El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), junto a otras organizaciones de la sociedad civil, publicó un comunicado en el que denuncia la grave distorsión funcional del Ministerio Público.

«La institución operó de forma sistemática como instrumento de amenaza, persecución y criminalización contra quienes reclaman sus derechos y contra quienes documentan o acompañan a víctimas de violaciones a los derechos humanos», señala el escrito difundido por Cepaz.

Las organizaciones anunciaron que harán seguimiento al cumplimiento de una agenda urgente por parte de las nuevas autoridades designadas. Esta agenda responde a las obligaciones que impone la Constitución y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

En el texto dirigido a la Fiscalía General de la República, las entidades plantean cuatro exigencias concretas:

Cesar de inmediato los procesos de investigación y enjuiciamiento por motivos políticos, solicitar los respectivos sobreseimientos y promover la liberación inmediata de las personas detenidas por razones políticas o por el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, así como de aquellas excluidas de manera arbitraria de los beneficios previstos en la ley de amnistía.

Iniciar investigaciones penales efectivas, independientes y objetivas contra funcionarios que la Misión de Determinación de los Hechos señala como presuntos responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Estos procesos deben incluir medidas de protección efectivas para las víctimas y los testigos.

Cooperar de manera activa y genuina con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en las investigaciones en curso sobre la situación de Venezuela, así como con los demás mecanismos nacionales e internacionales para combatir la impunidad.

Preservar y resguardar toda la evidencia relacionada con graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de la persecución política, en especial la que se encuentre en centros de detención u otras dependencias estatales.

El comunicado se publica en un momento clave para la transición institucional y busca garantizar el respeto a los derechos humanos en el país.