Esta semana, el tema Venezuela fue tratado tanto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra y en la 80 sesión de la Asamblea General de la ONU que tuvo lugar en Nueva York.
Por un lado, la Misión de Determinación de los Hechos dejó constancia del aumento de la represión y, por el otro, se agregó el tema de las tensiones con Estados Unidos por los señalamientos de “narcoterrorismo” por parte de la Casa Blanca contra la administración de Nicolás Maduro en Venezuela.
“Vimos en Ginebra cómo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Misión de Determinación de los Hechos, presentó su informe, como hemos dicho, demoledor, desgarrador, al punto que países que en el pasado se callaban la boca o incluso apoyaron al régimen, se pusieron del lado de los venezolanos, crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado puro y duro.
«Al mismo tiempo en Nueva York, en la asamblea general anual de la ONU, se expuso el carácter narcoterrorista del régimen de Maduro, este es un cartel que trafica y tortura, terrorismo de Estado hacia adentro, contra la gente, narcoterrorismo hacia afuera”, fue la opinión de la líder opositora, María Corina Machado, sobre lo sucedido en ambas instancias, expresada este viernes 26 de septiembre.
Analistas consultados por Efecto Cocuyo destacaron que los mecanismos de escrutinio y debate de la ONU ayudan a que países como Noruega, que hasta hace poco había mostrado posiciones neutrales sobre la situación en Venezuela, hayan tenido finalmente que mostrar sus posturas con foco en la defensa de los derechos humanos.
La internacionalista Nastassja Rojas también destacó el apoyo político que dejaron sentado Brasil y Colombia hacia Miraflores, frente al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, mas no “militar”, como lo había asomado y luego desmentido el presidente neogranadino, Gustavo Petro.
Las duras palabras de Trump
“Hemos empezado a usar al poderoso Ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro, y a todos los matones que envían drogas a EEUU que sepan que los vamos a bombardear para que dejen de existir. No tenemos más opción que eso”, fue el «misil» verbal que lanzó el presidente de EEUU, Donald Trump, al inicio de la Asamblea este 23 de septiembre.
Pero Trump no solo arremetió contra Maduro, también lo hizo contra la ONU en su propio espacio, al preguntar cuál era la utilidad del organismo multilateral. Subrayó que la ONU «tiene un potencial tremendo», pero no lo está utilizando: «Todo lo que parece que hacen es escribir cartas con palabras muy fuertes y luego nunca darle seguimiento».
Para Rojas, la asistencia de mandatarios a la Asamblea de la ONU hace que se convierta en un escenario “altamente politizado”, lo que lleva las discusiones a otros terrenos. En este sentido, considera negativo que EEUU intente quitarle legitimidad a los mecanismos de escrutinio de dicha instancia que se usan especialmente para promover el respeto a los derechos humanos.
Lo positivo, resaltó, es que en dicho espacio de discusión se eleve el “costo político” a los Estados a la hora de expresar posturas a favor de regímenes como el venezolano.
“Rescato de los últimos informes y pronunciamientos del sistema universal que ha forzado a los Estados a abandonar la idea de mantener cierta neutralidad, objetividad o tratar de negociar. Creo que elevar los costos a los demás Estados que intentan ser solidarios con el régimen también funcionan. En lugar de hablar de solidaridad con Venezuela, deberían hablar de solidaridad con la población que sufre y es para lo que sirven estos espacios de escrutinio internacional”, sostuvo la también politóloga.
La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, reiteró en su discurso en la Asamblea General de la ONU su compromiso en apoyar a EEUU para luchar contra el narcotráfico en el Caribe.
Los que apoyaron la narrativa de Maduro
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no desaprovechó su intervención en la Asamblea de la ONU para criticar, también con severidad, la destrucción de lanchas en aguas internacionales del Caribe, con la muerte de sus ocupantes, como parte del despliegue militar de EEUU para combatir el narcotráfico.
«Eran caribeños, posiblemente colombianos. Y si fueron colombianos, con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los EEUU, así se incluya al funcionario mayor que dio la orden: el presidente Trump, que permitió los disparos de los misiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza», recriminó Petro.
Asimismo, el mandatario neogranadino dejó salir su ideología política al afirmar que EEUU necesita “violencia para dominar a Colombia y América Latina” y “destruir” y lanzar misiles para imponerse.
El presidente de Brasil, Lula Da Silva, se pronunció en un tono similar. Expresó su preocupación porque la Casa Blanca equipare criminalidad con terrorismo y sostuvo que la manera mas efectiva para luchar contra el trafico de drogas es la cooperación internacional.
