Ante el plazo de tres días dado por el gobierno de Nicolás Maduro a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para que abandone el país, partidos y dirigentes políticos expresaron su rechazo y alertaron a la comunidad internacional sobre el «estado de indefensión» en el que dicha medida sume a defensores de derechos humanos en Venezuela.
«En Venezuela, la dictadura investigada por crímenes de lesa humanidad ahora expulsa a la oficina de la ONU que documenta en terreno nuestra situación de derechos humanos. Alertamos al mundo sobre la indefensión en la que quedamos partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y sociedad civil ante esta situación», expresó el partido Voluntad Popular (VP), en su cuenta de la red X.
El gobierno de Maduro, a través de su canciller Yván Gil, anunció la suspensión de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela y les dio plazo de 72 horas a sus funcionarios para abandonar el país, bajo el argumento de que «se inmiscuyeron en asuntos internos» al cuestionar el papel de la justicia en los últimos días tras la detención de Rocío San Miguel.
Alerta
La excandidata a las primarias opositoras y presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, atribuyó la medida anunciada por el canciller a que el gobierno de Nicolás Maduro no quiere supervisión de organismos internacionales en territorio venezolano que verifiquen violaciones de DD. HH. Asimismo, al pronunciamiento en rechazo a la detención de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
«La medida de expulsión del país de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos es de suma gravedad y pone de manifiesto el estado de indefensión en el que nos encontramos los venezolanos ante un régimen acusado de cometer crímenes de lesa humanidad y de violar de forma sistemática los DD. HH. de sus ciudadanos. Es por ello que hacemos un llamado de ALERTA INTERNACIONAL al mundo democrático», manifestó la exdiputada de 2015.
Solórzano condenó que el gobierno solo permitiría la permanencia de la Oficina del Alto Comisionado si guardaba silencio sobre el aumento de la represión gubernamental en Venezuela.
«En el momento en que el alto comisionado Volker Turk se pronuncia por las violaciones al debido proceso en el caso de Rocío San Miguel y su familia, la reacción del régimen es tomar represalias con la expulsión de los miembros de su oficina en Caracas, ya que no toleran haber quedado en evidencia ante el mundo luego de las graves actuaciones de los organismos de represión del Estado», agregó.
El 15 de febrero, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD. HH. pidió respetar las garantías y el debido proceso en el caso judicial contra Rocío San Miguel, acusada de conspiración y traición a la patria por presuntamente participar en una trama conspirativa contra el gobierno de Maduro.
Anteriormente, el 13 de febrero, manifestaron su preocupación por la detención de San Miguel y hablaron de desaparición forzada al no conocerse el paradero ni el sitio de reclusión de la defensora de derechos humanos.
«Buscan aislar al país»
El dirigente de Primero Justicia (PJ), Juan Pablo Guanipa, señaló igualmente que la expulsión de la oficina del Alto Comisionado es una «grave afrenta» a las víctimas de violaciones sistemáticas de DD. HH.
Desde el exilio, el también dirigente de la tolda aurinegra, Julio Borges, llamó a la comunidad internacional a «volcarse» sobre Venezuela y «activar acciones» para garantizar los derechos humanos y frenar la represión.
«Maduro expulsa a los miembros de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para seguir violando los DDHH y tratar de salirse de la ruta electoral de 2024. Todo esto demuestra lo débil que está y el miedo que tiene», expresó el exrepresentante del extinto gobierno interino, presidido por Juan Guaidó, para las relaciones internacionales.
El excomisionado del extinto gobierno interino, Miguel Pizarro, manifestó que el objetivo de Miraflores es apartar a cualquiera que denuncie violaciones de DD. HH. en Venezuela, independientemente de si son ONG, activistas de derechos humanos, líderes políticos, representantes de la comunidad internacional y demás mecanismos especiales que monitorean situación de derechos fundamentales en Venezuela.
«La decisión del régimen pretende aislar al país de la vigilancia internacional. De esta manera, esto solo le permitirá aumentar la violación de DDHH, la persecución, las amenazas, la falta de protección para las víctimas y para todo aquel que le sea oposición al régimen», sostuvo el exdiputado de 2015.
Piden a Petro pronunciarse
Desde el chavismo disidente también hubo expresiones de rechazo como la del exministro de Comunicación, Andrés Izarra, quien instó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a pronunciarse sobre la situación de los DD. HH. en Venezuela.
«Hoy que Venezuela anuncia la expulsión de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, este trino, Gustavo Petro, coge especial relevancia. Esperamos su pronunciamiento, presidente», escribió Izarra también en X.
El 14 de febrero, Petro advirtió, sin mencionar nombres ni gobiernos, que quienes excluyen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la ONU de sus países «no solo lo hacen porque no quieren saber de derecho internacional humanitario sino porque desencadenan dictaduras y genocidios.
«Son los Videla, Netanyahu y Pinochets de hoy, son los aprendices de Hitler», escribió Petro en su cuenta de X.
El partido VP se hizo eco del mismo llamado y preguntó al presidente colombiano si hacía falta más para condenar las acciones del gobierno de Maduro