Una denuncia más recurrente a lo largo de este año escolar, que ya está próximo a terminarse, es sobre la suspensión de sueldos a muchos docentes venezolanos, algo calificado por los gremios magisteriales de irregular, abusivo y arbitrario, pues en la mayoría de los casos no existe justificación para ello.
Esta semana, la Fundación para la Organización, Defensa e Investigación Sindical (Fordisi) volvió a llamar la atención sobre esta medida del Ministerio de Educación. La ONG señala que esa suspensión arbitraria de salarios a miles de docentes venezolanos, sin cumplir con el debido proceso, ha desatado una grave crisis en el sistema educativo.
La directora de Fordisi, Gricelda Sánchez, explicó que esta práctica, ejecutada bajo la gestión del ministro Héctor Rodríguez, ha afectado a entre 8.000 y 15.000 educadores mensualmente y constituye una violación flagrante de los derechos laborales y humanos.
“Docentes activos, en reposo médico, con fuero maternal o sindical, e incluso con más de 25 años de servicio, son suspendidos sin notificación ni investigación administrativa. En algunas escuelas, todo el personal ha sido apartado, dejando a comunidades enteras sin clases”, afirmó Sánchez.
La vocera señaló que las suspensiones se justifican con presunciones como “abandono del cargo”, pese a que muchos afectados han demostrado cumplir con sus funciones.
El contraste con las promesas del ministro Rodríguez es evidente. Al inicio del año escolar anunció la reincorporación de jubilados para atender las aulas vacías, pero, según Sánchez, “la realidad es una política de castigo, maltrato y desamparo económico que contradice el discurso oficial”. Además, la aplicación de figuras como el “cambio de modalidad de pago”, sin fundamento legal, se convirtió en una herramienta de persecución encubierta.
Violación al debido proceso
Del lado de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) las denuncias sobre suspensiones en la educación pública alcanzan este último trimestre del periodo lectivo 2024-2025 alrededor de 2.450 docentes a escala nacional.
Según registra esta organización laboral, la excusa de MinEducación para la suspensión de sueldos es debido a “cambios de modalidad” de pago, una medida administrativa que los reclasifica como inactivos por supuestas inasistencias, a menudo injustificadas o mal reportadas, denunció René Zapata, secretario de organización de la FVM.
Los docentes adscritos a esta Federación denuncian que la medida no sólo les priva de su salario, sino también del bono de Guerra Económica, sin posibilidad de pago retroactivo. Afirman que se priva de su salario a maestros y maestras solo por faltar un día de clases, aún cuando los docentes se justifican con permisos para atender asuntos en sus hogares o falta de dinero para completar pasajes hasta sus sitios de trabajo.
“No es que los maestros no quieran trabajar, es que tienen que priorizar el bienestar de sus familias. Y, aun así, el Ministerio los castiga con suspensiones de sueldo injustas”, afirmó.
Un caso para reflexionar
Gricelda Sánchez destacó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó el derecho a la defensa y al debido proceso como garantías fundamentales, pero estas son ignoradas por el Ministerio de Educación. “En muchos casos, un mismo docente ha sido suspendido hasta cuatro veces en un año escolar sin ningún procedimiento. La indefensión es total”, denunció.
A esto se suma el riesgo de que el personal del magisterio pierda el Bono Vacacional si no los reincorporan antes de julio, lo que agrava su situación económica.
Recordó que entre los registros de Fordisi está el caso de la maestra yaracuyana Adda Álvarez (cédula de identidad N° V-434.270), una pensionada de 94 años de edad, y viuda de otro docente, a quien le suspendieron su ingreso sin dar justificación alguna, y a quien constantemente MinEducación le exige documentos probatorios de que aún vive.
«Adda estuvo casada con el profesor Juan Manuel Carmona Rivero, titular de la cédula de identidad N° V-412.810, un insigne educador jubilado del Ministerio de Educación que dedicó su vida a formar generaciones como docente y director de la Escuela Juan Miguel Roo en Yaritagua, estado Yaracuy. Sin embargo, ni siquiera este legado parece ser suficiente para evitar el trato injusto que hoy enfrenta su esposa», destaca la vocera de Fordisi.
También citó un precedente internacional: en 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó a Panamá por el despido arbitrario de 270 trabajadores, ordenando su reincorporación, el pago de salarios caídos y una indemnización por daño moral. “Este fallo debería ser una advertencia para el Estado venezolano y el ministro Rodríguez: la ilegalidad no se sostiene con propaganda”, afirmó Sánchez.