El próximo 27 de junio se conmemorará el Día del Periodista, una profesión que en el actual contexto represivo, con persecución y detenciones de comunicadores y trabajadores de la prensa, se hace cada vez más peligrosa de ejercer en Venezuela.
En el país, al menos 16 periodistas y trabajadores de la prensa están encarcelados, de acuerdo con números del Colegio Nacional de Periodista (CNP). Estos casos documentados siguen un patrón de restricciones que pone en jaque la libertad de expresión en el país, según denunciaron organismos internacionales, los propios medios de comunicación, organizaciones gremiales y defensores de derechos humanos.
Esta fecha, que debería ser de celebración, se torna compleja de cara a las hostilidades contra quienes ejercen el oficio y terminan en una celda para ser silenciados.
Las encarcelaciones de periodistas y trabajadores de la prensa son un mensaje claro intimidatorio contra todo el ecosistema informativo nacional, que desde hace años tiene que sortear bloqueos, crisis económicas y leyes que dificultan el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
Este 27 de junio se presenta con un panorama oscuro, que se traduce en cientos de medios clausurados, un clima de censura digital y riesgos que, en los ámbitos físicos, jurídicos y económicos, fuerzan a ejercer la profesión desde la precariedad o en algunos casos desde el exilio.
Daniela Alvarado, del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela), y Edgar Cárdenas, del Colegio Nacional de Periodistas, denuncian la creciente represión y criminalización de la prensa en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Ambos destacan la instrumentalización del sistema penal, con detenciones preventivas y procesos opacos que restringen el derecho a la defensa y obstaculizan el trabajo periodístico en el país.
Señalan que, desde 2019, la criminalización se ha extendido a las publicaciones digitales, amparada en leyes como la Ley contra el Odio. A diferencia de la selectividad de gobiernos anteriores, la represión actual es descrita como masiva y sistemática, abarcando cualquier forma de expresión, incluso en redes sociales.
La represión al periodismo en Venezuela data de años
Las detenciones de periodistas en el país tienen un trasfondo que se remonta a momentos de alta tensión política a lo largo de la historia. Cárdenas explica que la represión contra la prensa se remonta a la dictadura de Juan Vicente Gómez, donde el control estricto de la libertad de expresión incluyó la clausura del semanario humorístico Fantoche.
“El medio fue cerrado, uno de sus miembros estuvo preso dos años y otros fueron desaparecidos o asesinados por la policía secreta, aunque la falta de registros limita la documentación de estos casos”, asegura.
Durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, la censura se formalizó con censores en los medios, y periodistas como Alfredo Tarre Murzi enfrentaron detenciones por publicar información sensible.
Cárdenas destacó que, a diferencia de esos episodios puntuales, la represión actual bajo el mandato de Maduro es masiva y sistemática y que además utiliza tecnologías y leyes como la Ley contra el Odio para controlar la narrativa en el siglo XXI.
Escalada de detenciones en el contexto electoral
Las elecciones presidenciales del 28 julio de 2024, coincidieron con un aumento notable en las detenciones de periodistas. Para Daniela Alvarado, esta táctica es recurrente en momentos electorales, cuando el control del debate público se vuelve prioritario para el gobierno.
“En los primeros 30 días posteriores a las elecciones, Ipys Venezuela documentó más de 100 ataques contra la prensa, incluyendo detenciones, amenazas, limitaciones de cobertura y censura digital. Esto evidencia que el objetivo no es solamente castigar a periodistas individuales, sino enviar un mensaje de advertencia al resto del ecosistema informativo venezolano”, dijo.
En 2024 y 2025, el patrón se hizo más evidente, con procesos judiciales prolongados y acusaciones graves, como terrorismo o incitación al odio, a diferencia de las detenciones breves que eran registradas por las organizaciones en épocas anteriores.
Los arrestos actuales representan una amenaza directa al ejercicio del periodismo en el país. Alvarado explica que, en un contexto donde más de 400 medios han cerrado en dos décadas y persiste la censura digital, el encarcelamiento se ha convertido en un recurso extremo para inhibir la labor informativa en el país.
“La realidad es que actualmente en Venezuela no hay un ecosistema mediático diverso y competitivo. Los periodistas están ejerciendo su oficio en un entorno hostil, con riesgos físicos, jurídicos y digitales, y muchas veces desde la precariedad o el exilio. En este contexto, el Día del Periodista deja de ser una conmemoración y se convierte más bien en un recordatorio de la resistencia cotidiana por el derecho a informar y ser informado”, aseguró.
