La empresa argentina de energía Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. (Impsa), firmó un acuerdo con la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para retomar dos proyectos hidroeléctricos clave en Venezuela: Macagua y Tocoma para añadir 672 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en 14 meses. La Embajada de Estados Unidos en Venezuela señaló que apoya este trato.
Detrás de la operación están involucrados ejecutivos venezolanos que financiaron la campaña presidencial de Donald Trump en Estados Unidos. Entre ellos figuran el abogado Jorge Rafael Salcedo Hernández, presidente de Impsa desde julio de 2025 y exdefensor de Samark López; además de sus directores Jason Arceneaux, afín al Partido Republicano de EE.UU. e Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, excontratista de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
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Esta no es la primera vez que resuena el nombre de Hidalgo Socorro en acuerdos con el Estado.
En 2016, el empresario zuliano de 63 años de edad estuvo involucrado en un escándalo que estremeció a Guatemala después de la intervención del Banco de los Trabajadores por sospecha de legitimación de capitales y el embargo de su cuenta por 20 millones de dólares al ser representante legal de la empresa panameña DHK Finance Inc.
En septiembre de 2025, el Juzgado de Extinción de Dominio de Guatemala inició un juicio para anular la adquisición de acciones preferenciales por un monto de 20 millones de dólares realizada en 2012 por DHK Finance Inc.
En marzo de 2026 culminó este proceso legal que buscaba la extinción de activos que permanecen congelados desde hace una década. La medida también disipa cualquier reclamo pendiente, incluyendo los intentos hechos por la empresa representada por Socorro en tribunales internacionales.
Esas acciones ya habían sido desestimadas en 2022 mediante un laudo arbitral ratificado posteriormente por una corte federal de Estados Unidos, como recordó Bantrab en un comunicado, precisa un medio guatemalteco especializado.
De acuerdo con el portal Poderopedia, Socorro presuntamente ocultó al banco que era proveedor de servicios de Pdvsa, a través de, al menos, ocho empresas. Una de ellas era Brumby Shipholdings.
Socorro tampoco declaró la contratación del Aban Pearl, un semisumergible alquilado por Pdvsa para la perforación de pozos de gas en alta mar que, según la Asamblea Nacional (AN), afectó al patrimonio público con un sobreprecio de 257 millones de dólares y la contratación ilegal con una empresa intermediaria.
El 13 de mayo de 2010 el semisumergible naufragó cuando realizaba operaciones en un pozo de gas, reseñaron Poderopedia y el Corruptómetro.
Una investigación publicada por El Pitazo en 2016 señaló que en aquel momento Socorro tenía dos viviendas, un apartamento y una quinta localizadas en la parroquia Olegario Villalobos, en el sector Valle Frío de Maracaibo.
Los nexos de Socorro con Pdvsa
En noviembre de 2010, Socorro y el venezolano Enoc Martínez le vendieron a Pdvsa 42 remolcadores en 145 millones de dólares a través de la compañía Brumby Shipholdings.
Las embarcaciones, fabricadas en Singapur y Malasia, tenían capacidad para operar las 24 horas del día y contaban con tecnología de punta, además de ofrecer facilidades a la tripulación. Los remolcadores serían utilizados para el mantenimiento, reparación, sustitución y tendido de líneas sublacustres para transporte de crudo, reparación de tuberías en el lago de Maracaibo, mudanza de gabarras de perforación y facilidades de apoyo, lo que contribuiría a la modernización de las actividades de producción de petróleo en el occidente de Venezuela, publicó El Pitazo en ese momento.
El 5 de agosto de 2025, el Tribunal de Apelación de La Haya ratificó la obligación de Pdvsa y sus filiales, Bariven y Pdvsa Operaciones Acuáticas, de pagar a la empresa panameña Brumby Shipholdings SA una deuda millonaria derivada de la compra de esos 42 remolcadores en 2010.
El fallo confirma que las entidades venezolanas deben cancelar una factura pendiente de aproximadamente 20 millones de euros, además de 12,2 millones de euros por los costos de extensión de fianzas de cumplimiento que el grupo estatal no liberó a tiempo.
El tribunal desestimó los argumentos de defensa de Pdvsa sobre la prescripción de la deuda y validó que Brumby interrumpió dicho plazo legal mediante notificaciones efectivas en las oficinas de Caracas en 2016.
