En un irregular operativo realizado este miércoles, funcionarios del Centro Preventivo de Resguardo y Garantía del Aprehendido, en el estado Lara, entregaron a cuatro ciudadanos privados de libertad para su traslado inmediato a la Ciudad de Caracas.
Los detenidos José Rafael Castellanos Guerrero, Wladimir Alejandro Yépez Soto, Omario Daniel Castellanos Guerrero y Franklin Ramón Rivero, enfrentan cargos por supuestos delitos de Terrorismo, Incitación al Odio y Asociación para Delinquir, según señala el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales.
El traslado fue ejecutado por una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), delegación Estadal Lara, bajo el mando del comisario Roso Palermo.
Los hermanos José Rafael y Omario Daniel Castellanos Guerrero, llevaban dos meses detenidos, mientras que Wladimir Alejandro Yépez Soto suma 15 días en prisión. El tiempo exacto de detención de Franklin Ramón Rivero se desconoce hasta el momento.
La madre de los hermanos Castellanos, Brenda Guerrero, también permanece encarcelada en Lara, lo que convierte a esta familia en víctima de una separación total que, según denunciantes, representa una violación flagrante al debido proceso y un acto de crueldad y tortura.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) denunció que Omario Castellanos, quien es estudiante de periodismo y reportero de un medio digital en Lara, padece de insuficiencia venosa y la condición se ha agravado desde su detención en Barquisimeto.
«Omario estuvo casi un mes recluido en un comando policial de Lara denominado La 30. A los 11 días de su detención, fue presentado en una audiencia telemática e imputado por los delitos de terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y traición a la patria. Desde el SNTP exigimos atención médica inmediata y la liberación de Omario. Es un joven estudiante, comprometido con su trabajo y, sobre todo, inocente», agregó el Sindicato.
Familiares y abogados de los detenidos alertan que el traslado desde Lara hasta el Centro Penitenciario de Yare III, en Miranda, implica una grave afectación para los presos y sus seres queridos.
Se les aleja de su entorno familiar y se complica aún más el acceso a la justicia, derecho que les ha sido sistemáticamente negado desde el momento de su aprehensión.
«Exigimos transparencia y respeto irrestricto a los derechos humanos de los detenidos. Instamos a la comunidad internacional a mantenerse alerta ante esta situación y a demandar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos mencionados», manifestó el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales.