Cuatro días después de que el Comité de Madres de Madres en Defensa de la Verdad presentara al país una propuesta de Ley de Amnistía para acelerar y hacer más efectiva la salida de los presos políticos de las cárceles y otros centros de detención, la gobernante encargada Delcy Rodríguez anunció su propio instrumento legal desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el 30 de enero.
Este 5 de febrero, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión el “Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, enviado por Miraflores, del cual solo se conoció en ese momento su exposición de motivos.
Un día después, diputados fuera del chavismo divulgaron el contenido completo de 13 artículos que van a segunda discusión. Según el artículo 7, delitos como violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, quedan excluidos.
Las madres buscan que la ley establezca el marco jurídico para otorgar amnistía (perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores) a personas perseguidas o procesadas por motivos políticos y abarca desde febrero de 2014, año de fuertes protestas antigubernamentales. Miraflores sigue sin reconocer en la narrativa que existen presos políticos en Venezuela, pero amplía de manera significativa el periodo tomado en cuenta y establece que tendrá efectos desde 1999 al presente.
Una ventana
Analistas políticos y defensores de DDHH sostienen que toda propuesta que pueda aliviar el sufrimiento de tantas personas afectadas por la persecución política en Venezuela es positivo, venga de donde venga. Lo preocupante, coinciden, es que sea usada por el poder en beneficio de su permanencia en Miraflores y garantizar impunidad así mismos por violaciones de derechos humanos.
“Cualquier ventana, en este caso una pequeña ranura de luz que abre la posibilidad de libertad plena para las personas detenidas por razones políticas es bienvenida. Cualquier acción que alivie aunque sea mínimamente el sufrimiento de quienes están injustamente privados de la libertad y de sus familias es suficiente para que no le demos la espalda y presionemos para que esto se dé pronto”, dice la politóloga y profesora de derechos humanos, Nasstasja Rojas.
Subraya que la preocupación de fondo en el tema de los presos políticos no desaparece, porque en Venezuela no se ha iniciado un proceso de transición a la democracia, por lo que la medida de Delcy Rodríguez, en manos ahora de la AN, obedece, afirmó, no a la convicción de rectificación, sino a la presión del gobierno de los Estados Unidos.
«Bajo este modelo de amnistía (del chavismo) se construye una presunción implícita de culpabilidad y en realidad se trata de personas detenidas injustamente. Se siguen mostrando represivos, pese a la presión de EEUU. Otra cosa que me preocupa es que quieran plantear que todo lo sucedido es una confrontación entre extremos y no es así, no se reconoce el carácter sistemático de la represión contra opositores y cualquier persona. No hay simetría, sino víctimas de crímenes de lesa humanidad», aclaró la politóloga.
El riesgo de que esa actitud persista, apunta, es que las violaciones de DDHH documentadas por organismos internacionales nunca sean reconocidas por quienes siguen ejerciendo el poder, por lo que pueden usar el instrumento legal para «lavarse la cara».
Siguen sin reconocer a presos políticos
El artículo 1 de la propuesta legal del Comité de Madres señala como objeto de la normativa establecer “el marco jurídico para otorgar amnistía a personas perseguidas o procesadas por motivos políticos, ya sea que se encuentren privadas de libertad, con medidas restrictivas o en el exilio. Busca garantizar la paz social y la reconciliación nacional mediante el ejercicio pleno de los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los convenios internacionales vigentes, facilitando así espacios de diálogo y bienestar común”.
“…surge de la necesidad imperante de ofrecer una oportunidad para vivir en paz y tranquilidad en Venezuela. La confrontación política desde el extremismo ha dejado heridas profundas en la sociedad venezolana y es deber del Poder Legislativo, en uso de su competencia constitucional (artículo 187, numeral 5), dictar medidas que sirvan para reparar dichas heridas”, reza el primer párrafo de la exposición de motivos, distribuida entre los diputados horas antes de la sesión ordinaria de este 5 de febrero.
El chavismo mantiene su postura de no reconocer la existencia de presos políticos en Venezuela, y así lo ratificaron los diputado del Psuv en el debate de la primera discusión, aunque políticas han sido las decisiones tanto de encarcelarlos sin haber cometido delitos y de excarcelarlos, anulando incluso condenas ya dictadas en algunos casos por imputaciones como terrorismo o traición a la patria.
