Organizaciones de derechos humanos presentan primeras cifras de violaciones a los DD. HH. en Venezuela
Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, habla durante una rueda de prensa en Caracas (Venezuela) Credit: EFE

La organización no gubernamental Foro Penal, que defiende los derechos de los privados de libertad por razones políticas, actualizó las cifras y la situación de los presos políticos en el país, en una rueda que ofreció este 14 de noviembre.

Según sus datos, hasta el 11 de noviembre hay 1.976 personas detenidas por razones políticas en Venezuela, de las que a 1.848 arrestaron tras las protestas poselectorales del 28 de julio.

Alfredo Romero, presidente de la ONG, insistió en que esta cifra representa “la mayor cantidad de detenidos por razones políticas durante el siglo XXI”.

Violación al debido proceso y derecho a la defensa

Uno de los puntos más alarmantes destacados por Romero es la sistemática negación del derecho a la defensa privada para los presos políticos. Según explicó, ni los detenidos ni sus familiares han podido designar abogados de confianza, como establece el sistema procesal penal venezolano y señaló que este es un caso inédito.

Se les ha impuesto defensor público, es un tema que nos preocupa. Es un llamado a las autoridades. Nuestro sistema procesal penal establece como principio fundamental que la persona pueda escoger su abogado de confianza. Excepcionalmente es que se designa el defensor público, no es al revés. Esto es respeto a la dignidad”, denunció Romero.

El abogado explicó que los equipos de Foro Penal han intentado entregar designaciones como defensa privada en tribunales, pero estas han sido rechazadas de manera arbitraria. Además, aseguró que no han tenido acceso a los expedientes ni a las personas detenidas.

“La gran mayoría de los familiares han denunciado esto a diversas instancias. No hemos tenido acceso a los más de 1.700 detenidos por las protestas, y eso nos preocupa porque es una violación al derecho a la defensa”, añadió.

Romero enfitizó en que la negación del derecho a la defensa privada marca un nuevo nivel de vulneración en el sistema judicial venezolano. “No se permite el derecho a la defensa, eso es algo nuevo. Esto constituye una clara violación al debido proceso y al derecho a la defensa, derechos fundamentales consagrados en la Constitución”, afirmó.

Detenidos con discapacidades y adolescentes en riesgo

Por su parte, Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, señaló que entre los detenidos se encuentran diez personas con discapacidad, algunas de ellas en condiciones especialmente vulnerables. Mencionó el caso de un joven sordomudo que no domina el lenguaje de señas ni ninguna otra forma de comunicación.

Himiob también instó a las autoridades a revisar las acusaciones contra 69 adolescentes que permanecen bajo detención.

“Es crucial que se revisen estos casos, especialmente por las implicaciones que tiene para su desarrollo personal y su futuro”, expresó.

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Centros de detención con más presos políticos

Foro Penal indicó que la mayor cantidad de presos políticos se encuentran en las cárceles de Tocorón, en el estado Aragua, y Tocuyito, en Carabobo. Otros centros de detención incluyen Yare III, El Helicoide, Ramo Verde, La Crisálida, Rodeo I, Rodeo III, y las sedes del Dgcim en varios estados del país.

Romero explicó que la mayoría de los detenidos fueron arrestados por participar o ser acusados de participar en manifestaciones tras las elecciones del 28 de julio. “La gran mayoría de los presos políticos son personas que manifestaron o supuestamente se les denomina personas que protestaron. Luego están dirigentes políticos, que se encuentran en El Helicoide”, precisó.

Un llamado urgente a las autoridades

Foro Penal exigió al Estado venezolano garantizar los derechos fundamentales de las personas detenidas por razones políticas y respetar los principios básicos del debido proceso. Himiob y Romero coincidieron en que la situación actual no solo pone en peligro la integridad física y psicológica de los presos políticos, sino que también socava los pilares del sistema de justicia en el país.

“Es un llamado urgente a las autoridades. El respeto al derecho a la defensa no es solo un principio legal, sino un elemento básico de dignidad humana. Sin acceso a abogados privados, estas personas están completamente desprotegidas frente a un sistema que ya les ha dado la espalda”, concluyó Romero.