Gracias al Parole Humanitario, implementado en 2019 por el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden, Daniel Aguirre logró entrar a los Estados Unidos junto a su esposa, Yanis y su hijo de 2 años, Sebastian. Huyeron de Venezuela debido a la emergencia humanitaria compleja que merma la calidad de vida de sus habitantes. Seis años después de establecerse, pagar sus impuestos, vivir bajo las leyes estadounidenses, tiene miedo de salir a la calle.
Yanis está embarazada. Daniel trabaja como delivery de comida, taxista y cualquier otro trabajo que pueda garantizar ingresos a la familia. Su hijo va a un colegio en Seattle, en Washington. Tenían una vida normal hasta que en octubre de 2024, Donald Trump, fue electo como el 47° presidente de los Estados Unidos. Con él, la persecución a los migrantes, a quienes se refiere de ilegales o aliens, comenzó. Y los venezolanos no estaban exentos de ello.
En 2025, fue eliminado el Estatus de Protección Temporal (TPS), el Parole Humanitario, ambas herramientas de protección para los migrantes venezolanos que huyen del gobierno de Nicolás Maduro. “No creo que pueda volver a visitar Disney World por un buen tiempo. Las redadas son cada vez más frecuentes”, relató a Efecto Cocuyo en la víspera de la Navidad.
Teme ser deportado con su familia, que lo separen de sus hijos, y que el mundo que construyó con esfuerzo se acabe de la noche a la mañana.
“Ahora incluso me tengo que cuidar cuando estoy haciendo rutas de pedido. Evito hablar mucho, manejo con mucho más cuidado para evitar las multas; casi no salgo a lugares nocturnos para evitar una situación de peligro”, contó.
El llamado sueño americano parece que ha perdido su brillo ante los ojos de Daniel y su esposa. “Agradezco mucho lo que Estado Unidos me ofreció, algo que en Venezuela nunca iba a poder obtener”, dice. Sin embargo, para él, salir del país que lo acogió no es una opción. “No me quiero ir, a menos que me deporten. En Venezuela no hay vida”, sentenció.
En una entrevista telefónica con Efecto Cocuyo, la abogada María Burgos, experta en derecho migratorio, señala que la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) fue una decisión “súbita y sorpresiva”, con consecuencias directas para miles de personas que residían legalmente en Estados Unidos bajo ese amparo.
“La terminación tan pronta y súbita del TPS fue una sorpresa bien lamentable”, dijo Burgos, al recordar que otros países han mantenido este estatus durante años y que intentos previos de eliminarlo habían sido frenados en las cortes.
Explicó que una de las principales consecuencias fue la pérdida inmediata del estatus migratorio y del permiso de trabajo. “La gente se quedó sin estatus y perdió su derecho a trabajar”, indicó.
En relación con el impacto económico y social de la pérdida del permiso de trabajo, la abogada fue enfática. “Sin trabajo no produces, si no produces no puedes pagar seguros, no tienes atención médica y no puedes pagar la renta”, expresó.
Señaló que, aunque algunas personas trabajan de manera informal, las opciones son cada vez más limitadas. “Son muy pocas las empresas que se están arriesgando, porque las multas son muy altas”, dijo.
Sin documentos
Con 23 años, Carla Sandoval logró migrar a los Estados Unidos por la implementación del Parole Humanitario. Entró por un aeropuerto. Llegó a Denver, Colorado, a principios del año 2025 y compró su primer automóvil. “Fue uno de los días más felices que tuve aquí, poder comprarme mi carro, moverme con libertad”, dijo.
Empezó a trabajar de mesera, hacía horas nocturnas, por suerte en el establecimiento no había problemas para hablar en español. Compartía con sus compatriotas, con amigos extranjeros como ella, mexicanos, colombianos, peruanos, guatemaltecos; en otras palabras, se sentía apoyada, acogida por el nuevo país.
