Trujillo.- Funcionarios de la División de Investigación Penal (DIP) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), en el estado Trujillo, abrieron procesos de investigación a ciudadanos que formen parte de grupos de WhatsApp en los que se comente y opine sobre los últimos acontecimientos políticos en el país.
El pasado 11 de enero, durante una ronda de patrullaje policial fue abordado un joven de 23 años a quien le revisaron las conversaciones de WhatsApp. En la aplicación de mensajería encontraron un grupo deportivo en el que varios jóvenes comentaban sobre las noticias políticas de los últimos días.
Los funcionarios extrajeron los números telefónicos, nombres y fotos de perfil de algunos de los jóvenes del grupo, así como fotografías de las conversaciones donde supuestamente “realizaban debates e incitaban a atentar en contra del gobierno", según lo referido en la fuente consultada. Tres días más tarde les abrieron expedientes procesales a cinco de ellos bajo los cargos de “incitación al odio y financiamiento del terrorismo".
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Sobre las conversaciones
Algunas de las imágenes compartidas en el grupo fueron informaciones emitidas por María Corina Machado como la convocatoria para el 9 de enero o el video circuló luego de su detención y posterior liberación el mismo día, según pudo comprobar El Pitazo en las imágenes del expediente.
También se observaron comentarios triviales y de opinión sobre los despliegues policiales. “A mi me preguntan en la calle y digo que soy chavista. ¿Usted sabe qué es que le metan a uno cosas por terrorismo?", dice uno de los mensajes enviados por uno de los jóvenes a quien le abrieron investigación.
Otra de las imágenes compartidas es un titular de noticia con la fotografía de Edmundo González Urrutia que dice: “Edmundo González no vendrá a Venezuela: esto fue lo que dijo Juan Pablo Guanipa". Los demás mensajes hacen referencia a juegos de fútbol, comidas y otros temas.
Revisiones ilegales de teléfonos
Los ciudadanos denuncian que desde el 9 de enero los funcionarios de esta división, adscrita a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), han realizado rondas de vigilancia y estableciendo alcabalas en las que revisan los teléfonos sin una orden judicial.
“Hace poco un conocido que hace delivery me dijo que estaba haciendo una entrega en Carvajal y unos encapuchados lo retuvieron y le revisaron todo, el teléfono, el bolso de pedidos y hasta sus bolsillos", indicó una persona que pidió no ser identificada por seguridad.
Ningún funcionario policial puede revisar un teléfono ni otro medio de comunicación de un ciudadano sin una orden judicial. El artículo 48 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que: “Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales".
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