En su nuevo informe la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Venezuela mostró preocupación por la falta de avances en materia de derechos humanos: un sistema de salud y educación en déficit, detenciones arbitrarias y el cierre progresivo del espacio público son solo algunos de los problemas graves que señala el documento.
La OACNUDH presentó este reporte en el marco del 56° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y concluyó que, entre mayo de 2023 y abril de 2024, «Las personas en Venezuela continuaron enfrentándose a importantes desafíos para ejercer y disfrutar de sus derechos debido a diferentes factores».
Este 2 de julio Efecto Cocuyo identificó 10 claves para entender el informe del Alto Comisionado sobre la crisis del país y cómo sigue afectando a millones de venezolanos a lo largo del territorio.
1. Sistemas de salud y educación no mejoraron
Sobre la salud, el documento advierte que, «según cifras de organizaciones humanitarias», en Venezuela se informó de una escasez del 35 % de equipos y suministros médicos en los hospitales.
Además, asegura que las personas contagiadas con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) continúan sufriendo estigmatización y poco pueden acceder a artículos necesarios, incluidas las prueba de diagnostico o control y los sustitutos de la leche materna para los lactantes expuestos.
«…los informes han subrayado importantes deficiencias en la prestación de servicios, incluso en la prevención del cáncer de mama y de útero, así como las altas tasas de embarazo adolescente. La legislación sobre el aborto es restrictiva, ya que sigue estando penalizado en caso de violación, incesto o malformación fetal grave», agrega el texto.
Advirtió que entre julio y agosto del año pasado el 74,6% de los centros de salud de todo el país carecían de personal médico y el 73,5% de personal de enfermería, lo que afectó la accesibilidad y la disponibilidad de la atención médica, según datos de sindicalistas.
Asimismo, la falta de fondos y personal siguió debilitando no solo el sector de sanidad, sino el de la educación.
«La Federación Venezolana de Maestros indicó una tasa de 80% de absentismo en la reanudación del curso escolar de octubre de 2023, debido a que el transporte, los uniformes y otras necesidades son inasequibles», apunta el balance anual.
2. Libertad de expresión y asociación comprometida
Entre los derechos que se han visto comprometidos en Venezuela, incluso en plena época electoral, la libertad de expresión y de asociación es una de las más vulneradas, de acuerdo con el informe.
El texto señala que se siguieron documentado «restricciones indebidas» a la libertad de expresión, lo que incluye diez nuevos casos de cierre de emisoras de radio, que se suman a los 21 casos documentados anteriormente:
«…las organizaciones de la sociedad civil denunciaron al menos 12 cierres durante el período que abarca el informe. El ACNUDH recibió información de que las solicitudes de las emisoras para obtener los permisos requeridos quedaron sin respuesta o fueron rechazadas, o con nuevos requisitos adicionales. En otros casos, las emisoras informaron que no pudieron presentar solicitudes debido a los elevados costos».
El Alto Comisionado afirmó que al menos 50 páginas web fueron bloqueadas en el país sin que existiese una notificación de suspensión de ninguna operadora de telecomunicaciones.
Sobre la libertad de asociación, «… siguió recibiendo denuncias de restricciones al registro de organizaciones no-gubernamentales o a sus actos jurídicos, a través de mecanismos nacionales como el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren)», aseguró el organismo, que añadió que al menos 15 organizaciones de derechos humanos resultaron afectadas.
3. No ha cesado la criminalización ni los arrestos arbitrarios
Según el balance anual, el ACNUDH documentó 30 casos de amenazas y hostigamiento, un intento de secuestro, dos casos de agresiones físicas y 38 casos de detención arbitraria (27 hombres y 11 mujeres):
«… así como 13 casos de otras formas de criminalización de actores de la sociedad civil, incluidos periodistas, sindicalistas, dirigentes campesinos y otras voces consideradas críticas», continúa el reporte.
El informe alude también a los incidentes inhiben el derecho a participar en los asuntos públicos, entre ellos la detención de 15 miembros de cinco partidos de oposición diferentes y una incursión de agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) sin orden judicial, durante una reunión sindical.
