El comité organizador del la Marcha Nacional del Orgullo LGBTIQ+, formado por 33 asociaciones nacionales, realizó una serie de exigencias y recomendaciones al Estado venezolano, en una rueda de prensa en La Casa del Artista de Caracas este 28 de junio.
En el marco del Día Internacional del Orgullo, pidieron discutir y aprobar la Ley Orgánica Contra la Discriminación, discutir y aprobar el anteproyecto de ley del Matrimonio Igualitario y un pronunciamiento sobre las causas y peticiones promovidas por la sociedad civil a favor de los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ+.
Además, solicitaron políticas públicas de protección en los ámbitos de educación, salud y acceso al trabajo. También exigieron la publicación en Gaceta Oficial del Instructivo emitido en el Consejo Nacional Electoral (CNE) que garantiza el cambio de nombre a personas trans, intersex y no binarias a través del artículo 146 del Código de Registro Civil.
«Desde este principio, creemos fielmente en que podemos seguir conquistando derechos y parte de nuestra lucha en 2024 es precisamente el alcance de estos (…) Ponemos como prevalencia el derecho colectivo, los derechos humanos fundamentales», indicó Yzamari Matute, vocera del comité.
Matute informó que la población LGBTIQ+ en la capital realizará una concentración el 7 de julio, que partirá desde Parque Miranda, municipio Sucre, hasta Zona Rental, en el municipio Libertador.
«Nuestra existencia no es un ultraje al pudor. Ser sexodiverso, tomarnos de la mano como compañeros o compañeras, no es un ultraje al pudor, es libertad de expresión, es el libre desenvolvimiento de nuestra personalidad tal como lo establece la Constitución», expresó la activista.
Cuál es el estatus en Venezuela
En la actualidad Venezuela sigue al fondo de la lista en materia de derechos LGBTIQ+ en la región, a pesar de las múltiples exigencias y movilizaciones de defensores y organizaciones no gubernamentales.
«Si bien es cierto que no hemos avanzado en los términos en los que ha avanzado toda la región, hay que destacar que hemos venido superando de forma significativa el tema de la discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de género (…). Hoy hay municipios donde hay ordenanzas, hay sanciones de carácter administrativo, y eso es importante destacar», expresó Rachelle Briceño, miembro del comité.
Agregó que uno de los primeros pasos que debe dar el Estado en la ruta para ofrecer garantías y protección es reconocer la existencia de la comunidad.
«Si no reconoces que hay un sector en vulnerabilidad, como estamos, no vas a poder dar ninguna respuesta, ni políticas públicas, ni legislación, ni nada que responda a las necesidades de esa población. Lo primero es que el Estado debe reconocernos», dijo Briceño.
Matute añadió que es necesario que las autoridades no dejen de lado las situaciones en las que los funcionarios discriminan, ya sea por sus creencias o su cultura.
«Es fundamental el cumplimiento de la ley que establecen los principios de no discriminación. Creo que es fundamental conformar una mesa de trabajo conjunta que nos permita abordar los diferentes enfoques en los que se necesita avanzar, de la mano por supuesto de organizaciones civiles y movimientos sociales. No vamos a poder avanzar en ningún tipo de políticas si no es diseñada desde el principio de participación», puntualizó.