Caracas.- La reciente firma de un acuerdo entre la administración de Delcy Rodríguez y la empresa latinoamericana IMPSA para la recuperación de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar, conocida como Tocoma, ha generado cuestionamientos desde sectores técnicos y políticos que denuncian la ausencia de transparencia en el proceso.
El ingeniero Jesús Armas criticó la forma en que se concretó la negociación, afirmando que se trata de un procedimiento cerrado y sin competencia pública. En sus palabras, “lo hacen a dedo, sin licitación pública y de espaldas a la gente".
El especialista señaló además que la decisión evidencia, a su juicio, una desconexión con las prioridades reales del sistema eléctrico nacional. Consideró que la culminación de Tocoma no representa la intervención más urgente dentro del sector energético y cuestionó la asignación de recursos en ese proyecto frente a otras alternativas de rehabilitación de infraestructura existente.
Armas sostuvo que, con una fracción de la inversión prevista, podrían atenderse otras instalaciones estratégicas del sistema eléctrico. En ese sentido, afirmó que “con apenas un tercio de esa inversión, se podría rehabilitar la Planta Centro, logrando un impacto mucho mayor, más eficiente y más rápido para la estabilización del Sistema Eléctrico Nacional".
En sus declaraciones, el vocero de la ONG también recordó el historial financiero de la obra, señalando que el proyecto Tocoma ha estado marcado por sobrecostos y retrasos significativos. Según explicó, el presupuesto inicial de la central, estimado en alrededor de 3.000 millones de dólares, habría superado los 9.000 millones tras modificaciones contractuales y la participación de empresas como Odebrecht.
“Hoy, catorce años después de su supuesta inauguración, Tocoma produce 0 megavatios de los 2.160 proyectados. No está la obra, ni está la plata", expresó Armas, al referirse al estado actual del proyecto.
El especialista también advirtió sobre lo que calificó como un problema estructural en la gestión pública. A su juicio, el principal obstáculo para la recuperación del sistema eléctrico es institucional. “Si no se respetan las leyes venezolanas de contratación y licitación, caemos en un vacío institucional donde la República —los ciudadanos que pagan las obras y los verdaderos dueños de los activos— queda excluida del plan de reestructuración del país", señaló.
El acuerdo con IMPSA, anunciado recientemente por autoridades del sector eléctrico, busca reactivar la construcción de la central hidroeléctrica ubicada en el estado Bolívar, una obra paralizada desde hace más de una década y considerada clave dentro del sistema energético nacional.