“Son políticos que han cometido delitos”, afirma una y otra vez el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, a la vez que ha denunciado que la oposición pretende incluir “narcotraficantes” entre los beneficiados. El ministro igualmente ha dicho que quedarán excluidos quienes hayan cometido asesinatos, agresión sexual contra niños y adolescentes, entre otros delitos, y que habrá una lista de casos a evaluar. Mientras el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, habló de lista de hechos delictivos, no de nombres, sobre lo cual se hará la evaluación de cada caso.
Mientras ellos piden por la libertad de “sus presos”, dijo el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, este 5 de febrero, el chavismo insistirá en la liberación de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos. No habló de políticos opositores ni ciudadanos comunes privados de libertad sin el respeto al debido proceso, sino de las violaciones graves de DDHH que sufrió su padre (1973) durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y de las víctimas de las «guarimbas» de 2014 y 2017, así como del ataque militar de EEUU del 3 de enero.
“No puede ser una respuesta desde la institucionalidad y aprobada sin discusión. Cuando son procesos de amnistía reales y de reconciliación son muchos sectores los llamados a participar, algo que hasta ahora no vemos que esté tan claro”, advirtió la politóloga.
Tras votarse y aprobarse la normativa en primera discusión, Jorge Rodriguez designó una comisión especial, integrada por 19 parlamentarios, para que coordine el proceso de consulta presidida por Arreaza, seguido de Nora Bracho (UNT) como vicepresidenta. Pidió una amplia consulta y que no se tenga miedo a escuchar testimonios y propuestas, así como «celeridad» en el proceso porque no hay mucho tiempo. Este 6 de febrero, el comité de madres se acercó a la sede administrativa de la AN para consignar su propuesta a efectos de que sea tomada en cuenta para la segunda discusión.
«Quieren recalcar que esta iniciativa persigue un acto de clemencia y realmente las leyes de amnistía en contextos pro democráticos no son concebidas de esa forma, sino que más bien son un paso para la reconciliación, para la convivencia que dé lugar a la restauración democrática y sobre todo son medidas garantistas de los derechos de las personas que han sufrido la negación de su libertad, de otros derechos como el juicio justo y el debido proceso», sostuvo el abogado Simón Gómez Guaimara.
Abarca era chavista
El artículo 2 (ámbito de aplicación) de la normativa propuesta por los familiares de los presos políticos plantea que la amnistía general y plena sea a favor de quienes hayan sido investigados, procesados o condenados por causas políticas desde el 1 de febrero de 2014 hasta la publicación de esta Ley en la Gaceta Oficial.
Incluyen a “luchadores sociales, periodistas, integrantes de comités de víctimas, militares y personas perseguidas o privadas de libertad en el contexto de las movilizaciones post electorales, independientemente de si los hechos fueron consumados o quedaron en grado de tentativa, garantizando el restablecimiento de sus derechos civiles y políticos”.
«Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente», dijo Delcy Rodríguez en el acto del inicio del año judicial en el TSJ. Dicho periodo fue ratificado por Jorge Rodríguez en la primera discusión de la ley. De hecho el artículo 6 de la propuesta de del Ejecutivo, se refiere a casos como los sucesos de abril de 2002 y el paro petrolero, las masivas protestas de 2014 y 2017, 2019 y las manifestaciones post electorales de 2024.
Para el consultor político, Luis Toty Medina Gil, y el abogado Simón Gómez Guaimara, aunque el chavismo niegue en la narrativa que no hay presos políticos, al excarcelar y ahora hablar de amnistía, con aplicación desde 1999, reconoce implícitamente que durante décadas han incurrido en persecución política.
“La Ley de Amnistía que impulsa el chavismo, con efecto retroactivo desde 1999, es un movimiento político de gran calado simbólico y estratégico. No se trata de un gesto altruista, sino de una decisión forzada por el nuevo contexto de presión internacional tras la captura de Maduro. Al abarcar toda la era chavista, el propio régimen reconoce implícitamente que hubo décadas de persecución política que requieren reparación. Convierte al propio periodo bolivariano en objeto de perdón, algo impensable hasta hace pocos meses. Representa un giro discursivo: del relato de justicia revolucionaria al de reconciliación nacional”, sostiene Medina Gil.
Por el periodo que abarca la interina en la normativa, Gómez Guaimara señala el riesgo de que la ley se convierta en una herramienta de “autoamnistía” para quienes gobernaron el país durante décadas y siguen en el poder sin ofrecer “verdad, justicia y reparación”.
“Lo verdaderamente relevante para el país no solo es la excarcelación, sino la construcción de un marco jurídico y de derechos que garanticen que estas liberaciones no queden reducidas a un gesto simbólico sin desmontar las prácticas institucionalizadas de la persecución. El proceso debe ser transparente, participativo y orientado a la garantía de no repetición, que no quede como un hecho aislado”, sostiene Gómez Guaimara, experto en Derecho Internacional Público.
