En febrero de este año, el Gobierno de Nicolás Maduro expulsó de Venezuela a la representación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Este martes 3 de diciembre, el propio gobierno chavista, a través de un comunicado, informó sobre la reactivación de esa instancia internacional, luego de que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, pidiera el ingreso a Caracas de los delegados expulsados.
Khan recordó que, según lo prometido previamente por escrito, Venezuela debía permitir el regreso de los funcionarios, y urgió al Gobierno a “cooperar de manera más tangible” con la CPI.
El Gobierno de Maduro afirmó que ha informado de manera “oportuna y amplia” a la fiscalía de la CPI sobre “todas las medidas adoptadas en el orden interno” para avanzar en el “cumplimiento de los compromisos asumidos con el Estatuto de Roma, así como los alcanzados en los dos memorandos de entendimiento suscritos con la Fiscalía”.
También extendieron una invitación al fiscal de la Corte para que visitara nuevamente el país y continuara “abordando de manera directa y constructiva los compromisos mutuamente adquiridos en el ámbito de la complementariedad positiva”.
En marzo, la CPI desestimó el recurso presentado por el régimen de Venezuela en contra de la reanudación de la investigación abierta en noviembre de 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad en el país.
Un paso positivo, pero que se cumpla
Al respecto, Ana Leonor Acosta, directora de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, asevera que este regreso, del que pocos sabían se había concretado, es positivo para el país.
«El regreso de la oficina del Alto Comisionado a Venezuela sabemos que es una negociación que se venía haciendo hace un tiempo y desde la Coalición lo vemos con agrado; que tengamos una instancia en la cual tengamos acceso a los ciudadanos, las organizaciones y podamos denunciar. Sin embargo, esto se hace en un contexto bien delicado con respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela», dijo.
Explicó que actualmente sigue viviendo muchas situaciones que hacen dudar sobre el respeto a los DD. HH. en el país, como todas las denuncias de persecución postelectoral y la aprobación y publicación de la ley que fiscaliza las ONG.
«Por un lado, estamos preocupados, pero por otro vemos como positivo el regreso de la oficina a Venezuela y esperamos que todo el apoyo que el Alto Comisionado en materia de derechos humanos sea tomado en cuenta en los próximos meses y que venga con ello también la liberación de presos políticos y que se avancen las investigaciones en las denuncias por violaciones de derechos humanos, que es también lo que ha pedido el fiscal ante la Corte Penal Internacional», agregó.
Tanto esta ONG como otras defensoras de los DD. HH., afirman que seguirá monitoreando el desarrollo de la presencia de esta Oficina, pues ya han visto experiencias pasadas en las que ha sido muy limitado el funcionamiento de la instancia de la ONU y no ha habido mayores avances.
«Sin embargo, siempre será una buena noticia. Yo creo que la conclusión que podríamos dar a esto es que es un paso positivo y que estaremos atentos al funcionamiento y desempeño de la oficina y a todo lo que es el respeto a los derechos humanos en Venezuela, tan cuestionados hoy día», añadió Acosta.
La labor de la oficina se ha mantenido
Pese a su expulsión del país, la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk tiene mandato global, por lo que ha continuado monitoreando la situación de los derechos humanos de Venezuela, aunque no tenga presencia física allí, de acuerdo con Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina.
Entre las denuncias que ha realizado esta oficina, tras el anuncio de su expulsión de Venezuela, está la detención de personas con posturas disidentes.
“Desde mayo de 2023 hemos documentado 28 detenciones de personas con posturas disidentes. Estas prácticas deben terminar inmediatamente. Insto se realice una rendición de cuentas de las personas víctimas de represión”, dijo Volker Türk, alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, durante un diálogo interactivo con los Estados miembros del organismo el 3 de julio.
El 17 de octubre pasado, Türk aseguró en una rueda de prensa que, según sus últimas cifras actualizadas y verificadas, al menos 191 personas fueron detenidas arbitrariamente en Venezuela.
Sin embargo, esa cifra está por debajo de la que manejan las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país. Por ejemplo, el Foro penal informó el 28 de noviembre que hasta el 25 de ese mes había 1.903 presos políticos en Venezuela, mientras que para la fecha en las que Türk ofreció el balance, había más de 1.916 de encarcelados en esa condición.