El coordinador general de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona, anunció este martes 24 de marzo que apelará formalmente la decisión del tribunal de la causa de negarle el beneficio de la amnistía.
La declaración ocurrió frente a la sede del Palacio de Justicia en Caracas, donde el activista acudió para ser notificado de la resolución judicial tras haber sido excarcelado el pasado 1 de febrero de 2026.
Tarazona calificó la medida como un «contramensaje» a los deseos de resolución de la crisis en el país. El defensor de derechos humanos afirmó que la ruta legal continuará de inmediato para revertir esta negativa de sobreseimiento que también afecta a sus compañeros de organización Omar de Dios García y su hermano Rafael Tarazona.
«Anunciamos con serenidad y con firmeza que no nos retiramos, que iniciamos el proceso de apelación en este momento», informó el coordinador de FundaRedes ante los medios de comunicación.
Situación procesal y notificaciones masivas
El activista señaló que el tribunal no presentó argumentos técnicos para sustentar la decisión. Según su testimonio, la boleta de notificación solo indica que la petición ha sido negada de forma sencilla, sin explicaciones detalladas sobre los motivos jurídicos que impiden el cierre definitivo del proceso iniciado hace casi cinco años.
Tarazona fue detenido arbitrariamente el 2 de julio de 2021 en el estado Falcón. La detención ocurrió cuando el defensor de derechos humanos se encontraba en la sede de la Fiscalía en Coro para denunciar que estaba siendo víctima de hostigamiento por parte de funcionarios de seguridad del Estado. Tras su arresto, fue trasladado a Caracas y recluido en El Helicoide, donde enfrentó acusaciones de traición a la patria, terrorismo e instigación al odio tras haber denunciado vínculos entre altos funcionarios venezolanos y grupos armados irregulares.
Durante su visita a la sede judicial, el defensor observó una gran cantidad de documentos de notificación similares para otros ciudadanos.
Tarazona indicó que este escenario sugiere que cientos o miles de personas en el país están recibiendo respuestas negativas a sus solicitudes de libertad plena o cierre de causas bajo el marco de la amnistía.
«Una negativa hoy administrativa no borra una verdadera ética, ni detiene nuestra voluntad», sostuvo Tarazona durante su comparecencia.
Exigencia de justicia y estado de derecho
Omar de Dios García, activista de derechos humanos de la misma ONG, resaltó que el caso de FundaRedes ha implicado más de 60 audiencias en un proceso que suma años de presentaciones judiciales.
García subrayó que la amnistía debe ser una herramienta para el restablecimiento real de la seguridad jurídica y no una medida de libertad parcial para quienes defienden derechos fundamentales.
El equipo de defensa de la organización reiteró que esta decisión contradice los mandatos de organismos internacionales. La Misión de Determinación de Hechos y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas han solicitado en diversas oportunidades el cierre de este proceso judicial por considerarlo una detención arbitraria desde sus inicios.
«Al país le hace falta que ejerzamos un derecho, que es el derecho a la verdad. Y la verdad se construye dándonos libertad plena a todos los defensores de derechos humanos, porque sería un precedente muy malo para el país que en este momento prácticamente somos los únicos defensores de derechos humanos que formalmente no han negado la amnistía», declaró Omar de Dios García.
Tarazona enfatizó que la experiencia de reclusión vivida durante 1.675 días refuerza su compromiso con la prevención de abusos. A pesar de la decisión judicial de este martes, el activista descartó abandonar su labor de documentación y denuncia de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
«No me van a sacar de la ruta de defender a la gente, de hablar por la gente, de escuchar a la gente y de sencillamente ser la voz de los que no tienen voz», puntualizó el coordinador general de FundaRedes.
Finalmente, los activistas hicieron un llamado a la comunidad internacional y a las embajadas para que observen el desarrollo de esta causa. Los defensores de derechos humanos destacaron que el restablecimiento del estado de derecho pasa por garantizar que el ejercicio de la defensa de los derechos humanos no sea criminalizado ni judicializado permanentemente.
«Seguimos creyendo en la justicia y seguimos haciéndolo con el amor», concluyó García.