Las ONG Fundehullan y Justicia, Encuentro y Perdón pidieron este lunes, 18 de noviembre, la liberación de una presa política que tiene siete meses de embarazo y es madre de una niña de dos años, así como de un adolescente que sufre trastorno bipolar.
«Solicitamos a las autoridades se revise la situación de Karla Daniela Suárez, detenida en el marco postelectoral del 28 de julio, quien es madre de una niña de dos años y está embarazada con 7 meses de embarazo, actualmente se encuentra hospitalizada por presentar contracciones y riesgo en su embarazo», solicitó Fundehullan, que promueve la defensa de derechos humanos en los estados de los llanos de Venezuela.
Recordaron que existe el interés superior del niño, por lo que Suárez y sus hijos tienen derechos que deben respetarse.
«Karla y su hijo tienen derecho a que se le garantice el mejor estado de salud posible, por lo que solicitamos invocando el principio de interés superior del niño y atendiendo a las revisiones que se están llevando a cabo por parte del MP (Ministerio Público) que se otorgue su liberación».
La ONG recordó que la Fiscalía debe revisar el caso de la presa política embarazada a la luz de las excarcelaciones que se han producido desde el fin de semana, tras el anuncio del fiscal Tarek William Saab de revisión de 225 casos de las personas detenidas tras las protestas poselectorales por el desconocimiento de los resultados de las presidenciales del 28 de julio.
Adolescente con trastorno bipolar sigue preso
Mientras que Justicia, Encuentro y Perdón abogó por la liberación del adolescente de 16 años, Alí Ángel Rodríguez, que sufre trastorno bipolar y esquizofrenia.
«Nos preocupa la situación de Alí Ángel Rodríguez, un menor de 16 años diagnosticado con trastorno bipolar y esquizofrenia tipo II, quien se encuentra detenido desde el 29 de julio. Es alarmante que su caso no haya sido considerado en las recientes excarcelaciones, a pesar de su condición de salud y su edad», dijeron en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Añadieron que el encarcelamiento de Rodríguez «es una grave violación de sus derechos humanos y pone en riesgo su bienestar físico y emocional».
Presos políticos con discapacidad en Venezuela
Recientemente la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) expresó su preocupación porque entre lo más de 1.800 detenidos por la represión poselectoral hay 9 personas con discapacidad, una de ellas sorda que no conoce el lenguaje de señas.
«Es muy preocupante la situación de este ciudadano, ya que no tiene conocimientos de la lengua de señas venezolana y tampoco sabe leer ni escribir, en tanto no se están garantizando sus derechos como persona sorda a tener acceso a la información y comunicación de manera ajustada en todo lo relacionado al proceso penal que se está llevando en su contra», explicaron en un comunicado el pasado 30 de octubre.
Hablaron de un adolescente de 17 años con espectro autista y de que a las demás personas con discapacidad «no se le están garantizando la accesibilidad ni los ajustes razonables, a los fines de comprender por qué están privados de libertad y recibir las orientaciones legales relacionadas al proceso».