El fiscal general Tarek William Saab denunció lo que llamó «graves violaciones a los derechos humanos» de 252 venezolanos detenidos en El Salvador. Según un comunicado del Ministerio Público estas personas han sido «sometidas a detenciones arbitrarias, incomunicaciones, traslados forzados y privaciones de libertad, sin juicio, sin defensa y sin debido proceso».
El Fiscal rechazó que la Corte Suprema salvadoreña declarara «improcedente nuestra intervención, alegando que la comunicación enviada no cumple con los requisitos legales y formales establecidos, ni se realizó por los canales diplomáticos adecuados»
Saab calificó esas acciones como un intento de legitimar desapariciones forzadas bajo pretextos formales.
«El Ministerio Público localizó y entrevistó a 116 familiares de los detenidos. Estas entrevistas han sido puestas a disposición de los abogados que representan a los afectados y del sistema de justicia salvadoreño, en caso de que este decida escucharlas», indicó Saab.
El comunicado critica duramente al gobierno de El Salvador, acusándolo de eludir su responsabilidad y negarse a cooperar no solo con Venezuela, sino con los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos. Saab señaló que estas acciones ocurren «a la vista de organismos multilaterales y bajo el silencio cómplice de quienes dicen defender los mismos».
Saab asegura que existe «el compromiso del Ministerio Público de no descansar hasta lograr la restitución de la dignidad, la libertad y la justicia para cada uno de los ciudadanos afectados por estas violaciones».
Qué pasa con los venezolanos en El Salvador
A 252 venezolanos los envió Estados Unidos, entre los meses de marzo y abril pasados, a la cárcel salvadoreña del Cecot (Centro contra el terrorismo), un recinto penitenciario de máxima seguridad que tiene denuncias ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por violaciones a los derechos humanos.
El gobierno de Donald Trump, tras firmar un acuerdo con el de Nayib Bukele, señaló a la gran mayoría de esos venezolanos de ser supuestamente miembros de la banda criminal Tren de Aragua, pese a que familiares de varios de ellos negaron tales acusaciones de la Casa Blanca.
Desde su detención, las familias han intentado tener contacto con los detenidos, pero no han logrado hacerlo porque los mantienen aislados y sin acceso a defensa legal privada.