La ONG Laboratorio de Paz publicó un informe que documenta el deterioro extremo de las capacidades operativas de los medios de comunicación independientes en Venezuela. El estudio revela que la combinación de represión, exilio de periodistas y el corte abrupto de financiamiento ha reducido drásticamente su funcionamiento.
El documento, titulado “Libertad de expresión, medios y comunicadores 2025. Impacto del cierre del espacio cívico en el derecho a la información en Venezuela”, se basa en entrevistas a directivos de 12 medios de distintas regiones.
El trabajo detalla que tras la toma de posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero pasado, el 92 % de los consultados afirmó que los riesgos para ejercer el periodismo aumentaron de forma significativa durante el año.
El principal factor de debilitamiento, destaca, es la desaparición de ingresos publicitarios. Los medios abandonaron ese modelo y dependen casi exclusivamente de cooperación internacional.
Sin embargo, la reorientación de fondos por parte de agencias donantes en 2025 obligó al 91 % de los entrevistados a reducir sus operaciones al mínimo. Los recortes de personal oscilaron entre 50 % y 85 %.
Como consecuencia directa de esto está:
- El 77 % ya no realiza investigaciones.
- El 50 % dejó de producir reportajes.
- El 33 % suspendió coberturas en terreno.
- El 58 % canceló transmisiones en vivo.
Ante la presión, los medios adoptaron medidas de supervivencia: migración total a plataformas digitales, trabajo remoto, colaboración interinstitucional, protección de fuentes mediante anonimato y reestructuración de líneas editoriales.
El 42 % de los medios reporta personal en situación de riesgo inmediato. Las agresiones más probables, según los encuestados:
- Suspensión de pasaportes (91 %).
- Multas administrativas (83 %).
- Detenciones arbitrarias (83 %).
- Desapariciones forzadas (75 %).
- Detención de familiares (75 %).
Actualmente, 20 periodistas permanecen detenidos, según datos recabados. Los temas que generan mayor hostilidad son las violaciones de derechos humanos y la corrupción oficial (91 % cada uno), seguidos por sanciones internacionales (58 %) y cooperación extranjera (50 %).
Las instituciones percibidas como principales amenazas son el Ministerio del Interior y Justicia (91 %), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (66 %), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (58 %) y el Ministerio Público (50 %).
Los funcionarios señalados con mayor frecuencia son Diosdado Cabello (100 %), Alexander Granko (75 %) y Alexis Rodríguez Cabello (66 %).
El informe concluye que en Venezuela existe una suspensión de facto del derecho a la libertad de expresión e información, un patrón consolidado de persecución política contra periodistas, la conversión del aparato estatal en factor de riesgo estructural y la normalización de la autocensura como mecanismo de supervivencia.
El informe completo está disponible para consulta y descarga en labpaz.org.