Alvarado resalta que esta realidad limita la capacidad de los comunicadores para cumplir su rol en una sociedad democrática, donde también el ciudadano se ve afectado por la falta de acceso a la información independiente.
Patrones de represión
Los ataques a periodistas en 2024 superaron los 570 casos, con detenciones que incluyen acusaciones como terrorismo o instigación al odio. Alvarado identifica una continuidad en prácticas como el hostigamiento en coberturas y la censura previa, pero también una agudización con nuevas formas de criminalización digital y judicial.
“Sí, hay una continuidad, pero también una clara agudización. Los patrones actuales documentados por Ipys Venezuela reflejan que los mecanismos represivos se han hecho más robustos. Porque por un lado, persisten formas tradicionales como el hostigamiento en coberturas, la censura previa y el bloqueo de medios, y por otro se consolidan nuevas formas de criminalización digital y judicial como cuando se crean leyes para procesar penalmente a periodistas por el contenido que difunden en redes, o por participar en proyectos documentales y de investigación”, añadió la representante de Ipys.
Por su parte, Cárdenas sostiene que las detenciones actuales abarcan cualquier forma de expresión, incluso en redes sociales, superando la selectividad de gobiernos anteriores.
«Desde la perspectiva del Colegio Nacional de Periodistas, el delito de ‘incitación al odio’ se aplica de manera particular y prioritaria a periodistas y trabajadores de la prensa en Venezuela, con acusaciones que a menudo carecen de mayor evidencia y se utilizan para criminalizar la labor periodística y silenciar la crítica», aseguró el gremialista.
Transformación de la represión
Cárdenas señala que la represión actual muestra una mayor organización en comparación con las detenciones de periodistas de izquierda durante las décadas democráticas de los 60 y 70, que fueron menos habituales.
El periodista recuerda que durante los intentos de golpe de Estado en 1992, medios como El Nuevo País fueron confiscados, pero las detenciones no pueden compararse con las actuales. Señala que con la llegada de Hugo Chávez en 1999, la polarización marcó una narrativa donde los medios eran vistos como enemigos, con detenciones arbitrarias y agresiones físicas, especialmente en protestas. Sin embargo, estas fueron menos sistemáticas que las de hoy, que incorporan vigilancia digital y leyes represivas.
Para Cárdenas, el cierre de RCTV en 2007 marcó un punto importante de hostigamiento durante el gobierno de Chávez, a pesar de que las detenciones eran de corta duración y menos recurrentes. Enfatiza que las imputaciones actuales, como el terrorismo, son más imprecisas y carecen de pruebas, a diferencia de las acusaciones por difamación de periodos anteriores.
Alvarado, en línea con Cárdenas, señala que a partir de 2019 la pandemia provocó una ampliación de la criminalización hacia las publicaciones digitales, mediante el uso de leyes que representan un cambio cualitativo en la represión.
“A partir de 2019, y especialmente desde el estado de alarma por la pandemia en 2020, vimos un cambio cualitativo en la manera de ejecutar estas vulneraciones porque se empezaron a usar leyes penales como la Ley contra el Odio para justificar detenciones por publicaciones digitales. Este tipo de criminalización ha ido en aumento, y se ha extendido fuera de las coberturas de manifestaciones hacia las opiniones, testimonios, análisis o denuncias en redes sociales”, dijo.
Marco jurídico que legitima la censura
Cárdenas destaca que un conjunto ha creado un marco jurídico que legitima la censura y criminaliza la opinión, facilitando detenciones masivas y expresas, a diferencia de las restricciones selectivas de gobiernos anteriores.
“Estamos hablando entonces de que en pleno siglo XXI se ha mejorado la forma de reprimir a la prensa, porque se logró establecer un andamiaje jurídico, un conjunto de normas como la Ley contra el Odio, la Ley Resorte y la Ley contra el Fascismo, que lo que hacen es criminalizar la opinión y legitimar la censura”, reiteró.
Para Alvarado, esta instrumentalización del sistema penal prolonga el castigo con detenciones preventivas y restricciones a la defensa, un patrón que no se observaba con la misma intensidad antes.
“Es una de las prácticas más graves, ya que no se limita a silenciar de inmediato, sino a prolongar el castigo a través de detenciones preventivas, procesos opacos, restricciones en el derecho a la defensa privada y medidas cautelares que impiden a los periodistas trabajar”, argumentó.
