Las garantías electorales no registran avance a tres meses de la firma del acuerdo político en Barbados, el 17 de octubre de 2023; ejemplo de esto es la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado, que aún no ha sido resuelta, y la ausencia de cronograma para la elección presidencial.
El mecanismo de revisión de las inhabilitaciones –anunciado antes de que expirara el plazo dado por Estados Unidos– fue interpretado como un avance por la delegación opositora que forma parte de la negociación y por los países acompañantes.
Sin embargo, la Sala Político Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) continúa sin dar respuesta a la demanda que introdujo el equipo legal de Machado en contra de la sanción que le fue impuesta por la Contraloría General de la República.
La defensa alega que la dirigente de Vente Venezuela nunca fue notificada por el contralor y que este acto administrativo afecta sus derechos políticos por lo que no podría inscribirse como candidata para las presidenciales de este año.
La Sala, presidida por el magistrado Malaquías Gil, tampoco permite que los abogados de Machado tengan acceso al expediente del caso.
¿Habilitaciones selectivas?
No obstante, la SPA sí respondió el recurso que presentó el exalcalde del estado Táchira, Daniel Ceballos. A pesar de que ha suspendido sus actividades por diversas causas, entre ellas una falla eléctrica con la que justificó no dar acceso al expediente de María Corina Machado, y había informado el pasado 17 de enero que no habría despacho “hasta nuevo aviso”, Ceballos confirmó la noticia un día después, el jueves 18 de enero.
“Se trató de entregar diligencia con la intención de conocer si fue admitida nuestra solicitud hecha el 13 de diciembre de 2023, en el lapso establecido para revisión de inhabilitaciones. No hubo despacho; sin embargo, a viva voz la secretaria del tribunal de manera informal afirmó que fue admitida”, dijo el exdirigente de Voluntad Popular.
Lo que abre la pregunta sobre si se producirán habilitaciones selectivas que favorezcan a candidatos menos populares.
Puerta giratoria
Otras concesiones que fueron consideradas como un avance, en el marco de la negociación, fueron las liberaciones de 16 presos políticos venezolanos y 10 ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con el registro de la ONG Foro Penal.
Pero rápidamente ocurrió un nuevo retroceso con la detención del dirigente de Encuentro Ciudadano Nelson Piñero y, más recientemente, del presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fenatev) en el estado Barinas, Víctor Venegas, el pasado miércoles 17 de enero.
Venegas no ha sido presentado ante los tribunales a pesar de que expiró el plazo de 48 horas que establece la ley para ello. Tampoco tiene contacto con sus familiares, según Foro Penal, lo que viola el artículo 44 de la Constitución.
Las detenciones, seguidas a liberaciones encajan en un patrón que los defensores de derechos humanos llaman “puerta giratoria”.
Concesiones al gobierno
Por otro lado, el gobierno de Nicolás Maduro obtuvo un alivio de sanciones que le autoriza temporalmente transacciones relacionadas con el sector de petróleo, gas y minería en Venezuela.
Además, se acordó la liberación de Álex Saab como parte de un “canje humanitario” de presos políticos, a pesar de que el empresario colombiano era señalado por la justicia estadounidense de haber cometido delitos relacionados con lavado de dinero.
Estas concesiones; sin embargo, no se tradujeron en garantías electorales hasta el momento. Si bien se permitió la realización de la primaria de la oposición, el 22 de octubre de 2023, el Poder Judicial ordenó suspender “todos los efectos” de la elección en la que resultó ganadora María Corina Machado por una amplia ventaja.
Luego, el Ministerio Público citó a los representantes de la Comisión Nacional de Primaria (CNP) y a los presidentes de las juntas regionales de la primaria en calidad de “investigados”. Un procedimiento que derivó en la detención del presidente de Súmate y exintegrante de la CNP, Roberto Abdul.
Posteriormente, Abdul fue liberado como parte de la negociación con la Casa Blanca a cambio de Saab.
Garantías electorales sin avance
En cuanto a las garantías electorales, el único paso que dio en esta materia fue el inicio de una jornada especial para la inscripción y actualización del Registro Electoral (RE), pero el esfuerzo no duró más de 15 días y finalmente fue suspendido por la convocatoria del referendo consultivo sobre el Esequibo, según el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Carlos Delpino.
A la fecha, el CNE no ha convocado nuevas jornadas, tampoco se conoce el cronograma de las elecciones. Venezuela es el único país de América Latina que no tiene fecha anunciada para los comicios.
Estas son las garantías electorales contenidas en el acuerdo político:
1️⃣ Proponer que el proceso electoral presidencial se realice en el segundo semestre del año 2024, atendiendo al cronograma constitucional.
2️⃣ Ejecución de la actualización del Registro Electoral permanente.
3️⃣ Desarrollo de todas las auditorias previstas en el sistema electoral venezolano, incluyendo las relacionadas con el RE, con la participación de todos los actores políticos, la observación internacional y los acompañantes nacionales de conformidad con ley electoral.
4️⃣ Solicitud de invitación a misiones técnicas de observación electoral acordadas incluida la Unión Europea, el panel de expertos de la ONU, la Unión Africana, Unión Interamericana de Organismos Electorales y Centro Carter a los fines de observar el proceso electoral presidencial sin perjuicio de los derechos de los actores políticos a invitar a acompañantes nacionales e internacionales dentro del marco de la ley.
5️⃣ Promoción de un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo sin injerencias externas con respeto a la ciudadanía, los actores políticos, la Constitución y las leyes del país. Las partes rechazan cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, paz de Venezuela.
6️⃣ Exhorto a todos los actores políticos y funcionarios públicos para respetar y cumplir normativa electoral y las decisiones del CNE durante el desarrollo de la campaña.
7️⃣ Requerir a las autoridades competentes la adopción de medidas para garantizar la seguridad, libertad de circulación y reunión para todos los candidatos en todo el territorio nacional.
Las partes promoverán que sea levantada cualquier medida que pueda afectar la seguridad de los candidatos y otros actores políticos.
8️⃣ Reconocimiento del derecho de actores políticos a disponer de mecanismos de financiamiento transparente que aseguren la pulcritud en su origen y manejo sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y la ley.
9️⃣ Promoción del equilibrio en los medios de comunicación públicos y privados así como asegurar igualdad de todos los candidatos en el acceso a medios de comunicación nacionales e internacionales así como en espacios públicos bajo la administración del Estado.
🔟 Se promoverá participación de todos los medios de comunicación en la cobertura de la campaña electoral conforme a lo previsto en la ley y los procedimientos establecidos por las autoridades competentes.
1️⃣1️⃣Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con requisitos establecidos para participar en la elección presidencial consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana.
1️⃣2️⃣ Reconocimiento público de los resultados de los comicios presidenciales.
Adicionalmente, acordaron respetar el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato.