En Venezuela se ha asegurado por años que tenemos «el mejor sistema electoral del mundo«. Se cita como argumento de autoridad lo expresado por el expresidente norteamericano Jimmy Carter en 2012, como conclusión del monitoreo electoral adelantado por el Centro Carter, luego de actuar como observador electoral internacional. Vale dejar sentado que la referencia aludía a la tecnología del voto electrónico
Pero esa frase se trajo al escenario de propaganda oficial, convirtiéndola en una trampa conceptual que mezcla dos cosas muy distintas: el sistema automatizado de votación (la máquina, la huella, el voto electrónico, transmisión, totalización, etc.) y el sistema o proceso electoral —comprensivo de las reglas que rigen las distintas etapas de una elección, el comportamiento del árbitro, el registro electoral, las condiciones para competir, la preservación de la voluntad popular expresada en el voto, las auditorías, la transparencia, el principio de publicidad, junto a un robusto etcétera—.
Entender esa diferencia no es un lujo académico. Es una herramienta cívica fundamental, especialmente ahora que las elecciones vuelven a estar en el centro de la discusión política, figurando como la mejor herramienta para legitimar los necesarios consensos que destraben el innegable conflicto sociopolítico y nos permitan retomar la senda democrática.
Una segunda confusión es la ya usual costumbre de asimilar al Estado con el Gobierno. No es lo mismo, y distinguirlos es clave para poner cada cosa en su lugar y gestionar lo conducente ante el voluble ánimo democrático de nuestras instituciones, que, por cierto, deben estar al servicio del Estado y no del partido de gobierno.
El Estado es la entidad mayor, es permanente e incluso atemporal en el sentido de que no tiene un tiempo de vigencia. De él forman parte el Gobierno junto con la población y el territorio. En nuestro caso, la Constitución nacional indica lo siguiente: somos un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia; la soberanía reside en el pueblo; y el gobierno es y será siempre democrático, electivo, alternativo, pluralista y de mandatos revocables
En palabras más sencillas: el Estado democrático se dota de un Gobierno, que llega y debe irse del poder mediante una elección. El Gobierno lo encabeza un presidente que se hace acompañar de su vicepresidente y sus ministros; actúa como jefe de Estado, pero no es el Estado. Su mandato es temporal. Lo significativo es que cuando un presidente termina su período o se materializa su falta absoluta, el gobierno cambia; lo que prevalece es la preservación del Estado, que somos todos los venezolanos.
¿Por qué importa esta distinción?
Importa para ejercitar la mirada crítica de una ciudadanía capaz de atajar la constante propaganda que apunta a tergiversar y pervertir los principios fundamentales contenidos en nuestra vigente Constitución. Importa desde la alfabetización para una ciudadanía democrática.
A partir de la muerte del presidente Hugo Chávez, el asunto de la falta o ausencia —temporal o absoluta— cobró una dimensión distinta acerca del valor de la norma constitucional desde las instituciones. Aunque la Constitución venezolana lo resuelve como un asunto de Estado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo trata como un asunto meramente político-partidista, que pretende asegurar la estabilidad del gobierno de turno.
Paradójicamente, el asunto de la falta absoluta del presidente ha tenido a Nicolás Maduro como actor principal: antes como vicepresidente que sube a la presidencia, ahora fungiendo como presidente ausente —ciertamente una ausencia no voluntaria—. Pero es una falta que tiene un límite de tiempo permitida o tolerada por el constituyente venezolano. Y otra vez, el TSJ opta por la preservación del gobierno y no por la del Estado. Algo así como si el gobierno se tratara de una entidad que flota por encima de la misma Constitución.
Aunque es humana y políticamente comprensible que se trate de mantener el ejercicio del poder —porque, de hecho, de eso se trata el trabajo de todo político—, no puede primar ese interés particular y partidista por encima de la concepción de Estado que trae la Constitución venezolana.
De aquellos polvos vienen estos lodos
La crisis sociopolítica venezolana se agravó desde la elección presidencial del 28 de julio de 2024.
Algo estalló. Se rompió el poco tejido de confianza que pretendió sostenerse pacíficamente. Y entonces amaneció de golpe el 3 de enero de 2026. Fuerzas especiales norteamericanas entraron a Venezuela y se llevaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Desde entonces enfrentan cargos ante la justicia de ese país. Es deplorable lo ocurrido por su efecto sobre la soberanía no defendida por quienes juraron hacerlo. En su conjunto hubo una afectación del Estado. Ahora hay que apostar y presionar para que la gestión de esta crisis se haga teniendo en mente la defensa del Estado.
La gran mayoría de la sociedad venezolana sigue apostando al destrabe pacífico del conflicto. El lugar de las coincidencias está en la Constitución; ella es la brújula en este mapa rayado de desaciertos en contra del Estado. Ella resuelve que quienes aspiren al Gobierno lleguen y se vayan mediante elecciones.
Entonces, es pertinente plantear y hablar de las condiciones para una elección, aunque ella no sea en este momento el punto de partida. Pero es la única ruta para darle legitimidad a los esperados acuerdos que aseguren una autoridad electoral confiable, respeto de los resultados, garantía de gobierno de los electos y posibilidad de ejercer la oposición política no criminalizada.
Técnicamente es importante contar con el mejor sistema electoral del mundo, pero él no se maneja solo. Abogamos por lograr un ético e integral proceso electoral, pero de eso hablaremos en la próxima entrega.
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