Reducir tensiones internas
Gómez Guaimara criticó no solo que no se haya divulgado el contenido completo de la propuesta del Ejecutivo para la primera discusión, lo que aumentó la incertidumbre en los familiares y presos políticos, sino que la motivación y la justificación expresadas en dicho texto sean «lacónicas» y no ahonden en las razones sociales, históricas, que dan lugar a esta iniciativa.
«Ello se explica en que quien propone la ley es el mismo partido político que ha operado la persecución y los crímenes que se han cometido en Venezuela. Hablan de un extremismo existente en la sociedad que la ley debe prevenir, cuando realmente el propósito que debe perseguir la ley es otro y es el de reivindicar los derechos de los perseguidos, los derechos de los presos y tutelar lo que luego dice un estado social, democrático», dijo el abogado.
El chavismo sostiene que han excarcelado, desde noviembre, a 895 personas que “han cometido delitos”, producto de un proceso de evaluación de casos y que la orden la dio Nicolás Maduro antes de su detención. La ONG Foro Penal solo ha podido verificar 383 excarcelaciones desde el 8 de enero y ha advertido que el Ejecutivo incluye a personas que no fueron apresadas por motivos políticos, aunque las detenciones son igualmente arbitrarias.
Gómez Guaimara también alertó sobre el riesgo de usar ciertos delitos comunes para ocultar el carácter político de la detención de una persona con el fin de excluirlos del perdón de Delcy Rodríguez. En este rango, indicó, entran los policías metropolitanos detenidos por los sucesos de abril de 2002, la jueza María Lourdes Afiuni y los hermanos Guevara que ya tienen una orden de liberación dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De allí que, señala igualmente Medina Gil, el interinato tiene doble intención al aplicar una amnistía. Por un lado, tratar de complacer a EEUU, que tiene una representante diplomática en suelo venezolano desde el 31 de enero, y, por el otro, quedarse en Miraflores más tiempo de lo debido.
“El chavismo busca tres objetivos: reducir tensiones internas, mejorar su imagen internacional y crear condiciones mínimas de normalización política sin perder el control del poder. Políticamente es una medida para ganar tiempo y legitimidad, no para desmontar el sistema. La clave estará en su aplicación real: si libera efectivamente a presos políticos y abre espacios democráticos, o si se queda en un instrumento selectivo y limitado para estabilizar al régimen”, apuntó el consultor político.
El Artículo 4 de la propuesta de las madres promueve la exclusión del perdón a quienes hayan incurrido en delitos de lesa humanidad o violaciones graves a los DDHH, independientemente de su calificación penal. Se señala expresamente a los responsables de ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles e inhumanos, así como los autores o cómplices de desapariciones forzadas y los investigados o condenados por homicidios políticos, ya sean individuales o colectivos.
Riesgo de estabilización autoritaria
El chavismo también defiende que las excarcelaciones y la amnistía son un “gesto unilateral” del Ejecutivo, incluso de Nicolás Maduro, antes de su captura y que no han tenido cabida opiniones y planteamientos de ONG, defensores de DDHH ni familiares.
“El anuncio de amnistía surge en un contexto de presión externa (de EEUU) de fuerza creíble tras la captura de Maduro. Es decir, forma parte de un proceso de negociación bajo coerción, no de una decisión soberana espontánea. El objetivo político principal está claro: construir una narrativa de nuevo comienzo sin desmontar el control del poder. El riesgo es que termine siendo un proceso selectivo y excluya casos claves, con lo cual no se garantiza una transición democrática. Puede usarse como mecanismo de estabilización autoritaria con rostro más suave”, advirtió el consultor político.
Agregó que el anuncio y la Ley de Amnistía, en sí, será real y efectiva cuando se tenga el número real de liberados, se evidencie el fin de persecuciones y haya garantías para los actores políticos y sociales que se oponen al régimen chavista.
“Es verdad que este es un paso político relevante, pero hasta ahora apenas instrumental. Es cierto que si se ejecuta puede abrir camino a reformas mayores, de no ser así, podríamos estar frente a uno de los mayores temores y desconfianzas que todos abrigamos, que solo se trate de una maniobra para ganar tiempo”, agregó.
¿Qué debe contener la Ley de Amnistía?