El Alto Comisionado señaló que al menos 11 de estas detenciones podrían equivaler a desapariciones forzadas.
4. Investigaciones que no terminan
Si bien se aclara que, en el periodo abarcado por el informe, siete agentes de la disuelta FAES (Fuerza de Acciones Especiales) fueron condenados por homicidio con penas que van desde los 23 a los 30 años de prisión, también se denuncia que existen retrasos considerables en las investigaciones de casos de muertes en protestas y «operaciones de seguridad».
La OACNUDH advirtió que ninguna de las investigaciones judiciales ha abordado de forma correcta la cadena de responsabilidades para procesar a los culpables de esas ejecuciones.
«De los 114 casos de muertes en el contexto de operaciones de seguridad documentados, sólo ocho terminaron en sentencias, de las cuales tres fueron apeladas, 12 casos están en juicio y 91 casos siguen bajo investigación (de los cuales 38 casos permanecen sin cargos, mientras que en 30 casos se desconocen los cargos). En tres casos se desconoce el estado de su avance», apunta.
Además, lamentó «la falta de avance», en investigaciones de muertes en las manifestaciones de 2014 y 2019. En el Alto Comisionado hay 28 casos (de 43 documentados) que aún no han culminados. 14 de estos carecen de acusación, cuatro han sido sobreseídos, o los imputados absueltos, ocho han derivado en condenas y los tres restantes están pendientes de resolución por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El balance también recoge los retrasos en procesos judiciales sobre denuncias de tortura y tratos crueles, degradantes e inhumanos:
«De los 114 casos documentados en los períodos anteriores, 107 uno está a la espera de juicio desde mayo de 2023 y otro está siendo juzgado, mientras que los restantes siguen siendo objeto de investigación», reza el texto.
5. Presos sin garantías y desapariciones forzadas
La grave situación de los presos ha sido denunciada en múltiples ocasiones por familiares y organizaciones no gubernamentales, tanto en el interior como el exterior del país.
En esta oportunidad el Alto Comisionado logró documentar 11 casos de intimidación y malos tratos a familiares y abogados de personas privadas de libertad, así como 10 casos de aislamiento de internos, «en el contexto de traslados de internos al centro de detención de máxima seguridad Rodeo I en febrero y abril de 2024».
El ACNUDH se pronunció sobre los traslados de reclusos a las cárceles Rodeo I y Gran Cacique Guaicaipuro, procesos de los cuales los familiares y abogados de las personas privadas de libertad no habrían sido notificados. De acuerdo con el organismo, esa falta de información puede equivaler a desapariciones forzadas.
Además, se documentó la detención arbitraria de 28 personas, entre ellas a cinco mujeres», que fueron sometidas a desapariciones forzadas por períodos que oscilaron entre dos y 41 días.
«En al menos nueve casos, se presentaron ante los tribunales recursos de hábeas corpus u otros recursos constitucionales en relación con las desapariciones forzadas, pero no se les dio respuesta o fueron declarados inadmisibles», indica el informe.
Además, de los 28 casos, 23 tendrían como responsables funcionarios de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia Nacional y de la Dirección de Contrainteligencia Militar. El balance arroja que 10 detenidos habrían sido sometidos a tortura o a malos tratos.
6. Derechos laborales amenazados
En Venezuela el sueldo mínimo sigue estancado en 130 bolívares desde hace dos años, que hoy equivalen a 3,6 dólares de acuerdo con la tasa del Banco Central (BCV). La Oficina del Alto Comisionado expresó que «tomó nota» del aumento del «bono de guerra» (política de Nicolás Maduro) a 60 dólares y del cestaticket a 40 dólares.
Indicó que estas medidas laborales del gobierno contribuyen al aumento en los niveles de pobreza y a la falta de acceso a productos esenciales en el territorio.
Expresó preocupación por el derecho a un nivel de vida adecuado de la población venezolana y recordó que el criterio mínimo remuneración «incluye salarios justos que aseguren la garantía de una vida digna para los trabajadores y sus familias».
