La Asamblea Nacional de 2020 aprobó, tras un año de discusiones y diferimientos, la ley contra las ONG. Esta regulación busca controlar la operación de las Organizaciones No Gubernamentales en Venezuela. Sólo falta que sea promulgada por Nicolás Maduro. La ley fue aprobada este jueves 15 de agosto y tomó más de un año para que pasara de ser una amenaza a una realidad.
La regulación está compuesta por 39 artículos y su nombre oficial es “Ley de fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines”. Sin embargo, activistas por los derechos humanos en Venezuela la han bautizado como “Ley antisociedad”.
Para la activista y miembro del equipo coordinador de Ideas por la Democracia, Deborah Van Berkel, la ley discusión de la ley se retomó en un contexto “en que las garantías constitucionales están suspendidas de facto por parte del oficialismo”. Además, Van Berkel mencionó que la aprobación de la ley llegó justo después de conocerse el pronunciamiento de la Cidh, que condena el accionar del gobierno de Maduro en los últimos meses.
“Esta ley afectaría a toda la sociedad venezolana y por eso la hemos denominado, Ley Antisociedad.
Cualquier organización, no solo las organizaciones tradicionalmente conocidas con ONG, sino cualquier organización social, puede disuelta, sin las debidas garantías para su defensa”, explicó Van Berkel a Efecto Cocuyo.
Algunos artículos de la ley contra las ONG
En total, son 39 artículos los que componen la polémica ley recién aprobada por el parlamento de mayoría chavista. La misma se sancionó en varias discusiones, pero teniendo en cuenta el contexto actual venezolano donde la represión se ha convertido en la herramienta ideal para el gobierno ante las protestas populares por el descontento de los resultados electorales.
Uno de los puntos resaltantes de la nueva ley es la exigencia de que todas las ONG y afines se inscriban en un registro que creará el gobierno venezolano. El objetivo de cumplir con esta orden es “reportar los actos y coadyudar con el Estado en las actividades de control y fiscalización”.
Sin embargo, la ley no es clara. Menciona a las ONG y acompaña a estas con “afines”. Es ahí donde se pueden presentar los mayores problemas y persecuciones que lleguen a medios de comunicación independiente y otro tipo de organizaciones.
“Esto afecta a todo el tejido social y la capacidad de actuación autónoma de la sociedad civil. Cierra aún más el espacio cívico y nos aleja de las garantías básicas de una democracia, cuando justamente, eso está en juego en nuestro país”, aseguró Deborah Van Berkel a Efecto Cocuyo.
El artículo 15 de la recién aprobada ley habla de que las organizaciones tendrán prohibido “promover el fascismo, la intolerancia, el odio, o cualquier acto que constituya incitación a la discriminación y la violencia”. Este punto también es importante, pues actualmente las autoridades venezolanas juzgan buena parte de las voces críticas como lenguaje de odio e incluso terrorismo.
Los artículos 28 y 29 explican cómo se podrían disolver las ONG si llegasen a publicar información que pueda ser considerada fascista, violenta o intolerante. O si se involucran en actividades políticas.
La ley contra las ONG vista por una activista por los derechos humanos
Para Deborah Van Berkel la ley recién aprobada abre un momento delicado en Venezuela. “La sociedad enfrenta un momento muy complejo. La defensa de la democracia y la soberanía popular está bajo ataque y la sociedad civil juega un rol clave para resistir, proponer e incidir en el curso de una transición que debe ser a la democracia y no a un totalitarismo”, explicó la venezolana.
Sobre a los posibles entes para recurrir ante la aprobación y eventual promulgación de esta ley, Van Berkel asegura que las organizaciones venezolanas ya están actuando ante los organismos de protección de los derechos humanos.
“Se han producido importantes pronunciamientos del Alto Comisionado para los DDHH y la Misión de Determinación de los Hechos. La Cidh, también lo ha hecho al respecto, así como importantes organismos de la comunidad internacional, la UE, por mencionar uno de ellos.
El trabajo de las organizaciones continúa, aún en este contexto de mayor riesgo y limitaciones, tanto en el ámbito nacional como internacional”, aseguró Van Berkel.
Leyes de este estilo han sido aprobadas en países como Nicaragua, Ecuador, Guatemala y en perú. También se han visto aprobadas en Rusia, Egipto y Ruanda.
“En general, hay una tendencia mundial a limitar la actuación de las organizaciones civiles o ser utilizadas como herramientas al servicio de agendas distintas a las que fundamentan a una sociedad organizada con bases a principios democráticos y libertades civiles, con el propósito de promover el bien común y los valores como la solidaridad”, indicó Van Berkel.
La ley, ahora, tiene que esperar a ser promulgada por Nicolás Maduro y, de serlo, entonces tendría que ser publicada en su totalidad en Gaceta Oficial.