Cuando eliminaron los estatus de protección perdió su empleo. “Muchos fueron despedidos; entre esos, yo. Mi familia por suerte también está aquí, así que no pasé mucho tiempo sin encontrar otras formas de ingresos. Vendía ropa en Venezuela, pude sobrevivir con mis ahorros por suerte”, relató.
Ahora, Carla está en búsqueda de un nuevo empleo. Comenzó a vender zapatos por las redes sociales, a hacer entregas de delivery, mantener sus finanzas acorde para poder pagar la renta; pero ella no tiene un número de seguro social, apenas logró sacar la licencia de conducir, antes de que el trámite se volviera cuesta arriba para los migrantes con estatus irregular.
Además de los despidos masivos, la abogada Burgos precisa que la pérdida del estatus también impide acceder a documentos básicos. “Otra consecuencia es la falta de licencia de conducir, porque no pueden obtenerla”, dijo.
Sobre la terminación del programa de parole humanitario, la abogada sostuvo que esta medida no resultó inesperada. “Esa no fue una sorpresa”, explicó, al precisar que se trataba de un programa temporal gestionado desde Washington y no directamente por inmigración.
Indicó que el parole humanitario fue diseñado para permitir el ingreso legal de personas por razones humanitarias. “Se usó para que la gente que no tenía visa o que intentaba venir por la frontera pudiera entrar legalmente”, señaló.
Recordó que el programa tenía una duración de dos años, pero subrayó que muchas personas no estaban dispuestas a regresar tras ese período. “Después de año y medio o dos años aquí, la gente ya no se quiere ir”, afirmó.
Burgos advirtió que aún existe un debate legal sobre la validez del ingreso bajo ese mecanismo. “Está todavía en discusión si fue una entrada legal o no”, dijo.
Desde el Darién
Roberth Martínez tiene 25 años de edad. En julio de 2021, salió de Venezuela con un bolso de mano y emprendió una caminata hasta Estados Unidos. Sí, tuvo que atravesar el Darién con todos los peligros que implicaba. Casi fue víctima de robo, de no ser por la ayuda de su amigo en el camino.
“Llegué por la frontera, pude pasar. Salí de Venezuela para darle una mejor vida a mi familia que dejé y ahora, con todo el tema del ICE, es difícil pensar que hay un futuro aquí”, dijo.
El joven, oriundo del estado Aragua, ahora solo piensa en trabajar para poder ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, por si en algún momento lo deportan.
“He visto muy pocas veces a las patrullas del ICE. La primera vez me paralicé, pero no ocurrió nada porque solo iban de paso. Es una zozobra vivir de esta manera, se supone que este es el país de la libertad y bueno entiendo que no muchos se han portado bien, pero no es justo vivir con esta incertidumbre”, apuntó el joven habitante del estado de Texas.
Endurecimiento de las políticas migratorias causan gran preocupación
“Ha sido una catástrofe”, dice Burgos, al referirse de forma general a las consecuencias de estas medidas. “El permiso de trabajo es un documento importante para poder subsistir y tener una vida digna en este país”, añadió.
Sobre el panorama futuro para los venezolanos, manifestó su preocupación por el endurecimiento de las políticas migratorias. “Estamos en una lista negra como país”, aseguró, al mencionar las restricciones de visas y la reducción del tiempo de permanencia para turistas.
Indicó que varios procesos migratorios se encuentran paralizados. “El procesamiento de casos está detenido: ciudadanía, residencias por matrimonio, entrevistas, todo está parado”, señaló.
También advirtió sobre un aumento en las deportaciones y detenciones. “Las deportaciones contra los venezolanos son muy duras y las detenciones muy fuertes”, afirmó.
Burgos considera que este contexto podría llevar a salidas voluntarias. “La gente se va a comenzar a ir voluntariamente”, tras un desgaste emocional y económico.
La abogada llamó a la prudencia al buscar orientación migratoria. “Hay que tener mucho cuidado con consejos cómo meter asilo solo para ganar tiempo”, advirtió.
“Yo no le voy a decir a un venezolano que se vaya a un país donde no se quiere ir o donde puede correr peligro”, concluyó.