Organizaciones nacionales e internacionales exigen su inmediata liberación
La experta en temas militares fue vinculada a la operación Brazalete Blanco

La Oficina de Washington para América Latina (Wola por sus siglas en inglés) pidió la liberación por razones humanitarias de la abogada, activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.

Desde el pasado 9 de febrero la detuvieron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, cuando iba a una actividad al exterior junto con su hija.

El Ministerio Público la inculpó de ser supuestamente parte de un plan que denominó «Brazalete blanco» para atentar contra el gobernante Nicolás Maduro.

La semana pasada se filtraron imágenes de San Miguel en una consulta médica. Se supo por su abogado Juan González Taguaruco que la activista sufrió una caída hace cuatro meses por lo que tiene una fractura en el hombro.

«Rocío San Miguel, privada arbitrariamente de su libertad, tiene una fractura en el hombro desde hace 4 meses que no ha sido tratada. Rocío sigue sin haber podido designar a su defensa privada. Para hoy está pautada la audiencia de juicio», recordó Wola en su cuenta de la red social X este 18 de diciembre.

Añadieron que debe estar en libertad lo antes posible para recibir la atención médica de especialistas.

«Solicitamos al Estado que de forma urgente otorgue una medida sustitutiva de libertad por razones humanitarias, de modo que pueda recibir la atención médica de su elección y recuperarse bajo el cuidado de su familia», destacó Wola sobre la condición médica de San Miguel.

San Miguel sufrió una caída hace 4 meses

Hace una semana, González Taguaruco detalló que después de la caída, la abogada presentó dolores intensos y agudos. Sin embargo, solo le suministraban analgésicos de forma irregular por intermedio de su hija, la única persona que puede visitarla en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de El Helicoide, considerado por ONG de DDHH como uno de los peores sitios de reclusión y tortura contra presos políticos en Venezuela.

«El hecho del displicente tratamiento dispensador, vale decir, retardo en ordenar los estudios de imagen en una paciente que acusaba dolor, ilustra en el sentido, que no están en capacidad y no tienen la disposición de dispensar la atención necesaria», recriminó el jurista sobre el tiempo que tardaron en atender a San Miguel.