«Usar la fuerza letal en situaciones que no constituyen conflictos armados equivale a ejecutar personas sin juzgamiento«, advirtió igualmente sobre la destrucción de las embarcaciones que presuntamente transportaban drogas, provenientes de Venezuela, algo negado por el chavismo.
Pese a las diferencias con el presidente brasileño, Trump en su discurso mostró disposición a “negociar” con Lula porque “le cayó bien”.
¿Qué se dijo en Ginebra?
Un dia antes del inicio de la Asamblea General de la ONU, la Misión de Determinación de los Hechos presentó en Ginebra, ante el Consejo de DDHH de Naciones Unidas, la actualización del informe que aporta «nueva evidencia de la dura represión postelectoral que siguió a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024» y establece que la persecución política «ha continuado en 2025 contra aquellos que defienden los derechos humanos y las libertades».
A juicio de los analistas, no puede pasar desapercibido porque también hubo reacciones importantes por parte de ciertos países como Noruega, antiguo mediador en el conflicto político venezolano que facilitó el Acuerdo de Barbados de 2023.
La jefa de la Misión, Marta Valiñas, destacó que «no existe autoridad nacional que haya demostrado ser capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes internacionales», por lo que «la única esperanza de justicia para las víctimas» recae en definitiva en la comunidad internacional.
“Sabemos de las limitaciones de la Misión (impedida de visitar Venezuela), pero sigue siendo muy importante que en un contexto cerrado como el de Venezuela, con una metodología rigurosa que hace irrefutable lo que está en el informe, se siga revelando lo que pasa en Venezuela: 1) que la represión no se detiene y 2) que se mencione todo lo que tiene que ver con violencia sexual y de género, el ataque sistemático, la posible ocurrencia de crímenes de lesa humanidad. Que esto sirva de insumo para otros sistemas y espacios de justicia universales”, señaló Rojas.
El abogado especialista en derecho penal internacional y defensor de DDHH, Simón Gómez Guaimara, coincide en la contundencia del informe de la Misión porque ratifica la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el agravamiento del patrón sistemático de represión y la falta de un aparato de justicia que establezca responsabilidades.
“Ha aumentado superlativamente la existencia de una política deliberada para la perpetración de estos crímenes que combinan detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales. El informe dejó claro que luego de las elecciones presidenciales y la toma de posesión de 2025, el aparato de represión se desplegó con mayor sofisticación y brutalidad, incluso contra niños, adolescentes y personas extranjeras ”, expresó.
Los países y el informe
“Nos sumamos a las inquietudes de la Misión. Hacemos un llamamiento a Venezuela para que cese la violencia política y ponga fin a la impunidad”, fue la reacción de la representación de Noruega ante el informe de la Misión de la ONU.
Hasta habló de “complicidad” del sector judicial y de la Defensoría del Pueblo con las autoridades venezolanas en la comisión de delitos contra los DDHH. Paraguay, Argentina, Portugal, Bélgica, Irlanda, Austria y Polonia también se pronunciaron contra la “supresión” de la oposición política en Venezuela, la persecución contra defensores de DDHH, periodistas, comunidades indígenas y personas LGBTI.
Perú y Suiza fueron más “moderados” al abogar por la paz, la democracia y el estado de derecho en Venezuela. Suiza se ofreció a “construir puentes” para una solución a la crisis sin descalificar el informe.
“Hasta Colombia reconoció oficialmente la gravedad del informe, aunque mantuvo una posición fría y distintamente en la sesión del Consejo de DDHH, pese a ser uno de los países más afectados por la situación humanitaria que ha dado lugar a la migración masiva de venezolanos”, acotó Gómez Guaimara.
En la otra acera, Rusia, Bolivia y Cuba rechazaron la “actitud injerencista” tanto de EEUU con el despliegue aeronaval como del informe de la Misión y rechazaron que se usen los mecanismos internacionales de DDHH para ejercer “presión política” para “desestabilizar” y provocar un cambio de gobierno en Venezuela.
La representación de Miraflores, por su parte, calificó de “novelesco” el informe de la Misión, lo que a juicio del abogado dejó en evidencia la falta de voluntad para reconocer los delitos y de disposición a investigar y sancionarlos. Acotó que el informe de la Misión es una invitación urgente para que la Corte Penal Internacional (CPI) actúe en el juicio contra el Estado venezolano sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos desde 2017.