Agregó que personas jubiladas plantearon preocupaciones debido a que muchas se encuentran vulnerables debido a que no pueden cubrir necesidades básicas como alimentos, medicinas o tratamiento. El balance también registra las protestas laborales que se llevaron a cabo en enero de 2024.
7. Los indígenas necesitan atención urgente
Uno de los grupos más afectados por la falta de garantías que los protejan son los indígenas, asegura el documento del Alto Comisionado de la ONU.
Por ejemplo, las zonas rurales y los territorios indígenas enfrentan serias dificultades en la distribución y suministro de medicamentos. De hecho, el ACNUDH recibió informes sobre pacientes, familiares y médicos que tienen problemas para acceder a tratamientos especializados para la lepra y la leishmaniasis.
Además, los pueblos indígenas están más expuestos a enfermedades como la malaria y la tuberculosis, que afectan desproporcionadamente a niñas y niños. Las mujeres y niñas indígenas también enfrentan problemas específicos, incluyendo la violencia obstétrica.
Asimismo, las actividades mineras ilegales, la presencia de grupos armados y delictivos y la violencia asociada han aumentado el desplazamiento de comunidades indígenas. La sociedad civil denunció que al menos seis mil personas de las comunidades Jivi, Uwottüja, Yekuana, Sanemá, Yeral y Yanomami se han desplazado a Colombia en los últimos cinco años, explica el reporte.
«Los pueblos Indígenas de Venezuela se ven desproporcionadamente afectados por la malnutrición y la pobreza extrema, así como por la exposición a enfermedades y la degradación medioambiental, en parte debido a las actividades extractivas que se llevan a cabo en sus territorios», establece el balance.
8. Derrames petroleros afectan el medioambiente
Se plantean también preocupaciones sobre la degradación del medioambiente en territorio venezolano, debido a casos de deforestación o incendios forestales.
El informe recuerda que el 26 de diciembre de 2023 hubo un derrame de petróleo en Carabobo, uno de los 86 derrames de la estatal Pdvsa que se registraron solo ese año.
Se advirtió que estos incidentes contaminan el agua y la cadena alimentaria. Además, exponen a las comunidades, sobre todo las pesqueras, a sufrir riesgos de salud y la pérdida de sus medios de subsistencia.
«Las comunidades pesqueras del estado de Zulia vieron deteriorando sus medios de subsistencia a causa de los derrames de petróleo en el Lago de Maracaibo, incluida una caída reportada del 80% en la producción pesquera», puntualiza el reporte.
9. La comunidad LGBTIQ+ sin un lugar seguro
Otro de los grupos que se halla en vulnerabilidad es la comunidad LGBTIQ+. En este caso, la Oficina del Alto Comisionado documentó la situación de cuatro personas detenidas de manera arbitraria por su orientación sexual e identidad de género.
«A lo largo de 2023, una organización de la sociedad civil ha informado de que el
28,7% de las personas LGBTIQ+ en Venezuela sufrieron actos de violencia por parte
de las fuerzas de seguridad del Estado», aseguró en el informe.
Añadió que entre enero y junio de 2023, al menos 65 discursos de funcionarios públicos utilizaron un lenguaje despectivo contra las personas LGBTIQ+.
10. Se recomiendan redoblar esfuerzos
Finalmente, el informe incluye una serie de recomendaciones para el Estado venezolano. A continuación algunas de las principales:
📍 Desarrollar urgentemente, en consulta con la sociedad civil y otros actores relevantes, un plan de acción para fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios que garanticen su subsistencia.
📍 Establecer medidas normativas, institucionales y políticas para cumplir con sus obligaciones en materia de disponibilidad, accesibilidad y calidad de la atención sanitaria.
📍 Garantizar salarios justos para garantizar una vida decente y digna para los trabajadores y sus familias.
📍 Promover un espacio pluralista propicio para el ejercicio de los derechos civiles y políticos por parte de todos los actores y organizaciones, libre de interferencias o restricciones indebidas.
📍 Liberar de manera plena e incondicional a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente, incluyendo personas defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas, asegurando garantías de no repetición.
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