Mientras el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) continúan denunciando la aplicación discrecional, lenta y opaca de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática (promulgada el 19 de febrero de 2026), este mismo miércoles se registraron avances significativos en dos casos emblemáticos.
El Tribunal 25 de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decretó el sobreseimiento de la causa contra el periodista Román Camacho, otorgándole libertad plena. Camacho había sido detenido el 4 de marzo de 2025, acusado de incitación al odio y difusión de noticias falsas por informar sobre un homicidio en Petare.
Permaneció bajo medidas cautelares (presentaciones periódicas y prohibición de salida del país) tras su excarcelación. Su defensa introdujo la solicitud de sobreseimiento el 23 de febrero de 2026; tras más de 50 días de dilación (superando ampliamente el plazo de 15 días establecido en la ley), el tribunal finalmente cerró el caso este 15 de abril.
De igual manera, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia dictó el sobreseimiento de la causa contra el periodista Elides Rojas, poniendo fin a un proceso que duraba más de cinco años (iniciado en diciembre de 2019). La decisión se fundamentó en la imposibilidad de incorporar nuevos elementos a la investigación. El CNP celebró ambos sobreseimientos como un paso positivo, aunque advirtió que no compensan las irregularidades y demoras previas.
Sin embargo, la aplicación de la amnistía sigue siendo selectiva. En las últimas horas y semanas persisten casos de negativas o limbo judicial:
- Gabriel González (colaborador de Vente Venezuela y María Corina Machado): Un tribunal le negó formalmente la amnistía y el sobreseimiento este 14 de abril. En marzo le habían asegurado que sería beneficiado, pero al regresar le informaron que “no había nada en el sistema”.
- Rory Branker: Excarcelado tras casi un año detenido; en abril su solicitud fue rechazada bajo el argumento de que “no procede”.
- Nakary Mena: Amnistía denegada en marzo.
- Carlos Julio Rojas: Más de un mes sin respuesta formal a su solicitud.
- Al menos otros 18-20 periodistas y trabajadores de la prensa (según el CNP y Foro Penal) permanecen con medidas cautelares, procesos abiertos y restricciones que limitan su ejercicio profesional.
“Al no cerrar definitivamente las causas, se mantiene la amenaza latente de reactivar los procesos en cualquier momento. Esto es un castigo permanente”, denunció el secretario general del CNP, Edgar Cárdenas.
Nueva denuncia de intimidación frente al TSJ
Este miércoles 15 de abril, mientras gremios universitarios y sindicales protestaban frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) exigiendo respuestas a demandas salariales y agilización de casos, el SNTP denunció actos de intimidación contra periodistas que cubrían la concentración.
Un funcionario de seguridad del TSJ fotografió carnets de prensa de reporteros de medios como Dossier, TvCalle, Televen y El Martillo, exigiéndoles mostrarlos.
“Rechazamos estas acciones que afectan el libre ejercicio del periodismo y el derecho a la libertad de expresión”, señaló el sindicato.
No es aislado: el 27 de marzo ya se había reportado intimidación similar contra el periodista Jesús Gutiérrez Andúz.
Organizaciones como Espacio Público y Un Mundo Sin Mordaza alertan que, pese a algunos sobreseimientos recientes como los de Román Camacho, Elides Rojas y Ramón Centeno (absuelto recientemente), persiste el hostigamiento judicial, las agresiones durante coberturas y la autocensura.
Los gremios exigen transparencia total en la aplicación de la ley, entrega inmediata de constancias escritas de sobreseimientos y el cese de las dilaciones indebidas que violan el debido proceso.