Caracas.– Una jueza federal de Boston, Indira Talwani, asestó un revés a las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump al emitir este 14 de abril una orden que suspende la revocación del programa de «parole humanitario». Esta medida, implementada inicialmente por la administración de Joe Biden, ha permitido a cientos de miles de ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos.
El programa de «parole humanitario», que comenzó a operar en 2022 para venezolanos y se expandió en 2023 para incluir a las otras tres nacionalidades, ha beneficiado a aproximadamente 530.000 personas. Su objetivo declarado era ofrecer una vía legal y segura para aquellos que huían de las crisis en sus países, buscando a su vez disuadir la migración irregular hacia Estados Unidos.
En marzo, el Departamento de Seguridad Nacional bajo la administración Trump anunció su intención de revocar estas protecciones legales, lo que generó gran incertidumbre y temor a la deportación entre los beneficiarios.
Fallo judicial detiene la revocación
La jueza Talwani fundamentó su decisión en la preocupación de que la revocación masiva de las protecciones y permisos de trabajo otorgados previamente se realizara sin una revisión individualizada de cada caso. Advirtió que, si se permitiera la expiración del estatus legal actual de los beneficiarios en las próximas semanas, estos se enfrentarían a la difícil elección entre abandonar el país por su cuenta o esperar el inicio de procesos de deportación.
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La orden judicial también establece la suspensión de todas las notificaciones de revocación enviadas a los participantes del programa de los cuatro países, a la espera de una nueva decisión del tribunal.
Interpretación errónea de la ley migratoria
Según el reporte de DW Noticias, el fallo de la jueza Talwani señala que la administración Trump actuó basándose en una interpretación errónea de la ley de inmigración. La jueza argumenta que la disposición para la expulsión acelerada de no ciudadanos se aplica a quienes ingresan ilegalmente al país, y no a aquellos que cuentan con una autorización legal para estar en Estados Unidos bajo la figura del «parole humanitario».
La revocación planeada por la administración Trump habría significado la pérdida de la protección legal para estos inmigrantes a partir del 24 de abril. Este fallo representa un nuevo obstáculo para las políticas migratorias de Trump, quien durante su campaña prometió la deportación masiva de inmigrantes indocumentados y recientemente invocó una antigua ley para deportar a presuntos miembros del Tren de Aragua a El Salvador.
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