El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) aprobó una resolución con la que se avala la candidatura de tres académicos a los cargos de fiscal general y defensor del pueblo, en el proceso de escogencia que lleva adelante el Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano de la Asamblea Nacional (AN).
Se trata de la doctora Magaly Vásquez, actual secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), casa de estudios que también la respalda, y del abogado constitucionalista y profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, Nelson Chitty La Roche, para dirigir el Ministerio Público.
Asimismo, la UCV propone a su director de Derechos Humanos, el profesor Vladimir Alvarado, para la Defensoría del Pueblo.
“(…) Bajo la firme convicción de que las instituciones del Estado deben ser conducidas por ciudadanos de probada rectitud moral y excelencia intelectual, se dirige a la nación para avalar formalmente la postulación de tres distinguidos académicos a los cargos de Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo”, reza el comunicado firmado por el rector Victor Rago y la secretaria Corina Aristimuño.
La AN cierra este 13 de marzo el proceso de postulaciones para ambos cargos, el cual se abrió desde el 2 de marzo hasta el 9 de marzo, con prórroga de cuatro días. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, destacó recientemente que la presentación de nombres superó las expectativas. En esta oportunidad no se escoge al contralor de la República.
Abogan porque priven méritos
“Consideramos que estos cargos, por su naturaleza trascendental, constituyen bastiones de justicia que exigen la profundidad analítica y la probidad ética que solo una trayectoria dedicada a la formación ciudadana y a la investigación científica puede otorgar (…) presentamos ante el país los nombres de tres universitarios cuya experiencia y catadura moral son fundamentales para la reconstrucción del tejido institucional”, prosigue el comunicado del Consejo Universitario.
La UCV recalcó que la presencia de estos académicos en órganos del Poder Ciudadano garantiza independencia, modernización de la gestión pública y un diálogo social genuino. Instó al Comité de Postulaciones para que la selección final privilegie el mérito profesional y la vocación de servicio en aras de que los conocimientos y la experiencia “iluminen el sendero de la justicia” y los DDHH en Venezuela.
Ante la renuncia de Tarek William Saab como fiscal y de Alfredo Ruiz como defensor, el pasado 25 de febrero, la AN designó en calidad de encargados al abogado Larry Devoe en el Ministerio Público y al propio Saab en la Defensoría del Pueblo. ONG, juristas y defensores de DDHH esperan que el Parlamento y el interinato den señales de avance hacia una transición democrática, con el nombramiento de un nuevo fiscal y defensor independientes.