Un mes y medio después del doble terremoto hacen falta refracciones a las edificaciones educativas, pero los gremios piden también negociar un aumento del salario mínimo oficial antes de que comience el nuevo período escolar 2026 – 2027.

“El problema no es aritmético, el problema es político. La discusión de las condiciones de trabajo es un ejercicio de democratización y, por eso, insistimos en que muestren los ingresos que recibe el país y, con eso, nos sentemos a negociar algún acuerdo”, dijo José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en entrevista con Efecto Cocuyo.

El salario mínimo lleva cuatro años anclado en 130 bolívares, es decir, hoy apenas equivale a 0,17 centavos de dólar por mes. Con este dinero, sólo se puede pagar un viaje en el Metro de Caracas y ni siquiera alcanza para la compra de un pan canilla o una malta.

Esta congelación del salario mínimo se traduce en que cualquier profesor de las universidades públicas venezolanas cobra por nómina menos de un dólar, sin importar sus años de formación o su compromiso horario. Por ejemplo, el máximo escalafón de un profesor titular con dedicación exclusiva en la UCV cobra 522,16 bolívares mensuales, mientras que una profesora instructora a tiempo completo percibe 271,40 bolívares mensuales.

A los profesores se les deposita aparte una bonificación adicional equivalente a 200 dólares mensuales a través del Sistema Patria. Sin embargo, estos bonos no cuentan para su cálculo de utilidades, ni prestaciones sociales, como tampoco distinguen si se trata de una persona con doctorado y 15 años de servicio o de un profesional recién graduado que comienza su carrera académica como docente.  

Por eso, Afonso repitió que las negociaciones por los aumentos salariales para el sector educativo no pueden seguir estancadas en el mensaje de “no alcanza el dinero”. Afonso insistió en que hace falta que se publique a cuánto ascienden los ingresos mensuales del Estado venezolano por conceptos como la venta del petróleo, la exportación del oro o la recaudación fiscal.

Reforma exprés de la ley laboral

La publicación de los ingresos totales percibidos por el Estado venezolano es una condición en la que también coinciden los economistas. Esto ocurre porque el Banco Central de Venezuela (BCV) ni siquiera publica las cifras netas del Producto Interno Bruto (PIB), sino que sólo muestra las variaciones porcentuales trimestrales sin revelar los montos concretos del dinero que ingresa y se mueve en el país.

“La reconstrucción del salario es vital y tiene que hacerse de verdad. Subir el salario no sólo que es posible, sino que es necesario. Hay que hacer una reforma exprés a la Ley del Trabajo para arreglar la retroactividad de las prestaciones sociales y con ese cambio, soy partidario de que debe aumentarse el salario mínimo de inmediato”, argumentó el economista Manuel Sutherland, en entrevista con Efecto Cocuyo.

El cambio a la Ley Orgánica del Trabajo pudiera hacerse en dos discusiones de la plenaria de la Asamblea Nacional, un mecanismo que ya se usó para ajustar la Ley de Hidrocarburos o la de Minería en los meses más recientes. Este cambio permitiría que el Estado disminuya sus compromisos laborales a largo plazo y cuente con la flexibilidad para elevar el monto del salario mínimo y elimine la política de bonificaciones.

Sutherland es de los economistas que piensa que aceptar una oferta de elevar el salario mínimo a un dólar o 10 dólares mensuales (una propuesta hecha por gremios en años anteriores) sólo ayudaría a mantener el esquema de bonificaciones que lesiona el concepto del trabajo y que destruye el reconocimiento de las experiencias y las formaciones de cada persona.

Lograr un acuerdo para el aumento del salario mínimo oficial antes de que comience el año escolar 2026 – 2027 también sería una medida que podría impulsar el poder adquisitivo de un grupo de venezolanos previo a la temporada navideña.