El Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y el equipo legal de una parte de la oposición venezolana, específicamente la vinculada a la Asamblea Nacional de 2015, informaron a un tribunal de Nueva York que están coordinando la representación legal del país en Estados Unidos para defender los activos de Venezuela en Estados Unidos.
Este lunes, la magistrada Sarah Netburn aceptó pausar temporalmente uno de los casos que involucran activos venezolanos en EE.UU., mientras se define qué bufete de abogados representará oficialmente al país ante los tribunales.
Desde 2019, cuando Washington reconoció al gobierno interino de la oposición (liderado entonces por Juan Guaidó) como legítimo, este sector controlaba los activos de Venezuela en territorio estadounidense y asumía su representación legal. Sin embargo, tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, la administración del presidente Donald Trump cambió de postura y reconoció a Delcy Rodríguez, exvicepresidenta, como la nueva mandataria encargada y “única jefa de Estado” de Venezuela.
Esta decisión ha generado incertidumbre sobre quién controlará la defensa legal del país en EE.UU. —que afecta a decenas de acreedores, entre ellos fondos tenedores de bonos en default, empresas con laudos arbitrales y víctimas con sentencias por terrorismo— y, especialmente, el control de CITGO, la refinería subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos.
A mediados de marzo, la jueza Netburn, del Distrito Sur de Nueva York, indicó que la corte debía resolver quiénes son los abogados autorizados para representar a las entidades venezolanas y solicitó la intervención del Gobierno estadounidense.
El Departamento de Justicia respondió afirmando que Washington ha “normalizado” las relaciones con Venezuela bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez, a quien reconoce como la única persona con capacidad para actuar en nombre del país.
La coordinación quedó en evidencia en una carta fechada el 3 de abril de 2026 enviada por los despachos White & Case, León Cosgrove Jiménez y Kellner Herlihy Getty & Friedman a la jueza Netburn. En ella solicitan una suspensión de 45 días para permitir que los clientes designen abogados permanentes, garantizando al mismo tiempo la “continuidad y protección” de los intereses y activos de Venezuela.
Citgo, con sede en Houston (Texas), es el activo más valioso de PDVSA y del Estado venezolano en el exterior. Por ello, se encuentra en el centro de múltiples juicios de ejecución de deudas y laudos arbitrales. Hasta ahora, el Departamento del Tesoro de EE.UU. la ha mantenido protegida al no otorgar licencias para su venta o transferencia a acreedores.