Previo a los eventos del 3 de enero, las expectativas sobre lo que sería la Asamblea Nacional (AN) a instalarse para el nuevo mandato 2026-2030 no eran muy elevadas, especialmente porque se dio por descontado que Jorge Rodríguez seguiría al frente.
De hecho, el diputado reelecto fue ratificado en la jefatura del Parlamento, pero en un contexto muy distinto: la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores por parte de Estados Unidos y la “cooperación” entre la presidencia encargada con el gobierno de Donald Trump, dirigida, según el mandatario norteamericano, a garantizar una “transición ordenada” en Venezuela.
“Estamos ante una nueva realidad política, admitido por Delcy Rodríguez y por la oposición. Será la legislatura más difícil de la historia del país”, afirmó el diputado de la fracción parlamentaria “Libertad” (como se ha denominado al grupo que integran UNT, Unión y Cambio y Lapiz), Antonio Ecarri.
En el Parlamento aún no se define oficialmente la agenda legislativa 2026, apenas el martes 13 de enero se conformaron las comisiones permanentes, pero Jorge Rodríguez adelantó ante el Ejecutivo, durante la notificación de instalación de la AN, que se han planteado cambios en torno a ocho códigos, a saber:
Código Penal Popular, Código Social Venezolano, Código Económico y de Comercio Productivo, Código de Democracia Directa, nuevo Código Civil, Código Ecológico Ambiental, Código de Protección Integral de las Personas Vulnerables y Código Electoral.
“Cambios no pueden ser unilaterales”
“La adecuada codificación de las leyes debe implicar su actualización con transparencia, certidumbre. No se sabe a qué cambios exactamente se refiere Jorge Rodríguez, pero vamos a estar vigilantes para que de verdad se beneficie al pueblo venezolano”, aseguró Ecarri, al ser consultado por Efecto Cocuyo.
Mencionó, a manera de ejemplo, que el Código de Comercio es muy antiguo y urge eliminar las trabas burocráticas que se les presentan a quienes desean constituir una compañía y obtener múltiples permisos. Advirtió que los sectores de la vida nacional involucrados con las materias objeto de reforma, deben ser necesariamente consultados, por lo que no puede haber un proceso parcializado ni exclusiones.
“Los cambios no pueden darse de manera unilateral, sino a través de un consenso nacional. Otra materia importante es la legislación que tenga que ver con minas e hidrocarburos, porque debe garantizarse la base y la certidumbre política a las inversiones en Venezuela que demandan seguridad jurídica. Debe haber una coherencia en la legislación sobre servicios sociales, seguridad social, condiciones del personal de salud, de los maestros. Muchas cosas sobre las que legislar, pero no para atar sino para facilitar”, describió el excandidato presidencial.
Desde el Palacio de Miraflores, en reunión con los diputados de la AN, encabezados por la directiva (8 de enero), Delcy Rodríguez también apuntó que el Ejecutivo que dirige de manera transitoria por la detención de Maduro propondrá leyes como la de minería, comercio exterior, derechos socioeconómicos y propiedad industrial.
También agregó las áreas de ciencia y tecnología, inteligencia artificial, medicina natural, derechos digitales, ciberseguridad y la no menos importante ley sobre el sistema eléctrico nacional, uso racional de energía y telecomunicaciones, además de una ley de “paz y convivencia nacional”.
“Al servicio de la estabilidad nacional”
El gobierno encargado de Venezuela y el de EEUU acaban de concretar un acuerdo petrolero de 31 millones de barriles por 500.000 millones de dólares, según informó este 13 de enero la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Los recursos serán administrados por Washington.
Trump también ha asegurado que con dichos fondos será rescatado el sistema eléctrico nacional -con equipos comprados en EEUU- lo cual es fundamental para levantar a la industria petrolera, como se lo han propuesto ambas administraciones. En este sentido se cree que las leyes relacionadas con la materia energética tendrán prioridad en el Parlamento que dirige Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada. Trump ha destacado la colaboración de Miraflores, ahora sin Maduro.
“El ordenamiento jurídico debe estar al servicio de la estabilidad nacional; por ende, la renovación del ordenamiento jurídico venezolano debe ser analizado bajo el prisma de la prudencia institucional y el consenso social. No puede limitarse a un ejercicio de técnica legislativa. Un sistema de leyes moderno exige coherencia, accesibilidad y la eliminación de anacronismos que dificulten la actividad económica y la protección del ciudadano”, señaló la diputada suplente (Unión y Cambio) Amelia Belisario, a Efecto Cocuyo.
En coincidencia con Ecarri, subrayó que para que una reforma legislativa sea “oportuna y efectiva” no puede limitarse a una reestructuración formal de textos, sino que debe ser el resultado de un “diálogo nacional amplio”, que garantice la seguridad jurídica como pilar del desarrollo.
“En el contexto actual, todo esfuerzo legislativo debe ser una oportunidad para actuar como un puente hacia la reinstitucionalización del país, debe atender a los problemas estructurales profundos”, sostuvo.
Sin admitir públicamente el tutelaje de EEUU, Delcy dijo al nuevo Parlamento, compuesto por 256 diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y 29 de factores fuera del chavismo, que “no se puede permitir un Parlamento al servicio de poderes extranjeros ni de expresiones sociales, políticas y económicas de corte “extremista y fascista”, porque comprometen la independencia y soberanía del país.
¿Por qué ocho códigos?
De acuerdo con el presidente de la AN, la agrupación de las leyes en ocho códigos, busca “ordenar y actualizar el árbol legislativo de la República”.
Un abogado constitucionalista, que prefirió omitir su nombre para esta nota, explicó que desde la teoría del derecho, se agrupan varias leyes sobre una misma materia en un código para que haya un mayor orden.
“Significa darle orden a toda la materia, recogiendola en un código. No sabemos qué plantea Jorge Rodríguez; pero al hablar de democracia directa, por ejemplo, si alude al poder popular, al socialismo y a lo comunal, no está en la Constitución que sí establece el modelo de democracia participativa en el que la gente elige a sus representantes. Muchas leyes actuales han debido ser producto de una enmienda constitucional o una reforma, pero en lugar de eso invadieron el espacio constitucional, se excedieron”, advirtió el jurista.
El abogado cree que lo planteado por el jefe del Parlamento puede significar que la reforma constitucional propuesta por Maduro desde 2024, de la que nunca se conoció un borrador, ha quedado “sepultada”.
“De lo señalado por EEUU y la cooperación del gobierno encargado se desprende que la prioridad es el tema económico para luego arreglar lo político y, de último, la transición, por lo que las leyes especialmente en materia petrolera pueden tener prioridad en la nueva AN, a través de la cual los Rodríguez también trabajarán para preservar su cuota de poder frente a los cambios que se avecinan”, apuesta el constitucionalista.
Desde su instalación el pasado 5 de enero, la AN con mayoría del chavismo ha juramentado a la presidenta encargada, reconocida por EEUU; aprobado un acuerdo en homenaje a los militares y civiles que fallecieron durante la operación para extraer a Maduro y a Flores, pero sin atacar verbalmente a la administración de Trump, y designado a las directivas de las comisiones permanentes.
Además, el Legislativo recibió la Memoria y Cuenta de solo un año de ejercicio de Maduro – a través de Delcy Rodríguez- luego de haber sido proclamado como Jefe de Estado reelecto por el Poder Electoral, sin evidencias del triunfo, el 29 de julio de 2024
“La simplificación jurídica, por sí sola, no resuelve la complejidad ni la profundidad de los problemas del país. Cualquier reforma legal que aspire a la trascendencia debe atender, de manera simultánea, los desafíos estructurales que afectan la vida cotidiana del venezolano. La Venezuela de hoy, exige propuestas legales legítimas, que se originen del debate abierto, donde la academia, sectores productivos y la sociedad civil puedan participar activamente, requiere leyes que gocen de la confianza de todos los sectores. La ley debe ser, hoy más que nunca, el lenguaje común para el reencuentro de la nación”, recalcó Belisario.
Nueva realidad política
Ante una nueva realidad política que se impuso a partir del 3 de enero en el país, los consultados subrayaron la importancia de que la oposición democrática permanezca vigilante y trate de incidir para que los cambios conduzcan al puerto de una transición hacia la democracia, puesto que existe el riesgo, alertan, de un nuevo autoritarismo.
“La reforma constitucional puede haber quedado sepultada, pero la dupla Delcy y Jorge Rodríguez, que tienen un pensamiento propio, puede crear otros escenarios y otras salidas. Pudieran estar preparando su propia salida del poder a partir de un pacto con EEUU, pero también puede haber una transición hacia el autoritarismo”, advirtió el jurista que prefirió el anonimato.
Ecarri igualmente fue enfático en la calma y prudencia con la que se debe seguir el actual proceso político, pero con “presión democrática” y, sobre todo, consenso.
“Los cambios deben hacerse a través de un consenso nacional; si no, no serán viables, no quedarán en nada. Cada quien debe cumplir su papel, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. El fracaso de este proceso puede llevar a Venezuela al caos y los venezolanos ya han sufrido bastante”, agregó.
Belisario, al igual que lo hicieran diputados de Un Nuevo Tiempo (UNT), el 7 de enero, abogó porque la AN contribuya con la atención de la urgencia económica, especialmente la protección del salario de los trabajadores, la reactivación del aparato productivo y seguridad jurídica a la inversión y propiedad privada.
Reiteró igualmente la petición de una ley de amnistía para la liberación de todos los presos políticos y la reinstitucionalización de los Poderes Públicos.