Lo primero, recalcan Rojas y Gómez Guaimara, es que debe ser una ley que goce de consenso entre los actores involucrados: Estado, ONG, familiares de presos políticos, lo cual solo puede ser logrado a través de la verdadera consulta, la discusión y la incorporación de propuestas.
En el artículo 7 de la propuesta del Comité de Madres, sobre la participación de la sociedad civil se pide que las organizaciones de DDHH, víctimas y familiares de detenidos sean parte activa en la ejecución y monitoreo de la Ley de Amnistía. La finalidad es que se pueda verificar el cumplimiento de los beneficios otorgados y asegurar que la implementación responda a los principios de justicia y reparación.
En la propuesta del Ejecutivo solo encarga al Ministerio del Interior y Justicia, dirigido por Diosdado Cabello, implementar los mecanismos para cumplir la ley (artículo 12.
“Las leyes de amnistía deben responder a una construcción de varios sectores. Es que es bastante difícil poder entenderla cuando esa ley viene del mismo régimen represivo. ¿Cuáles son las intenciones que hay detrás de esto? Ya empiezan a hablar de algunas exclusiones y eso genera muchísima suspicacia. Lo primero es que realmente puedan estar diferentes sectores involucrados dentro de su construcción y que no sea como siempre una imposición acomodada”, expresó Rojas.
Incansables, madres y otros familiares de presos políticos permanecen a las puertas de centros de detención como la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, al este Caracas, a la espera de más excarcelaciones y de que la amnistía no se quede solo en anuncio.
Rojas también comparte la preocupación de que los “represores en el poder” usen la ley para expiar responsabilidades propias.
“Las leyes de amnistía vienen necesariamente con el reconocimiento de la persecución política y eso tiene que estar claro, no puede ser implícito y con las garantías de no repetición que vienen acompañadas de un proceso de memoria, por eso la propuesta de que El Helicoide sea convertido en un museo, preservar la evidencia física, los archivos es muy importante para la rendición de cuentas por violaciones graves de derechos humanos”, añadió Rojas.
Las garantías de no repetición de la persecución política, la violencia y cualquier vulneración de los DDHH, están contenidas en el artículo 8 de la normativa planteada por las madres, mediante el fortalecimiento institucional, así como el impulso de políticas públicas destinadas a la construcción de la memoria histórica y el esclarecimiento de la verdad.
“Un elemento que debe tener esta ley, y está planteado por el proyecto de la organización de las madres de víctimas, es la existencia de un mecanismo de supervisión independiente, porque en Venezuela no contamos con Estado de Derecho. Debe existir un órgano independiente y como se garantiza esa independencia es un desafío y quizás tarde o temprano la ley podría requerir un segundo dispositivo legal que desarrolle esto, pero es algo que la sociedad venezolana debe exigir, la existencia de un mecanismo de supervisión independiente, que incluso tome en cuenta observación internacional”, añadió el abogado.
A la extinción de los procesos penales debe sumarse, acotó el defensor de DDHH, la restauración de los derechos civiles y políticos conculcados, medidas de rehabilitación para las víctimas de tortura y mecanismos de reparación simbólica para contribuir a la recuperación de las víctimas y del tejido social roto.
Antecedentes
La última vez que se promulgó una ley de amnistía en Venezuela fue en diciembre de 2007, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) perdonó a personas involucradas en el golpe de Estado en su contra en 2002. En 2016, el Parlamento, para entonces controlado por la oposición, aprobó una ley de amnistía, declarada inconstitucional por el TSJ, que es afín al chavismo, y nunca se pudo aplicar.
En agosto de 2020, Maduro otorgó, mediante decreto, 110 medidas de indultos a opositores, entre ellos Freddy Guevara, Roberto Marrero y Nicmer Evans, además de sindicalistas y actores sociales acusados de diversos delitos, de cara a elecciones legislativas que se celebraron en diciembre de ese año.
Foro Penal también presentó una propuesta de Ley de Amnistía de 9 artículos, en enero de 2026. En el artículo 3, la ONG plantea que para determinarse los beneficiarios de la amnistía se tomen en cuenta listas de certificaciones de presos y perseguidos políticos, emitidas por organismos internacionales de protección de DDHH, en conjunto con ONG nacionales y foráneas.
También pide tomar en cuenta en este punto decisiones de la Comisión Interamericana de DDHH, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas (ONU) y otras instancias.
Esta propuesta incluye además 14 reglas de aplicación del instrumento legal; entre ellas, que, una vez concedida la amnistía, los órganos policiales, militares y judiciales deben eliminar los registros de antecedentes de los privados de libertad y dejar sin efecto solicitudes de captura internacional a través de Interpol.