Santiago de Chile.- A un día de cumplirse un año del asesinato en Chile del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, el abogado de su familia declaró a EFE que existen «indicios serios» que apuntan al chavismo como sospechoso y afirmó que el crimen tuvo como propósito enviar un mensaje a los opositores de que «nadie está a salvo».
«El crimen de Ojeda no tiene precedentes en Chile, se llevó a cabo con una sofisticación desconocida hasta ahora», afirmó Juan Carlos Manríquez en su despacho en Santiago.
Disidente del Gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 por un grupo de hombres vestidos como agentes policiales chilenos.
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Las cámaras del edificio captaron como lo sacaban en calzoncillos de su apartamento en el centro de Santiago y su cadáver fue hallado diez días después, sepultado debajo de un bloque de cemento, a las afueras de la capital.
Sospechas del chavismo
Hasta el momento han sido detenidos en Chile, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos varios miembros de una facción de la banda de origen venezolano Tren de Aragua, pero falta por determinar «quiénes fueron los autores intelectuales y cuánto se pagó por este crimen», apuntó Manríquez.
La familia del militar retirado, añadió el letrado, ha defendido siempre la participación del Gobierno venezolano y ha dicho que el crimen forma parte de «un plan sistemático de persecución y eliminación de opositores políticos, en cuya planificación e incluso ejecución pudieran haber participado agentes estatales altamente preparados».
«No se trata solo de un homicidio horrendo, sino de un plan de eliminaciones selectivas en distintas partes de las Américas», insistió el abogado.
El Ministerio Público chileno también sospecha del chavismo y a finales del pasado enero desveló que un testigo señaló a Diosdado Cabello, actual ministro de Interior venezolano y mano derecha de Maduro, como la persona que encargó y pagó el crimen.
«No han podido encontrar a los asesinos, si ellos jorungan (hurgan) van a encontrar a los asesinos facilito», declaró la noche del miércoles Cabello en su programa de televisión sobre un caso que ha provocado un frontal enfrentamiento entre ambos países, que apenas mantienen relaciones bilaterales.
El Gobierno del presidente Gabriel Boric avala la tesis de la Fiscalía y ya ha dicho que recurrirá a la Corte Penal Internacional (CPI) si se confirma la participación de Cabello.
«La Fiscalía cuenta hasta ahora con indicios criminalísticos serios (…) Hay al menos tres testimonios, más otras evidencias indirectas, que señalan que miembros de la organización estaban en contacto directo con autoridades políticas o militares venezolanas», agregó el abogado sobre una investigación que es de carácter reservado y que se extendió durante seis meses más.
«Generaba miedo e irritación»
De 32 años, Ojeda era parte de un grupo de militares antichavistas autodenominado Movimiento por la Libertad y la Democracia, contrarios al «secuestro de las Fuerzas Armadas para una causa política» y que negaban la autoridad de Maduro como presidente y comandante en jefe, explicó Manríquez.
Fue arrestado por las autoridades venezolanas en abril de 2017 junto con otros tres militares, pero logró escapar.
Un año después, el Gobierno de Maduro publicó un decreto en el que degradó y expulsó sin juicio previo a 24 oficiales, entre ellos el propio Ojeda.
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Ya en Chile, el militar alcanzó cierta notoriedad cuando en noviembre de 2022 se manifestó de rodillas y con una bolsa en la cabeza frente al Palacio de la Moneda contra el chavismo y se convirtió en «un nombre emergente en la resistencia de la diáspora venezolana, particularmente en los cuerpos jóvenes armados», aseguró Manríquez.
«Era una persona que generaba demasiada irritación y miedo en las estructuras políticas que ordenaron, según la Fiscalía, perseguirlo y ejecutarlo (…) Había miedo de que lo que Ojeda significaba y defendía siguiera creciendo», añadió.
En 2023, el Gobierno chileno le concedió asilo político y, según su familia, ahí comenzó su condena.
Además de dar con los autores intelectuales del crimen, su viuda pide investigar si «por negligencia, desidia, mala fe o simple descuido» las autoridades chilenas facilitaron a las venezolanas la ubicación de Ojeda en virtud de un convenio de cooperación bilateral en materia policial firmado entre ambos países semanas antes del asesinato del exteniente, apuntó el abogado.
«La familia cree que pudo haber habido negligencia en el tratamiento de sus datos de asilo. Es una de las distintas líneas de investigación que la Fiscalía está obligada a profundizar», sostuvo.
En cualquier caso, concluyó Manríquez, «Ojeda era necesario para manifestarle a todos los jóvenes disidentes que nadie estaba a salvo en ninguna parte, que iban a ser ejecutados allá donde estuvieran».
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