La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó a las autoridades a liberar a los presos políticos militares en Venezuela, en un comunicado en el que expresaron «su profunda preocupación» por los miembros de la Fuerza Armada Nacional detenidos en diferentes cárceles del país.
En el texo señalaron que «la Comisión urge al Estado a disponer su liberación inmediata e incondicional y expresa su solidaridad con sus familiares, que han denunciado la falta de información y de comunicación con sus seres queridos».
La CIDH citó las cifras de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón de que hay al menos 196 militares detenidos en el país por razones políticas. «De ellos, 165 estaban en servicio activo y 31 en situación de retiro al momento de la detención; 8 son mujeres y al menos 14 presentarían un estado de salud grave», mencionaron.
También lo hicieron con las del Foro Penal, que habla de 144 los presos políticos que pertenecen a la Fuerza Armada y otros cuerpos de seguridad del Estado.
«La CIDH destaca que la diferencia entre las cifras refleja los criterios propios de como cada organización define y documenta los casos de detenciones por motivación política; al tiempo, evidencia la necesidad de contar con datos oficiales, que respondan a los estándares de transparencia y acceso a la información pública», insistieron.
Dónde están los presos políticos militares
El organismo, que forma parte del Sistema Interamericano de DDHH, estos presos políticos son de instituciones como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Mayormente son funcionarios a los que han acusado de delitos como traición a la patria y rebelión civil, que están en centros de detención tanto militares como civiles, entre ellos Ramo Verde, El Rodeo I, Tocorón, Yare II y el Fuerte Guaicaipuro, donde otras organizaciones han documentado casos de tortura como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela en su informe del pasado 16 de septiembre.
«La Comisión toma nota con extrema preocupación de las reiteradas denuncias sobre muertes bajo custodia y condiciones de detención incompatibles con la dignidad humana. Datos de la JEP reportan el fallecimiento de cuatro integrantes de la FANB y de dos ex funcionarios de seguridad bajo custodia», señalaron.
Condiciones de reclusión inhumanas
Asimismo dijeron que el «Foro Penal informó a la CIDH de 4 fallecidos, tres del DGCIM y uno del SEBIN. Además, remarcan la incomunicación prolongada, restricción severa de visitas de familiares, reclusión en espacios sin ventilación y de dimensiones reducidas que impiden desplazamiento, así como la negación de atención médica oportuna y especializada».
La semana pasada, un tribunal de juicio con competencia en terrorismo condenó a penas de 3 a 18 años de cárcel a nueve militares y un civil por el llamado caso «Brazalete Blanco», en el que además dictaron libertad plena para la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y miembros del partido Vente Venezuela, falsamente implicados en esta acusación.
Las penas más altas de prisión la recibieron el capitán del Ejército, Ányelo Heredia (18 años); junto al teniente coronel, Guillermo Enrique César y Ronald Ferrer, también condenados por el mismo delito, pero con una pena de 12 años.
Además, por encubrimiento sentenciaron a 3 años de cárcel a la primer teniente Karen Gómez, al coronel Carlos Sánchez, el mayor Guillermo Henry César, la mayor Diana Suárez y Jesús Suárez, quien fue el único civil apresado por este caso.
La CIDH cuestionó que la ley de amnistía, aprobada en febrero pasado, haya tenido un efecto limitado para los militares presos políticos, así como las medidas cautelares dictadas en muchos casos por la falta de información oficial y ante el riesgo a la integridad que sufren estos detenidos.
El organismo sostuvo que «reitera su llamado al Estado a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, incluidas las personas militares, a sobreseerlas o absolverlas según corresponda, y a dejar sin efecto los procesos y restricciones derivados de esas detenciones. Asimismo, insta al Estado a abstenerse de utilizar la privación de libertad y la jurisdicción penal militar como mecanismo de persecución o de represalia en contra de personas consideradas como opositoras políticas».