La materia de derechos humanos en Venezuela tiene un déficit desde antes de la detención de Rocío San Miguel, abogada y defensora de derechos humanos, pero desde aquel día se han traspasado líneas que han convertido a Venezuela en un escenario de persecución política, reflexionó Óscar Murillo, director de la ONG Provea.
“Desde el viernes ( 9 de febrero) hemos visto líneas que se han traspasado y que llevan a un escenario de persecución política en Venezuela, que vemos agravado en una escala muy preocupante desde el 23 de enero de 2024, cuando luego de una denuncia de conspiraciones el presidente Nicolás Maduro llama a la furia bolivariana que ha conducido a la persecución de líderes sociales y defensores de derechos humanos”, dijo Murillo en el espacio CocuyoClaroyRaspao que conducen la directora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, y el miembro del Consejo Editorial de TalCual, Xabier Coscojuela.
Para el director de Provea, desde el Estado venezolano se usa el sistema de justicia para ir contra las voces disidentes y vulnerar los derechos. “Estamos ante la extinción del Estado de derecho en Venezuela”, advirtió.
El también periodista, destacó la necesidad de que se pida solidaridad internacional y apoyo a la comunidad internacional para que se monitoree la situación de los derechos humanos en Venezuela.
“No nos podemos conformar con un sistema de miedo, de represión donde se cierran los espacios de expresión ciudadana. Le pedimos a los venezolanos soñar más para sí mismos, reclamar sus derechos y que vale la pena este camino de resistencia que estamos pasando”, enfatizó.
El cierre de la oficina del Alto Comisionado
Murillo lamentó la decisión que tomó Caracas hoy de suspender la cooperación que mantenía con la Oficina de la ONU para DDHH en Venezuela y ordenar la salida, en 72 horas, de los funcionarios de la organización presentes en el país.
“La noticia de hoy es devastadora para las víctimas”, destacó Murillo.
Para el director de Provea el fin de la cooperación es una pérdida importante para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país y le expresó su solidaridad a los funcionarios de la oficina.
“El desamparo se amplía, es mucho mayor, el de las víctimas. Cuando ese equipo recorría los estados del país se reunía con trabajadores detenidos y las víctimas, recibían denuncias y hacían documentación. El contacto se corta, no se puede comparar tener una oficina y que haya una persona cumpliendo una labor en Venezuela con enviar un correo a Ginebra”, añadió.
Murillo destacó que absolutamente todos los movimientos que hacía la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela eran monitoreados por el Estado venezolano. “Con esta declaración se les cae la careta de decir que están abiertos a la cooperación”, sostuvo citando a Érika Guevara, presidenta de Amnistía Internacional.
El caso de Rocío San Miguel
Murillo destacó la gravedad de la detención y la desaparición forzada de la activista Rocío San Miguel.
“Viene una detención y una desaparición forzada, que le molesta al fiscal que la llamen así, pero es el patrón que hemos identificado cuando Rocío San Miguel ha sido incomunicada hasta el lunes (12 de febrero) que nos enteramos que estaba siendo investigada”, señala.
El periodista venezolano destacó que este patrón de persecución es algo que está documentado por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU. Añadió que la acción despierta el repudio generalizado de la población.
En la opinión de Murillo la decisión del sistema de justicia contra San Miguel es una forma de incrementar la persecución y, con ello, cerrar los espacios de los ciudadanos para disentir.
“Una cosa que nos parece muy grave es la amenaza pública que hace el fiscal, que no solamente comete estas violaciones, sino que también le molesta la solidaridad con una víctima. Hay una solidaridad en la calle con Rocío San Miguel”, sostuvo.
Murillo destacó que la detención de San Miguel es algo genera rechazo en la gente que repudia el accionar del Estado. “Se condena y se pretende que no se alce la voz ante una violación de derechos humanos, pero como una organización de DDHH puede callar esta arbitrariedad”, señaló.
“Esto de Rocío San Miguel (la detención) es un mensaje para todos los que critican, adversan y expresan disidencia. Hay un sistema de sembrar miedo, que termina inhibiendo a muchas personas. Esto es pura fuerza bruta y hacia dónde se está conduciendo este proyecto político”, complementó.
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