La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, admitió este viernes que aunque el país «cumplió plenamente» sus obligaciones de refugio político con el exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien fue asesinado hace un año, «lamentablemente eso no fue suficiente» para evitar el crimen.
Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en Santiago por un grupo de hombres vestidos como agentes policiales chilenos. Sus restos fueron hallados diez días después en una localidad periférica de la capital, sepultados debajo de un bloque de cemento.
La ministra, que calificó el delito de «horrible«, aseguró que Chile cumplió con las dos obligaciones legales con los refugiados: otorgar la residencia definitiva y «el compromiso de no devolución».
Como ha dicho en varias de sus comparecencias sobre este caso, Tohá insistió en que “se ha ido avanzando”.
Asimismo, la ministra Tohá enfatizó en que a los responsables que siguen prófugos “”a donde quiera que arranquen los vamos a seguir buscando hasta encontrarlos«.
Hasta ahora, por el crimen de Ojeda, han sido detenidos en Chile, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos varios miembros de la banda transnacional Tren de Aragua, pero aún se desconocen quiénes fueron los autores intelectuales y cuánto se pagó por este crimen.
Hace exactamente un año -la madrugada del 21 de febrero de 2024-, el exteniente Ojeda fue secuestrado desde su departamento en la comuna santiaguina de Independencia por sujetos disfrazados de policías y con «acento caribeño», según la prensa chilena.
Diez días después, su cuerpo apareció dentro de una maleta rellena de cal, enterrado bajo una losa de un metro y medio de cemento en un campamento irregular en la comuna de Maipú.
El caso ha sido catalogado por el Ministerio Público chileno y el Gobierno de Boric como un crimen por encargo, y un testigo protegido aseguró incluso que la orden de asesinar al malogrado disidente venezolano provino directamente desde Venezuela.