La detención de un ciudadano de nacionalidad venezolana por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) generó una reacción en el sector educativo del condado de St. Johns. El trabajador, identificado como Leonel Armando Bolívar Linares (29), fue arrestado por los agentes federales en horas de la madrugada mientras conducía hacia su puesto de trabajo en la escuela secundaria Tocoi Creek.
La Asociación de Profesionales de Apoyo Educativo de St. Johns (SJESPA), el sindicato que agrupa a los empleados de mantenimiento de la zona, asumió la defensa pública del empleado. Charlena Retkowski, presidenta de la organización gremial, dirigió un comunicado a los miembros de la comunidad escolar donde aclaró que el afectado no tiene ningún tipo de antecedentes penales y que permanece legalmente en el país bajo una solicitud formal de asilo.
La dirigencia sindical enfatizó que Bolívar Linares poseía un permiso de trabajo vigente y una licencia de conducir legal al momento de su captura. Asimismo, recordaron que los procesos de contratación del distrito escolar son sumamente estrictos y prohíben la incorporación de personas que no cuenten con la documentación migratoria reglamentaria en el territorio estadounidense.
Acción desmedida
Los familiares del joven, quienes también laboran en la misma institución educativa, manifestaron su dolor por la forma en que se ejecutó el procedimiento policial. Su madre, Dayana Linares, relató que su hijo fue retenido durante varias horas dentro de una unidad oficial bajo fuertes medidas de seguridad física, una acción que calificó de desmedida para alguien que ingresó al país de manera legal y con sus papeles en orden.
El entorno familiar expresó un temor profundo ante la posibilidad de una deportación, advirtiendo que el retorno de Bolívar Linares a Venezuela representaría un riesgo inminente para su integridad física. Sus allegados explicaron que el joven posee un título universitario en periodismo, una profesión que sufre acoso y persecución en la nación sudamericana.
Actualmente, la familia cuenta con asesoría jurídica privada y realiza las gestiones pertinentes para solicitar una fianza que le permita recuperar su libertad. El sindicato insistió en que la petición de apoyo no responde a intereses de partidos políticos, sino a la protección de un miembro activo de la comunidad que cumple sus funciones con dignidad y respeto.