establece la Constitución», afirmó Cordones.
En ese sentido, recordó que tanto la Defensora del Pueblo como el Fiscal General tienen la obligación constitucional de inspeccionar los recintos carcelarios sin necesidad de solicitar permisos, revisar los expedientes viciados y velar por la presunción de inocencia.
Cordones denunció graves vicios procesales y tácticas de amedrentamiento en los expedientes policiales. Explicó que funcionarios de organismos de inteligencia como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) firman las actas procedimentales usando únicamente su segundo nombre y segundo apellido para ocultar su identidad, lo que configura una ilegalidad.
También denunció que las autoridades ejecutan traslados de reclusos sin notificar previamente a los allegados, alegando razones de «seguridad» y dejando a las familias en completa desinformación.
El «espejismo» de las excarcelaciones y la mirada hacia EE. UU.
Los familiares calificaron como una «burla y espejismo» las medidas de excarcelación anunciadas por las autoridades.
Massiel Cordones explicó que las excarcelaciones se aplican «a cuentagotas» y sujetas a medidas cautelares severas, como régimen de presentación cada 30 días y prohibición expresa de declarar a los medios de comunicación.
«Aquí no hay libertad de expresión. Exigimos libertad plena, no excarcelaciones bajo condición», sentenció Cordones, argumentando que la libertad de los detenidos por razones políticas no es negociable.
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Frente al estancamiento interno, los familiares enviaron un mensaje a la comunidad internacional, en particular a las autoridades de Estados Unidos y al senador Marco Rubio, para que se reúnan directamente con los comités de víctimas y no se limiten a las cifras ni a los reportes oficiales.
Criticaron además que los acercamientos internacionales hayan priorizado intereses petroleros sobre los derechos humanos. «En Estados Unidos lo que querían era el petróleo y el oro, porque lo han demostrado. Ya tenemos ocho meses viviendo esto y seguimos en lo mismo», dijo Cordones.
El Rodeo I: aislamiento, emergencias médicas y la huelga de José Enrique Rincón
Uno de los puntos más críticos expuestos durante la jornada fue el agravamiento de las condiciones de reclusión en el centro penitenciario El Rodeo I, calificado por las familias como «el peor centro de tortura que existe en Venezuela».
Denunciaron que en este recinto no se permite el contacto físico entre los detenidos y sus parientes, ni el ingreso de alimentos preparados por sus familias. De igual forma, precisaron que existe una proliferación de patologías gastrointestinales y brotes de apendicitis que han derivado en intervenciones quirúrgicas de emergencia casi de forma semanal.
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La situación preocupa especialmente a los familiares de José Enrique Rincón, empresario zuliano de 62 años, quien se encuentra recluido en ese centro penitenciario.
Mariana Rincón, hermana del detenido, explicó que su familiar regresó a Venezuela en junio para ponerse a disposición de las autoridades y fue detenido el 14 de junio en el Aeropuerto Internacional La Chinita, en el estado Zulia, tras ser vinculado con la denominada «Operación No a la Navidad».
De acuerdo con su hermana, Rincón fue trasladado posteriormente a El Rodeo I, donde inició una huelga de hambre. Este miércoles cumple cuatro días sin ingerir alimentos.
Rincón alertó que su hermano tiene antecedentes de una cirugía bariátrica, fue operado del corazón y padece hipertensión, por lo que considera que la medida de protesta representa un riesgo para su salud.
También denunció que durante su reclusión le fueron retirados libros y cartas personales, lo que, a su juicio, incrementa las condiciones de aislamiento.
Mariana Rincón aseguró además que la vivienda de la familia fue incautada y posteriormente utilizada como sede del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES).
Muertes bajo custodia sin esclarecer
Andreina Baduel, representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), precisó que existen al menos 37 privados de libertad en condiciones de salud críticas, cifra que catalogó como un subregistro, dado que decenas de reclusos carecen de diagnósticos médicos formales. La organización contabiliza más de 400 presos políticos en todo el país.
Baduel reiteró la urgencia de investigar las muertes ocurridas bajo la custodia del Estado, entre ellas la de Víctor Hugo Quero Navas, así como el paradero de personas desaparecidas como Hugo Marino, casos sobre los cuales no existe avance ni rendición de cuentas.
Andreina Baduel reiteró que el gobierno venezolano revictimiza continuamente a las familias mediante la opacidad, la propaganda y promesas incumplidas. En este sentido, convocó a la ciudadanía y a los organismos internacionales a mantenerse vigilantes ante una nueva manifestación pacífica programada para este viernes 11 de septiembre en las cercanías del Palacio de Miraflores.
Pliego de exigencias de la Ruta de Respuestas Pendientes
Durante la entrega del documento en el Ministerio Público, las familias sistematizaron sus demandas prioritarias:
- Investigaciones efectivas y transparentes sobre denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y desapariciones forzadas.
- Esclarecimiento de responsabilidades en torno a las muertes registradas bajo custodia de los organismos de seguridad del Estado.
- Atención médica inmediata y canalización de medidas humanitarias para los reclusos con patologías crónicas o de gravedad no atendidas.
- Anulación de expedientes viciados y restitución plena del derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia.
- Acceso a información individualizada y actualizada sobre el estatus de los procedimientos, responsables de seguimiento y notificación oportuna de traslados a los allegados.