Estos son los 16 periodistas y trabajadores de la prensa que pasarán el día del periodista en prisión o desaparecidos
Ramón Centeno es un periodista detenido en febrero de 2022 en Caracas por realizar una entrevista. Fue acusado de formar parte de una supuesta red delictiva. Actualmente está en silla de ruedas y sufre problemas de salud que requieren atención médica. Permanece preso sin juicio resuelto.
Carlos Julio Rojas es un periodista y activista detenido el 15 de abril de 2024 en La Candelaria, Caracas, por articular a la sociedad civil. Fue acusado de traición a la patria y terrorismo en un supuesto plan magnicida. Su familia denuncia problemas de tensión arterial, con niveles bajos superiores a 100 mm Hg, lo que podría derivar en complicaciones de salud. Permanece preso sin acceso inmediato a atención médica especializada.
José Gregorio Camero es un periodista que fue detenido el 3 de agosto de 2024 en Valle de la Pascua, Guárico, tras una actividad política. Fue imputado por delitos de terrorismo y sufre de una condición cardíaca.
Víctor Ugas, periodista detenido el 19 de agosto de 2024 en Caracas, tras un altercado con un tiktoker oficialista. Acusado de instigación al odio, fue presentado en tribunales y posteriormente trasladado a la prisión de Yare III en el estado Miranda.
Biagio Pilieri, coordinador nacional del partido Convergencia y exdiputado, detenido el 28 de agosto de 2024 tras participar en una protesta. Fue acusado de cinco delitos, incluido terrorismo, se encuentra recluido en la sede del Sebin en El Helicoide, Caracas.
Gabriel González, miembro del equipo de comunicaciones de la líder opositora María Corina Machado, fue detenido el 17 de junio de 2024. En noviembre del mismo año, la Fiscalía lo acusó formalmente de instigación al odio y asociación para delinquir. Se encuentra recluido en El Helicoide.
Luis López fue detenido arbitrariamente el 14 de junio de 2024 en La Guaira. Su arresto ocurrió cuando se dirigía a hacer una cobertura periodística. Sus familiares han denunciado complicaciones de su salud y piden al Estado dejarlo en libertad.
Roland Carreño, activista político y periodista de Voluntad Popular, fue detenido por segunda vez el 2 de agosto de 2024. Se encuentra preso en la sede del Sebin en El Helicoide, Caracas.
Julio César Balza, periodista y miembro del equipo de comunicaciones del comando Con Venezuela, fue detenido alrededor del 9 de enero de 2025 en Caracas, tras una protesta. Su arresto fue realizado por funcionarios no identificados.
Belises Cubillán, periodista, fue detenido el 9 de enero de 2025 en la plaza La República de Maracaibo, Zulia, durante una protesta opositora. Se le acusa de terrorismo, instigación al odio, asociación para delinquir y alteración del orden público.
Leandro Palmar, periodista, fue detenido el 9 de enero de 2025 en la plaza La República de Maracaibo, estado Zulia, mientras cubría una protesta opositora. Enfrenta acusación de terrorismo, instigación al odio, asociación para delinquir y alteraciones del orden público.
Rony Branker, periodista, fue detenido el 20 de febrero de 2025 por funcionarios del Sebin. Fue acusado por una figura oficialista de extorsión mediante la publicación de información presuntamente falsa. Tras su detención, su familia ha denunciado la falta de información sobre su paradero y estado de salud.
Nakary Ramos, periodista del medio digital Impacto Venezuela, fue detenida el 8 de abril de 2025. Su arresto se produjo a raíz de un reportaje sobre el supuesto aumento de robos en Caracas, fue acusada de instigación al odio y publicación de noticias falsas.
Raúl Amiel, periodista, cineasta y publicista; detenido el 22 de mayo de 2025, tras el allanamiento de su casa por funcionarios de inteligencia, días antes de las elecciones regionales. Se le acusó de participar en conspiraciones contra el Ejecutivo, sin que se conocieran pruebas. Amiel presenta problemas de tensión y movilidad.
Juan Pablo Guanipa, exdiputado y líder político, fue detenido el 23 de mayo de 2025 bajo acusación de boicotear elecciones y actos terroristas. Su paradero es desconocido, ya que el Estado no ha ofrecido información oficial sobre su ubicación o condiciones. Guanipa, quien sufre de hipertensión y resistencia a la insulina, ha estado sin acceso a sus medicamentos.
Carlos Marcano, periodista, fue detenido el 23 de mayo de 2025 en su hogar, como parte de una investigación sobre un plan para sabotear elecciones. Inicialmente estuvo en un centro de detención de la PNB en La Yaguara, pero fue trasladado a la cárcel de Tocorón.