La crisis del sistema de justicia en Venezuela no es coyuntural sino estructural, así concluyó el informe anual 2025 de la ONG Acceso a la Justicia que repasa la situación del estado de derecho en el país en el último año.
Citaron cifras del Índice de Estado de derecho 2025 de World Justice Project, en el que el país volvió a ocupar el último puesto mundial de 143 naciones evaluadas.
En el documento destacaron que las mayores deficiencias están relacionadas con la justicia penal, la corrupción, la falta de independencia de los tribunales, la ausencia de contrapesos al Ejecutivo y las limitaciones al acceso a información pública.
Entre esos números señalaron que «Venezuela ocupa el último lugar mundial en gobierno abierto, con una caída de 0,33 a 0,27 entre 2015 y 2025. Esta dimensión mide la transparencia, el acceso a información pública y la participación ciudadana en políticas públicas, áreas en las cuales el país se aleja aún más de los promedios global (0,52) y regional (0,51)».
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Leyes restrictivas y TSJ no imparcial
Un análisis, que Acceso a la Justicia hizo sobre los recursos de habeas corpus entre los años 2021 y 2023, citados en el informe, señala que en 207 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, apenas en una de ellas hubo una excarcelación, mientras que las solicitudes para garantizar la defensa de las personas no fueron tramitadas.
La organización no gubernamental repasó la aplicación de Leyes como la de control de las ONG que impide el trabajo libre para las organizaciones defensoras de derechos humanos, ayuda humanitaria y de poblaciones como la LGBTIQ+ o las dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer.
«La Ley Antisociedad, aunque presentada como facilitadora de la libertad de asociación, impone requisitos desproporcionados y sustituye el régimen previo de registro por uno restrictivo y de autorización. Además, la implementación de la ley ha mostrado irregularidades sistemáticas, como plazos recortados, exigencias sobrevenidas, criterios dispares entre registros y ausencia de constancias formales de recepción de documentos», dijeron del instrumento normativo aprobado por el Parlamento que controla el chavismo.
Destacaron la aprobación, en octubre de 2025, de una normativa de 39 artículos para regular el ingreso, permanencia, ascenso y separación de jueces no titulares, ante la falta de una ley que regule el ejercicio de estos funcionarios, donde se mantiene el carácter de provisionalidad.
«La provisionalidad no es solo un asunto administrativo: cuando la mayoría de los jueces pueden ser removidos sin justificación, ningún ciudadano tiene garantizado que su caso será resuelto conforme a derecho, quedando expuesto a decisiones arbitrarias en cualquier materia. El resultado es una justicia impredecible y débil que facilita la arbitrariedad y la impunidad. Sin jueces independientes no hay democracia posible, pues la ley deja de limitar el abuso del poder y se convierte en un instrumento de control contra la ciudadanía», advirtieron.
Elecciones no competitivas en 2025
También mencionaron las elecciones que se celebraron en el país en 2025: parlamentarias, regionales y municipales, luego del fraude electoral de las presidenciales del 28 de julio de 2024.
De las dos primeras, en las que el chavismo obtuvo la mayoría de la Asamblea Nacional y 23 de 24 gobernaciones dijeron que sin cifras para ser consultadas porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene inactiva su página web desde las presidenciales, solo se conocieron resultados por pronunciamientos de los rectores.
«Estas irregularidades reforzaron la percepción de un árbitro electoral sin credibilidad y sugieren una estrategia oficial para asegurar resultados favorables, afectando la confianza ciudadana y la integridad del sufragio», dijeron ante la falta de información sobre la formación de miembros de mesa, la oferta electoral y los mecanismos de control y auditoría de esos procesos electorales.
De las municipales, las calificaron de «exprés» porque se convocaron tras las regionales y parlamentarias, en un plazo de apenas 54 días para su organización.
«Cuando el árbitro electoral no rinde cuentas ni garantiza transparencia, el voto pierde valor y se convierte en un trámite sin impacto real; sin confianza en el proceso, en realidad, no existe una verdadera elección«, afirmó Acceso a la Justicia.
De las municipales especificamente dijeron que «las elecciones municipales mostraron un patrón de falta de garantías, opacidad, exclusión política y ventajismo oficialista, consolidando la percepción de procesos sin pluralismo ni transparencia. El CNE limitó plazos, redujo información y actuó con opacidad, afectando el derecho al sufragio y, además, la consulta juvenil paralela restó aún más
neutralidad al proceso electoral».
El informe incluye nueve crónicas que ilustran cómo los problemas institucionales afectan a las personas. Entre los casos examinados están los obstáculos para obtener justicia en feminicidios, los retardos judiciales, el incumplimiento de sentencias, la desprotección de niñas y las dificultades para reclamar frente a decisiones de autoridades públicas.
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