Industrial Acquisitions Fund (IAF)
Impsa fue adquirida por el consorcio estadounidense Industrial Acquisitions Fund (IAF) y cuyo principal socio es ARC Energy.
IAF es un vehículo de propósito especial (SPV) con sede en Estados Unidos diseñado para adquirir, reestructurar y modernizar empresas estratégicas en los sectores de energía e infraestructura, con el fin de transformarlas en entidades financieramente robustas y operativamente eficientes capaces de competir en el mercado global.
Según su página web, el principal objetivo de IAF es revitalizar empresas mediante la reestructuración financiera, la modernización y la expansión a mercados globales.
Juan Manuel Domínguez, vicepresidente de Impsa y también director de Industrial Acquisitions Fund, integró el equipo que lideró la adquisición y la negociación estratégica con el Gobierno argentino durante el proceso de privatización.
De acuerdo con la información institucional de la empresa, desde su rol impulsa la agenda política, institucional y de nuevos negocios de Impsa en Argentina, Estados Unidos y América Latina.
Domínguez es fundador de YAP y YAP Sports, socio de Balsera Communications para Latinoamérica, participa en la expansión regional de Newsweek en Argentina, Uruguay y Paraguay.
También dirige el capítulo Argentina de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense de Florida (AACC).
El republicano detrás de ARC Energy
El empresario venezolano Jason Arceneaux, radicado en Estados Unidos, es fundador de ARC Energy, una firma con sede en Houston dedicada al sector del petróleo y gas que inició operaciones en el 2001. Medios de comunicación lo han relacionado como cercano al presidente Donald Trump y financista de su campaña.
ARC Energy fue el único oferente en la licitación que abrió Argentina para adquirir Impsa, la primera empresa propiedad del Estado privatizada en el gobierno de Javier Milei.
Durante la firma de la operación, los ejecutivos de Impsa le regalaron a la representante de la administración de Milei, Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, una gorra roja con la frase «Make Impsa Great Again» que tenía la misma identidad gráfica de las repartidas por Trump con las palabras «Haz América grande otra vez» (MAGA, por sus siglas en inglés).
Impsa se presenta como una empresa líder en diseño y fabricación de turbinas para energía hidroeléctrica, eólica y nuclear que exporta a más de 40 países y cuenta con más de 100 empresas locales asociadas. Según medios argentinos, Arceneaux fundó Arc Energy Equipment en el año 2011. En 2016 abrió una filial, Arc Energy Fabrication y luego Arc Energy Service and Supply. En 2018 inauguró su división mundial con Arc Energy Global.
Arceneaux fue copropietario de Flow Control Services, un proveedor de soluciones de válvulas especializado en la industria del petróleo y el gas. Entre 2022 y 2024 fue miembro de la junta directiva de Lagcoe, organización sin fines de lucro del sector energético.
También aparece como asesor de BE Energy, una empresa matriz de un grupo diverso de filiales, entre las que se incluyen BE Carbon Solutions, BE Midstream y BE Sustainable Engineering. Se encarga de asesorar a la compañía con especialización en inversiones en energías tradicionales y renovables.
Impsa era originalmente de una familia ligada al kirchnerismo que consiguió un contrato eléctrico mil millonario en Venezuela en la era de Hugo Chávez. Pero tras una larga crisis económica, la familia Pescarmona logró que las autoridades de Mendoza asumieran el control de la compañía que prácticamente estaba en quiebra.
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Impsa fue contratada por el Estado venezolano, en 2008, para suministrar 10 turbinas Kaplan de 232 MW de capacidad en Tocoma y el equipamiento de Macagua. La Corporación Andina de Fomento (CAF) concedió un préstamo de 600 millones de dólares para la adquisición de turbinas en Tocoma. La ejecución de los proyectos estuvo marcada por retrasos y sobreprecios. Tan solo en Tocoma el presupuesto pasó de 300 a 1.000 millones de dólares en aquel momento.
Para ganar esa licitación, Impsa inició el proceso en 2004 y compitió con las transnacionales General Electric, Alstom, Siemens, Hitachi, Mitsui, Harbin, entre otras.
Venezuela acumuló una deuda de 300 millones de dólares con la empresa argentina por estas obras. La nueva directiva reportó en enero de 2026 que puso en marcha una estrategia para cobrar ese monto.