Katherine Martínez y Nérida Ruiz son madres de dos de los adolescentes que detuvieron en el marco de las protestas en contra de los resultados electorales. Aunque ninguno de los dos los apresaron en las revueltas, igualmente los llevaron a prisión y acusaron de delitos como la incitación al odio y terrorismo.
La mañana de este lunes 21 de octubre se apostaron en los alrededores de la sede del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, en la avenida Francisco de Miranda, al este de Caracas. Allí, junto a algunos voceros de organizaciones como Cecodap y Provea, realizaron una petición al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para que interceda por la liberación de ellos y los otros 66 adolescentes encarcelados por los mismos motivos, según el reporte más reciente de la ONG Foro Penal.
A estas madres las recibieron representantes de Unicef a quienes Ruiz entregó un documento en el que pidieron al organismo de Naciones Unidas garantizar la liberación inmediata de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran detenidos arbitrariamente y en condiciones que vulneran sus derechos humanos.
Además, que un equipo de Unicef en Venezuela pueda acceder a los centros de detención y constatar, de forma independiente y directa, el estado físico y mental de los adolescentes detenidos y que de manera “urgente” se garantice a estos adolescentes el acceso a atención médica y psicológica adecuada.
“La respuesta que nos dieron es que van a darle celeridad a las peticiones que atendemos. Preguntaron (los funcionarios) por el caso de los detenidos. En mi caso que cómo estaba, que si lo habían torturado. Y dijeron que se van a abocar en la medida de su posibilidad a darle respuesta a las peticiones que hicimos”, declaró Ruiz a la prensa al terminar el encuentro con los representantes de Unicef.
Presa por estar en un grupo de WhatsApp
El pasado 11 de septiembre Irene Corrado, de 17 años de edad, debía presentarse al acto de graduación como modelo en una agencia, pero su detención por ser parte de un grupo de WhatsApp, donde la mayoría de los integrantes eran adolescentes, la llevó a estar tras las rejas en un centro de detención preventiva del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), donde se encuentra desde el pasado 4 de agosto.
La adolescente que vive en Valencia, estado Carabobo, tenía interés de estudiar derecho, pero, como le comentó a su madre, ya desistió porque en el país el sistema de justicia «no es justo», basándose en su propia experiencia.
A Corrado la detuvieron tras una citación que recibió el padre de la joven a la sede de la policía científica. La familia fue junta a la comisaría y allí apresaron a la adolescente.
“Cuando llegamos allá nos quitaron los teléfonos y nos dijeron que la que se quedaba detenida era mi hija, porque era la que aparecía en el grupo de WhatsApp. Era un grupo en el que se hablaba de todo. Era un grupo de 500 y pico de personas; pero mi hija quedó detenida porque una persona denunció que por allí la estaban acosando, que le estaban haciendo bullying, que la estaban amenazando y por eso ella denunció el grupo”, informó Martínez, la madre de la adolescente encarcelada.
Relató que a pesar que el grupo era en su mayoría adolescentes, e incluso niños de 12 años de edad, la denuncia por acoso la realizó -presuntamente- una funcionaria pública que hacía parte del grupo donde se comunicaban los más de 500 adolescentes.
La madre de la joven comenta que mediante el grupo, durante los días de protestas poselectorales, se publicaban diversas informaciones que tenían que ver con el contexto político.
“Sí, sí tiene que ver, claro, obviamente, y por eso la detienen, por allí se mandaban muchas cosas de eso (protestas) y me imagino que sí, que la persona que denunció era porque le estaban diciendo cosas relativas a eso”, agrega.
Ante las acusaciones del Ministerio Público, que la imputó por su presunta comisión de delitos como la incitación al odio, Martínez defiende enfáticamente que su hija no es ninguna terrorista. “Mi hija estudia teatro, no es ninguna delincuente, ni mucho menos terrorista. Mi hija es una persona útil para esta sociedad e iba a luchar por los derechos de este país”. aseguró.
La prisión interrumpe el bachillerato de Moisés
Nérida es la madre de Ángel Moisés Ramírez. Tiene puesta una camisa blanca con la fotografía de su hijo de 16 años de edad y fue la representante de todas las madres de los adolescentes detenidos que se reunió con los funcionarios de Unicef.
Aunque no está desesperanzada, se nota que la respuesta de los funcionarios del organismo no fue tan contundente como ella esperaba. “Dijeron que van a darle celeridad”, reiteró.
Ángel fue detenido tras el robo de una moto de un concesionario Bera en El Valle, al sur de la ciudad de Caracas. El robo de esta unidad al parecer se produjo tras los disturbios ocurridos en la ciudad después de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales.
“Mi hijo fue detenido el 31 de julio, en El Valle, San Andrés. Ahí se lo llevan por el caso de una moto saqueada en el concesionario Bera, y ahora le están imputando terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad y hurto calificado. Ya mi hijo va para 90 días detenido”, dijo Ruiz, tras terminar su conversación con los representantes de Naciones Unidas.
Ángel Moisés está detenido en la Casa de Justicia 431, un centro de detención para adolescentes en conflicto con la ley en El Cementerio, Caracas. Su arresto ha impedido que el joven continúe cursando el sexto año de contabilidad en la Escuela Técnica Gual y España en El Valle.
“Él iba a empezar el proyecto de grado. Hoy tengo una reunión con su profesor y depende de lo que me digan, me pongo de acuerdo con la directora de la institución donde está privado de libertad y la directora del plantel educativo para que estudie a distancia mientras dura este proceso”, agregó.
Las madres de los adolescentes detenidos en el marco de las protestas poselectorales continúan exigiendo justicia y la liberación de sus hijos, aunque ha ido a instancias como el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público, ningún representante de ambas instituciones se ha comunicado con ellas para estudiar sus casos.