Caracas.– Entre las primeras órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump en el inicio de su segundo periodo como presidente de Estados Unidos está designar organizaciones terroristas extranjeras a los carteles de droga y bandas criminales transnacionales, entre las cuales se encuentra la venezolana Tren de Aragua.
“La actividad de los carteles amenaza la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental", apuntó Trump durante su discurso del 20 de enero, cuando asumió como el 47º presidente estadounidense.
A propósito de estos grupos, al pasar a formar parte de una lista de organizaciones terroristas extranjeras, que incluye al Estado Islámico y a Al-Qaeda, las empresas y ciudadanos estadounidenses tendrán prohibido darles apoyo material y, en caso de hacerlo, podrían tener penas de hasta 20 años de cárcel.
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“El apoyo material a estas organizaciones está tipificado en una ley por la cual un individuo o corporación, aunque no tenga conocimiento, que aporten ayuda para un fin asociado con el terrorismo enfrentan penas muy fuertes: hasta 20 años de cárcel, multas de un cuarto de millón o, en algunos casos, cadena perpetua", señaló a EFE el fundador de EAD Global Consulting y exagente del FBI experto en crimen transnacional, Alexander Drickersen.
Asimismo, la ley de enemigos extranjeros, promulgada en 1798, permite al Gobierno estadounidense expulsar a migrantes sin un debido proceso legal. En su discurso, Trump prometió usar esta ley para que su administración una todas las fuerzas federales y estatales en la eliminación de pandillas extranjeras y redes criminales que devastan al país.
En cuanto al Tren de Aragua, indicó un funcionario del equipo de transición en una llamada con periodistas, el gobierno de Trump ordenará la deportación de las personas que sean consideradas miembros de la banda criminal, reseña el medio Noticias Caracol.
Este grupo criminal venezolano, que surgió en una prisión del estado Aragua y se expandió por varios países de Suramérica, también fue sancionado por el Departamento del Tesoro en julio de 2024, en la administración del expresidente Joe Biden.
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