Andry José Hernández Romero tiene 31 años. Es oriundo del estado Táchira y fue vinculado a la organización delictiva Tren de Aragua por una corona que lleva tatuada en cada muñeca con las palabras «Mamá» y «Papá», en honor a los Reyes Magos de Capacho.
Se trata de un estilista y maquillador venezolano, con un amplio y reconocido trabajo, declaró su madre Alexis Dolores Romero, a través de un video que circuló en redes sociales.
Hernández Romero es uno de los 238 venezolanos que hoy cumplen tres semanas separados de sus familiares por los muros impenetrables del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador.
Como muchos otros fue en busca del sueño americano, pero terminó deportado, debido a las políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos.
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En la última comunicación que tuvo con sus familiares, les informó que sería deportado a Venezuela, pero luego su nombre apareció entre los enviados a El Salvador.
Fue al leer esta lista como sus parientes se enteraron de que estaba en una cárcel de máxima seguridad.
Su madre asegura que su hijo es víctima de una confusión. Lo mismo han declarado muchos parientes de los deportados para rechazar el motivo de expulsión que alegó EE. UU.
La ley del Enemigo Extranjero
El gobierno de Donald Trump expulsó a estos 238 venezolanos de EE. UU. bajo el amparo de una norma de 1798 conocida como la Ley del Enemigo Extranjero.
Un juez federal le había impedido invocar este instrumento jurídico para justificar las deportaciones, pero ello no frenó el proceso y los desterrados fueron recibidos en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.
«¡Uy!… demasiado tarde», escribió el mandatario salvadoreño, la mañana del 16 de marzo, en tono jocoso, a propósito de la decisión judicial, mientras el Gobierno de EE. UU. agradecía su receptividad.
«Enviamos a más de 250 extranjeros enemigos del Tren de Aragua que El Salvador ha aceptado mantener en sus muy buenas cárceles, a un precio justo que también ahorrará dólares de nuestros contribuyentes», señaló Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.
Nueve días después de invocar Ley del Enemigo Extranjero, el juez federal de distrito James Boasberg rechazó la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos de levantar el bloqueo a la orden del presidente Donald Trump de aplicar este instrumento legal.
El magistrado fundamentó su decisión en el derecho de las personas acusadas a tener audiencias antes de ser deportadas.
“Dado que los demandantes mencionados disputan ser miembros del Tren de Aragua, no pueden ser deportados hasta que un tribunal haya podido decidir sobre los méritos de su impugnación", explicó el juez.
¿Tiempos de guerra?
La última vez que la Ley del Enemigo Extranjero se aplicó fue para internar a ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió que nuevamente se utilizó para las deportaciones de migrantes a El Salvador, bajo el argumento de una situación similar a tiempos de guerra.
Según Trump, Estados Unidos experimentó una invasión después de que el presidente Joe Biden permitiera el ingreso de millones de migrantes al país.
“Estos son tiempos de guerra, porque el expresidente demócrata Joe Biden permitió que millones de personas, muchas de ellas criminales, muchos de ellos en las más altas esferas, vaciaran las cárceles (…) en Estados Unidos. Eso es una invasión", dijo el mandatario el domingo 16 de marzo.
El ministro de Interior Justicia y Paz, Diosdado Cabello, le salió al paso a estos señalamientos al considerar que este instrumento legal tiene como objeto perseguir, humillar y esclavizar a los venezolanos que por alguna razón fueron a Estados Unidos.
En la misma línea, Nicolás Maduro declaró que Washington criminaliza, de forma infame e injusta, a los migrantes venezolanos. En su opinión, las personas que decidieron irse de Venezuela “son víctimas de las sanciones del país norteamericano y otros Gobiernos occidentales".
Las organizaciones no gubernamentales también brindaron su respaldo a los migrantes y condenaron estas deportaciones, al asegurar que representan una clara violación de los derechos de esos migrantes.
En este sentido, el director de la Coalición por los Derechos Humanos (DD. HH.) y la Democracia, Alonso Medina, llamó a “rescatar nuestro gentilicio y a la unidad nacional".
Clamor nacional
En las calles los venezolanos también repudiaron estas deportaciones. El lunes 17 de marzo, familiares de los deportados protestaron en Maracaibo, capital del estado Zulia, para exigir que sean encarcelados.
Al menos cuatro zulianos se encuentran en el Cecot. El hijo de Mercedes Yamarte es uno de ellos. En entrevista concedida a El Pitazo, recordó que estaba viendo noticias en TikTok y se encontró con un reporte de la televisora Telemundo en donde, justo, enfocaron la cara de su hijo.
“Sus ojos me pidieron a gritos que lo ayude. Esa imagen no sale de mi mente. Es como si me dijera qué mal hice yo. Mis hijos son muchachos buenos", afirmó Yamarte.
Al día siguiente, otra multitud marchó en Caracas hasta la sede de la Asamblea Nacional (AN), bajo las consignas de “justicia, “libertad" y “son inocentes".
Entre los manifestantes estaban familiares de algunos de los deportados, quienes viajaron de distintas ciudades del país para unirse a este clamor nacional.
Sin comunicación
A tres semanas de la deportación, los familiares de Jonathan Plaza Carmona (35) no han logrado saber cómo se encuentra en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador; una estructura sin ventana, rodeada por dos cercos perimetrales con malla ciclón, electrificados, y dos muros de concreto de 12 metros de altura.
Su familia está desesperada y asegura que la detención de Plaza es un error. “Lo encarcelaron por el simple hecho de tener dos estrellas tatuadas en sus hombros, pero eso no lo hace un delincuente", afirmó su hermana Georgina Plaza a El Pitazo.
Y es precisamente el uso de tatuajes uno de los motivos aparentes para que las autoridades de los Estados Unidos relacionen a los migrantes venezolanos con la organización criminal Tren de Aragua.
Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el Gobierno de Estados Unidos no tiene duda de que los encarcelados en El Salvador son miembros de esta banda delictiva; sin embargo, hasta ahora no se han mostrado las pruebas que certifiquen esta aseveración.
Al ser consultada por El Pitazo, la periodista Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina", destacó que los tatuajes no son un elemento determinante para identificar a los miembros de este grupo hamponil.
“No es obligatorio tener un tatuaje para ser miembro de este grupo", señaló Risquez, el 20 de marzo.
Dijo además que, así como algunos integrantes de este grupo tienen marcada su piel, hay otros que no y que solo una investigación permite determinar si una persona cometió un delito.
La hermana de Jonathan Plaza Carmona comparte esta idea y defiende a su pariente. “Es un hombre honesto, trabajador, sin antecedentes. Su detención es injusta", destacó Georgina Plaza.
Al igual que Plaza, el resto de los familiares de los encarcelados se encuentran de manos atadas. Sin tener los medios para viajar a El Salvador ni garantías de que se aplique el debido proceso, están desesperados y desorientados.
Lo único que manejan es que los detenidos estarán en ese lugar durante un año, renovable, lo que sugiere que podrían pasar más tiempo en la cárcel de máxima seguridad de El Salvador.
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