En días recientes, habitantes de estados como Aragua, Anzoátegui, Barinas, Carabobo, Monagas y Sucre han protagonizado protestas pacíficas para exigir soluciones a las constantes y prolongadas interrupciones del servicio de agua potable y electricidad, así como al colapso generalizado de los servicios públicos.
Las manifestaciones reflejan el creciente descontento social ante la persistente crisis de infraestructura que afecta la vida diaria de miles de venezolanos. Los reclamos se centran en la falta de agua y luz, problemas que se han agudizado en las últimas semanas.
Ante esta situación, organizaciones y sectores de la sociedad civil, como la ONG Provea, han recordado a las autoridades gubernamentales su obligación de destinar el máximo de los recursos disponibles —económicos, jurídicos y políticos— para garantizar un nivel de vida adecuado a la población.
Esto incluye la provisión de servicios públicos de calidad, así como salarios y pensiones dignas.
“Un genuino proceso de recuperación de la democracia, convivencia y paz solo será posible si se asume con urgencia la enorme deuda social del Estado venezolano”, señala Provea en un comunicado.
La ONG insiste en que los agentes del Estado deben garantizar en todo momento el pleno ejercicio de los derechos a la libre expresión y a la manifestación pacífica, evitando cualquier tipo de obstáculo indebido o acciones que conduzcan a la criminalización de los manifestantes.
Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades competentes para que escuchen los reclamos de la población y establezcan mecanismos efectivos que permitan dar respuestas oportunas a las demandas ciudadanas.